Marina Albiol espera que Sánchez “rectifique” y “plante cara” a las políticas xenófobas de la UE tras la condena del Supremo por no acoger refugiados

La eurodiputada de Izquierda Unida advierte al presidente del Gobierno de que cumplir con las cuotas que marca Bruselas no es suficiente y que “los gestos humanitarios” deben dar paso a “acciones contundentes en el Consejo Europeo”. En el último, el líder del PSOE, tras aceptar el desembarco del Aquarius, “apoyó la creación de centros cerrados en países no comunitarios a los que deportar masivamente a las personas que llegan a Europa”. “Debe decidirse de una vez”, explica.

La eurodiputada Marina Albiol cree que la sentencia del Tribunal Supremo contra el Estado español por incumplir las cuotas de acogida de refugiados marcadas por la Unión Europea supone “un duro golpe al Gobierno de Mariano Rajoy y las políticas insolidarias del PP” y un “gran reconocimiento a la labor de las organizaciones sociales que han alzado la voz contra lo que estaba pasando”. Ahora, espera que “además de cumplir con esas cifras de acogida, que como dijimos en su día son totalmente insuficientes”, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez “rectifique y empiece a plantar cara en el Consejo Europeo a las políticas xenófobas de la UE”.

El PP acogió en dos años a un 12,58% de las 19.449 personas refugiadas de Italia y Grecia a las que se comprometió Rajoy, lo que “demuestra que hubo una verdadera falta de voluntad política de acoger y cumplir los compromisos adquiridos, a pesar de la respuesta de la ciudadanía y de cientos de ayuntamientos del cambio que se ofrecieron como ciudades refugio”.

“Esperamos que el nuevo Gobierno esté a la altura de la mayoría social, que sí tiene claro que tenemos la obligación de acoger a quienes huyen de la guerra, la explotación o el hambre”, particularmente “por la responsabilidad directa de las políticas de los países europeos y la acción de sus empresas en generar estas situaciones”.

Albiol, sin embargo, ha reclamado mucho más que “algunos gestos positivos” al PSOE porque a la hora de la verdad, “lo que hay es continuismo”. “Lo vimos en el último Consejo Europeo, en el que Sánchez dio luz verde a la creación de centros cerrados en países no comunitarios, a los que la UE va a deportar de forma masiva a personas sin ningún vínculo con ese país, algo completamente contrario a la Convención de Ginebra y el resto de legislación internacional en materia de asilo”, señala.

Esa decisión “ahonda en las políticas coloniales de una UE que pretende ofrecer incentivos en forma de cooperación económica a los países que acepten estos centros” e incluso prevé el “despliegue de guardas de frontera europeos en terceros países”. “Estas políticas comunitarias son las que lleva años preconizando una extrema derecha que ha sido capaz de imponer su agenda en la UE sin necesidad de ganar elección alguna”, denuncia.

La sentencia del Supremo pone de relieve, además, “los importantes déficits existentes en la coordinación entre los Estados”, dice Albiol.

La UE ha puesto en los últimos años todos sus esfuerzos en definir estrategias para cerrar las fronteras y aumentar el número de deportaciones, sin tener en consideración sus obligaciones en materia de acogida ni facilitar vías legales y seguras para evitar las muertes en el mar y en las fronteras europeas. Además, ha permitido este incumplimiento sistemático de los acuerdos alcanzados, y no se ha planteado ningún tipo de medida para forzar o tan siquiera promover la acogida.

“La situación sigue siendo dramática hoy”, recuerda. De forma muy particular en las islas griegas, donde los hotspots -centros de llegada de personas gestionados por las agencias europeas-, tienen más de 15.000 ocupantes, a pesar de tener una capacidad para 6.458 personas, que viven en condiciones deplorables sin acceso a calefacción durante el invierno o saneamiento.

Por otro lado, “sigue habiendo miles de personas en situaciones de enorme precariedad en campamentos informales por todo el continente, o tratando de llegar a él en nuestros países vecinos como Marruecos”. “En lugar de garantizar los derechos de estas personas a través de planes de acogida, la UE prevé el gasto de más de 1.000 millones de euros en deportaciones durante el periodo 2014-2020”, insiste.

La eurodiputada de IU concluye que “aunque desde Bruselas nos insistan en que todo es culpa de algunos Estados miembros, en realidad sabemos que existe un proyecto europeo de carácter claramente xenófobo basado en no dejar entrar a nadie” y que “quien lo haga esté en una situación tan precaria que pueda ser explotada o explotado sin ningún tipo de derechos”.