Ya ha transcurrido un año desde el comienzo de la crisis y todavía no tenemos un plan de acción mundial. En este tiempo hemos vivido en una pandemia que visibilizó el vínculo entre la crisis capitalista y la socioecológica, los supuestos modelos de desarrollo y la salud, dejando a la intemperie las enormes desigualdades sociales entre personas y entre países.

Los países ricos han comprado más de la mitad del suministro de vacunas del mundo, aunque representan sólo el 16% de la población mundial. Los mismos países han administrado hasta ahora más del 60% de las dosis del mundo, mientras que más de 100 países no han vacunado todavía a ni a una sola persona.

Hablamos de esta situación con Maribel Tellado, responsable de la campaña sobre vacunación de Amnistía Internacional en España.

Amnistía Internacional ha lanzado una campaña global para pedir el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19, ¿hasta qué punto es necesario?

La salud y los medios de subsistencia de millones de personas están en juego y dependen de que puedan acceder a una vacuna segura. Quién tiene acceso a la vacuna contra la COVID-19, cuándo y a qué precio son algunas de las cuestiones más importantes a las que se enfrentan hoy nuestras sociedades. Que haya vacunas disponibles y asequibles para todas las personas que las necesitan sean quiénes sean, vivan donde vivan y tengan lo que tengan, es uno de los mayores retos de derechos humanos de nuestra era.

No olvidemos que los estados tienen la obligación de garantizar el acceso al más alto nivel posible de salud física y mental para todas las personas sin discriminación de ningún tipo. Además, en una situación de pandemia como la que vivimos, deben cooperar entre ellos y dar una solución global a una crisis global. Por su parte, los países ricos deben apoyar a los de menos ingresos para que éstos también puedan garantizar el derecho a la salud de su ciudadanía.

¿Está anestesiada la sociedad? ¿Reacciona ante estas injusticias cómo debería?

No se puede culpar a la sociedad del egoísmo y falta de miras de algunos gobiernos y empresas farmacéuticas.

Las personas hemos sufrido y seguimos sufriendo la tragedia de la pandemia. Mucha gente ha perdido a seres queridos, ha padecido la enfermedad, a veces con graves secuelas, familias enteras han perdido sus medios de subsistencia o corren el riesgo de perderlos. La ciudadanía en el mundo entero ha sido enormemente responsable, ha renunciado temporalmente a moverse libremente, a reunirse, a relacionarse como lo hacía antes. Ha visto como se veían afectados su derecho a la educación, al trabajo… En muchos lugares ha sufrido abusos por parte de gobernantes que, con la excusa de la pandemia, han aprovechado para recortar más libertades y más derechos.

Y, a pesar de todas las dificultades, la gente ha sido solidaria, ha habido innumerables iniciativas de ayuda mutua, se ha mostrado apoyo al personal sanitario en cuyas manos hemos estado todos y todas. A esto hay que sumar que personas de todos los rincones del planeta han participado en ensayos clínicos, poniendo a disposición su cuerpo y su salud para que las empresas pudieran probar los tratamientos y vacunas y que el resto de ciudadanos y ciudadanas del mundo podamos beneficiarnos de una protección segura ante la COVID-19.

La gente se ha sacrificado y se sigue sacrificando de manera ejemplar y por eso hay que asegurar que todas las personas que lo necesitan, estén donde estén, tengan acceso a las vacunas lo antes posible. Y, especialmente las más vulnerables, que siguen padeciendo y esperando tener una protección que les permita recuperar sus vidas, sus afectos.

Decía el director de la OMS hace unos meses que “habrá suficientes vacunas contra el COVID-19 para todos”, ¿pecó de inocencia o se referiría a que cuando todos los países ricos estén servidos, los pobres tendrán sus dosis?

El problema es cuándo y a qué precio estarán disponibles esas vacunas para todo el mundo. Al ritmo que vamos y tal y como están las cosas la mayoría de países de ingresos medios y bajos no tendrán inmunizada a su población hasta 2024. Por eso se requiere aumentar de manera exponencial la capacidad de producción de vacunas, a fin de proteger a la mayor parte de la población global lo antes posible. Y para eso hay que eliminar todas las barreras existentes, incluidas las normas sobre propiedad intelectual. Por ese motivo, Amnistía Internacional y otras organizaciones, estamos pidiendo que todos los estados apoyen la propuesta llevada por India y Sudáfrica a la Organización Mundial del Comercio y aprueben una exención temporal de ciertas disposiciones de los acuerdos sobre propiedad intelectual hasta que se acabe con la pandemia. Esto permitiría que en otros países otros fabricantes pudieran producir vacunas sin miedo a demandas o sanciones y favorecería que países de menos recursos puedan adquirirlas a precios asequibles.

Desde las instituciones se pide «paciencia» para que el reparto de vacunas sea efectivo, pero más de 100 países no han vacunado todavía a ni a una sola persona. ¿Hasta cuándo esa paciencia?

Lo que está ocurriendo es que un pequeño número de países de altos ingresos están acaparando la mayor parte del suministro de vacunas mediante acuerdos bilaterales con las farmacéuticas, llegando al extremo de que países como Canadá, Reino Unido, EEUU, e incluso la Unión Europea, han acordado compras de vacunas que serían suficientes para vacunar como media tres veces a toda su población en 2021. Esto no solo es innecesario sino que este “nacionalismo de vacunas” está socavando gravemente la capacidad de los países de menos ingresos para proteger a sus habitantes. Tres cuartas partes de todas las dosis aplicadas en el mundo, se han administrado en países ricos que apenas representan el 16% de la población mundial.

Ante esto, cabe recordar que las principales obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos son aplicables a sus propias poblaciones y a las personas de otros países, particularmente en lo que respecta al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Pero es que, además, de nada va a servir que un reducido número de naciones tengan a su población inmunizada mientras el virus siga campando a sus anchas entre miles de millones de personas por todo el planeta.

¿Cómo se ha llegado a la situación de haber gastado el dinero de miles de millones de contribuyentes en ayudas a empresas como AstraZeneca, Moderna y Pfizer BioNTech para que desarrollen y produzcan vacunas y estas se nieguen ahora a compartir sus avances y tecnologías?

Aquí entra en juego un derecho humano que tal vez no es tan conocido pero que es totalmente relevante a la hora de abordar esta cuestión y es el derecho que tenemos todas las personas al disfrute de los beneficios de los avances científicos y sus aplicaciones. Para cumplir con sus obligaciones en esta materia, los Estados, que han apoyado el desarrollo y producción de vacunas con grandes sumas de dinero público -se estima que en torno a 20.000 millones de dólares a nivel global, y más de 3.200 la Unión Europea-, deben dar un paso adelante, ejerciendo presión sobre las empresas para que cumplan con la parte que les corresponde y trabajen colectivamente para garantizar que las personas más expuestas en todo el planeta reciben la vacuna lo antes posible.

Es decir, deben exigir que las farmacéuticas compartan sus innovaciones, tecnología y datos con otros fabricantes a través del mecanismo de la OMS creado a tales efectos, el llamado Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) e imponer condiciones a la financiación pública para garantizar esto.

Los Estados, además, deben hacer públicos los costos desglosados de la investigación, desarrollo, producción y distribución comercial y las empresas deben hacer pública tanta información como sea posible sobre sus acuerdos de fijación de precios, incluida la financiación pública recibida para la investigación y desarrollo de la vacuna, para contribuir a fijar de manera transparente los precios de los productos sanitarios contra la COVID-19.

¿Qué podemos hacer como ciudadanos para revertir esa situación?

La ciudadanía tenemos el poder de exigir a nuestros gobiernos que hagan todo lo posible para acabar con la pandemia cuanto antes. Y para eso el acceso universal a las vacunas contra la COVID19 es fundamental.

Por otra parte, el otro elemento que tiene un papel clave para conseguirlo son las empresas farmacéuticas y la ciudadanía también tenemos la posibilidad de recordarles que en momentos de crisis tan graves como la presente, las personas deben estar por encima de las patentes.

No en vano, las empresas también tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, como disponen los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. Además, las Directrices de la ONU sobre derechos humanos para las empresas farmacéuticas en relación con el acceso a los medicamentos establecen que “en el ámbito de los derechos humanos también tienen la responsabilidad de ampliar el acceso a los medicamentos para todos”.

En este sentido Amnistía Internacional ha puesto en marcha una petición en su web actuaconamnistia.org que pide a las farmacéuticas compartir conocimiento a través del mencionado mecanismo C-TAP de la OMS. Cualquier persona puede entrar y firmar para unir su voz a las de otras miles de personas, que están pidiendo lo mismo en el mundo entero.

En estos momentos en que todavía no hemos vencido al virus, debemos ser conscientes de que no servirá de nada que mi país, mi ciudad o yo esté a salvo si no controlamos el virus globalmente.

¿Espera que se consiga cambiar esto?

Tiene que cambiar. El acceso universal y justo a la vacuna contra la COVID19 hoy por hoy es esencial para salir de esta pandemia. Que los gobiernos colaboren entre sí y que las farmacéuticas hagan su parte es un imperativo de derechos humanos imprescindible para abordar una crisis de dimensiones globales como la presente. El Banco Mundial ya ha advertido que, de seguir así las cosas, 150 millones de personas podrían engrosar la lista de extrema pobreza en 2021 y la ONU teme que hasta la mitad de la fuerza laboral del mundo podría perder sus medios de subsistencia. Estamos ante una crisis de dimensiones extraordinarias que requieren colaboración y soluciones extraordinarias

¿La clase política o los medios de comunicación se están implicando de alguna manera en esta lucha?

La posición de los representantes políticos es muy diferente de unos países a otros pero la mayoría, al menos en el papel, están por la labor de compartir y buscar soluciones globales. De hecho 178 estados se han sumado a COVAX, otro de los mecanismos globales creados para distribuir equitativamente las vacunas -no están por ejemplo Rusia y Estados Unidos-, aunque en la práctica está yendo muy lento y apenas ha empezado a distribuir vacunas a los países menos adelantados. Se estima que en la primera ronda apenas llegará al 2 o 3 % la población en dichos países.

En todo caso, el principal problema está en esa minoría gobernantes que ponen barreras a acordar medidas más ambiciosas como la exención la propiedad intelectual.

Por su parte, los medios de comunicación están dedicando grandes espacios a lo que está pasando con las vacunas dentro de sus propios países, pero también son un actor clave a la hora de hacer llegar a la ciudadanía el mensaje claro de la necesidad garantizar el acceso universal a la vacuna para que podamos salir de esta pandemia.

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