El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha vuelto a condenar a España por no investigar denuncias de tortura. El TEDH considera que se ha vulnerado el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege a los detenidos ante posibles casos de tortura, tratos inhumanos o degradantes.
La sentencia alude a varias instancias judiciales a la hora de censurar la falta de investigación de la denuncia de torturas. Una de ellas es el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, entonces dirigido por Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro del Interior. De hecho, las denuncias se practicaron en el contexto de una instrucción dirigida por el propio Marlaska.
Marlaska hizo caso omiso a las denuncias
Por este motivo, al día siguiente de la nueva condena, los detenidos en la operación Aztnugal: Patxi Arratibel, Iñigo González, Iker Moreno, Gorka Zabala, Xabier Beortegi y Gorka Mayo, que fueron detenidos en 2011 en Navarra, en un operativo conjunto llevado a cabo por la Guardia Civil y la Policía nacional, se han plantado en la sede del Ministerio, en Madrid, donde le han entregado las condenas del Tribunal de Estrasburgo y también una carta donde le señalan como responsable.
Y le preguntan: “¿Era Usted conocedor del trato cruel, inhumano y degradante que sufrimos en dependencias policiales? ¿Por qué hizo caso omiso de nuestras denuncias?”.
En la carta recuerdan la operación contra ellos, en la que todos a excepción de Mayo denunciaron haber sufrido torturas en el tiempo en que habían permanecido incomunicados.
González expuso que había sido víctima de “golpes por todo el cuerpo, simulacros de violación y de aplicar electrodos”, así como de amenazas relacionadas con la familia y prácticas como la de “la bolsa”.
“Hace diez días a estas horas estábamos incomunicados en manos de la Guardia Civil. Fuimos torturados, con total impunidad, como miles de personas en Euskal Herria. Cinco días y noches interminables de tormento físico y psicológico. En pleno siglo XXI. En el centro de la capital española”, señalaron.
González, Arratibel, Beortegi y Zabala fueron condenados a penas de prisión por Grande-Marlaska, que consideraba probado que estos miembros de Ekin habían actuado a las órdenes de ETA.
Ekin está considerada la estructura que ETA creó para dinamizar y dirigir todo el apoyo a la banda en su parte legal y transmitir sus directrices en torno a Batasuno. La organización se disolvió y animó a sus militantes a integrarse en la nueva apuesta de la izquierda abertzale.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado a favor de Íñigo González y ha condenado a España a indemnizarle con 20.000 euros, en un plazo de tres meses, por no investigar adecuadamente las torturas que este denunció haber sufrido tras ser detenido por la Guardia Civil.
Aunque el Tribunal no entra a analizar si existió tortura o malos tratos en la detención, sí señala que la denuncia requería haber sido investigada para determinar su veracidad y en su caso, establecer las responsabilidades que pudieran existir.
España ha sido condenada en más ocasiones por no haber investigado suficientemente hechos similares. En 2014 Europa le condenó por las denuncias presentadas por Beatriz Etxeberria y Oihan Ataun, en 2012 por la denuncia del periodista Martxelo Otamendi, un año antes por el caso de Aritz Beristain y en 2010 por el proceso presentado por Mikel San Argimiro.
A estos se suman también los casos de Igor Portu y Mattin Sarasola en 2018, autores de los atentados de la T4 del aeropuerto de Barajas.
Estrasburgo considera que las autoridades españolas “deberían establecer un código de conducta claro en el procedimiento a seguir para interrogar a los responsables de vigilar a los detenidos que estén incomunicados y garantizar su integridad física”.
