Por primera vez, un país dicta un auto de procesamiento de un representante del franquismo por crímenes cometidos durante la Transición. Y no es España. La jueza argentina María Servini ha dictado un auto de procesamiento contra Rodolfo Martín Villa, exministro de Gobernación (actual Interior) entre 1976 y 1978 en el gobierno de Adolfo Suárez.
Lo hace por su responsabilidad en la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, que provocó la muerte de cinco obreros; por la muerte del joven Arturo Ruiz en 1977; por la muerte de cinco personas durante la Semana Pro Amnistía en mayo de 1977; y por la brutal represión policial en los Sanfermines de 1978 en Pamplona. Todos estos delitos son considerados imprescriptibles.
Como cabía esperar, Rodolfo Martín Villa, de 87 años, recurrirá el auto y la fianza impuesta ante la Cámara de Apelación argentina, con la esperanza de que ocurra lo mismo que en 2017. Entonces, la Cámara revocó la orden de detención dictada por Servini por no considerarla fundamentada y también rechazó, por desproporcionada, la fianza que le impuso para declarar en libertad.
Parte de la élite franquista
Las fuentes cercanas a Martín Villa aseguran que durante las muertes en Vitoria en marzo de 1976 era ministro de Relaciones Sindicales —pasó a Gobernación en julio— y no tenía competencia sobre la policía. En ese momento, el ministro de Gobernación era Manuel Fraga, que se encontraba de viaje en Alemania, y Adolfo Suárez era ministro de despacho.
Diferente fue el caso de otras seis muertes entre 1976 y 1977 y los Sanfermines de 1978, cuando ya sí era ministro de Gobernación. En las fiestas de Pamplona fue asesinado el joven Germán Rodríguez por parte de las Fuerzas de Seguridad, que además dispararon sobre una multitud en la plaza de toros e hirieron a otras 300 personas.
Aun así, la magistrada ha incluido también los asesinatos de Vitoria determinando que todos tuvieron lugar cuando Martín Villa ocupaba una posición «preponderante en esa estructura organizada de poder». En el auto de resolución, Servini ha recordado que el exministro formó parte de la élite política del franquismo. Incluso antes de ocupar el cargo de ministro fue gobernador civil de Barcelona y procurador en las cortes franquistas. Y uno de los pocos que continuó en la primera línea política tras la muerte del dictador Francisco Franco y con la llegada de la Transición. Una «modélica Transición» que permitió a franquistas mantenerse en el poder y pasar a llamarse «demócratas de toda la vida».
Una buena noticia
Como era de esperar, las plataformas que iniciaron la querella y que buscan justicia han recibido la noticia con alegría. Andoni Txasko, portavoz de la Asociación Martxoak 3, ha asegurado que el auto de 900 páginas que dicta el procesamiento del exministro es una noticia «excelente» que esperaban «con ansiedad». De hecho, temían que la jueza no se pronunciara con contundencia, ya que «se estaba alargando mucho la decisión» después de la declaración de Martín Villa en septiembre de 2020 y sabían que Servini «iba a tener muchas presiones». Sin embargo, Txasko ha destacado la «determinación que ha tenido durante todo el proceso».
Aun así, existen dudas sobre qué ocurrirá ahora. Así, Txasko ha añadido: «Ahora la duda que nos surge es cómo van a actuar los poderes del estado, el Gobierno, la judicatura y demás. En cualquier caso, creemos que si se posicionan en contra de admitir el procesamiento, van a quedar una vez más en evidencia a nivel internacional».
Sabino Cuadra, integrante de la plataforma Sanfermines 78 Gogoan!, ha calificado la noticia de «tremendamente positiva» tras «40 años en los que juzgados e instancias oficiales nos han cerrado la puerta en las narices, con la excepción durante los últimos años del Ayuntamiento de Iruñea y el Parlamento navarro».
Igualmente, Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha declarado que «es muy importante porque sienta un precedente para resolver una cuenta pendiente con la dictadura y los responsables». Por su parte, el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, ha mostrado su deseo de que el procesamiento de Martín Villa «sirva para que las víctimas del 3 de marzo sean reparadas y reconocidas de igual manera que las víctimas del terrorismo».
Una justicia agridulce
Sin embargo, todos coinciden en lamentar que la investigación de estos casos se haga desde la justicia de otros países. No olvidemos que en marzo de 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy rechazó la solicitud de extradición de Rodolfo Martín Villa y de José Utrera Molina, este último por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. Y Utrera Molina murió en 2017 sin pagar por sus crímenes. Por si fuera poco, tampoco hay que olvidar que en 2014 el PP aprobó en solitario la restricción de la justicia universal, es decir, las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del país.
No es un secreto que las élites del poder judicial en España están profundamente enraizadas en el franquismo y que no existió una transición real que democratizara todos los poderes del Estado. Solo así se explica, entre muchas otras violaciones de derechos aceptadas por los tribunales, que quienes buscan justicia ante los crímenes del franquismo se encuentren constantemente con muros infranqueables y deban poner sus esperanzas en Argentina, que actúa gracias a este principio de justicia universal. Un principio que no solo debe garantizarse, sino dotar de más recursos y obligatoriedad en procesos como la extradición, de manera que ningún estado se pueda negar.
