La jueza argentina María Servini, que dirige la única causa en el mundo en la que se investigan los crímenes del franquismo en España (1939-1975), recibió este miércoles en Buenos Aires a una delegación formada por familiares de víctimas, nuevos querellantes y diputados españoles que buscan el avance del caso.

En su despacho del Palacio de Tribunales ubicado en el centro de la ciudad, la magistrada, que desde 2010 encabeza los expedientes bajo el principio de justicia universal, mantuvo una charla con, entre otros, los hermanos de dos de las víctimas en los primeros años de la transición a la democracia, cuando las instituciones franquistas seguían vigentes.

«La compensación es que haya reconocimiento de los hechos que pasaron, de que se resuelvan y tener un poco de esperanza en que dado que hemos tenido que venir un montón de kilómetros para reclamar justicia, a alguien en España se le remueva la conciencia y podamos reclamar la justicia donde nos corresponde que es en nuestro país», dijo a Efe Manuel Ruiz, hermano de Arturo.

En enero de 1977, durante la conocida como «semana negra» de Madrid, ese estudiante de 19 años cayó muerto tras participar en una manifestación proamnistía (de los presos políticos) no autorizada en el centro de Madrid.

Dispersados por las cargas policiales, los manifestantes huyeron en varias direcciones; y el grupo en el que se encontraba Ruiz se topó con cuatro pistoleros, de los cuales uno disparó y lo mató al grito de «Viva Cristo Rey», haciendo referencia al grupo parapolicial Guerrilleros de Cristo Rey.

«La esperanza es que en mi caso no se ha resuelto el tema porque el asesino no ha sido juzgado, el asesino huyó de España, huyó con la complicidad de las fuerzas del orden público y todavía no ha sido encontrado», añadió el hermano de la víctima, quien esta semana volverá a ver a Servini para prestar declaración testimonial.

También lo hará Fermín Rodríguez, hermano de Germán, muerto de un disparo de la policía durante unos incidentes en las fiestas de San Fermín de Pamplona en 1978, un caso que se incorpora a la querella.

Servini investiga los crímenes del régimen en la distancia y con eventuales viajes a España, ya que la Ley de Amnistía de 1977 impide juzgar a los responsables de la dictadura en territorio español.

Jacinto Lara, uno de los abogados de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA), que también viajó a Buenos Aires, especificó que el encuentro con Servini y el fiscal, Ramiro González -quienes declinaron dar declaraciones públicas- sirvió para dar importantes pasos en la causa, que es «absolutamente capital».

«Que se sigan incorporando querellas y pruebas que acrediten que todos aquellos hechos constituyeron crímenes contra la humanidad», relató.

El letrado destacó que se estudian alternativas para que los exhortos que libra el tribunal de Servini no sean «sistemáticamente devueltos» por parte de los juzgados españoles a los que se pide colaboración y articular nuevas declaraciones testimoniales de víctimas directas de la represión.

Actualmente, la causa continúa en fase de instrucción, y se siguen incorporando nuevas denuncias.

Los querellantes y sus acompañantes confían en el paso que dio la jueza al llamar a citar al exministro del Interior Rodolfo Martín Villa (1976-1979), quien aceptó viajar a Buenos Aires para comparecer el 9 de septiembre próximo por su supuesta responsabilidad en operativos policiales que dejaron diversos fallecidos durante la transición.

Esta comparecencia es para María Victoria Rosell, magistrada y diputada electa en el Congreso de los Diputados por Unidas Podemos, un «hito», al igual que el hecho de que Servini haya ampliado la investigación hasta diciembre de 1978, cuando se aprobó la Constitución.

«Es la primera vez que muchas víctimas que hablan emocionadas y otras que ya han hablado y las que faltan por hablar han podido declarar lo que les pasó a ellas o a sus familiares delante de una jueza no española sino argentina», señaló, para desear que la Justicia española acabe juzgando a la dictadura.

«Y no que víctimas de avanzadísima edad hagan un esfuerzo económico y físico y emocional inmenso de recorrer medio mundo», añadió.

La delegación que viajó de Madrid está aprovechando su estadía para reunirse con organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, considerados clave para que en Argentina se anulasen a mitad de la década del 2000 las leyes de amnistía y pudiera juzgarse el terrorismo de estado de la última dictadura (1976-1983).

«Existe un clamor social en España para que haya justicia en el caso de las víctimas del franquismo. Ese clamor se le ha trasladado a la doctora Servini y se le ha dado un agradecimiento público por su valentía en la investigación y todo el apoyo público y moral», añadió Ana Miranda, eurodiputada por el BNG.

Chato Galante, representante de La Comuna -asociación de presos y represaliados del franquismo- y Miren Aranoa, diputada electa de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, junto a concejales de diversos municipios, integran la larga lista de personas llegadas de España para avanzar en una causa que buscan siga adelante.

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