Por Javier F. Ferrero

Los resultados que arroja una encuesta promovida por la Comisión Europea en 2016, el 9 % de la población de Europa no puede permitirse calentar su hogar lo suficiente. España está por encima de la media de la UE de hogares que no disponen de recursos para dar calor a su casa adecuadamente.

Según datos de la Asociación de Ciencias Ambientales de 2016, sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, un 11 % de las familias españolas (5,1 millones de personas) se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos. Más de 7.000 fallecimientos prematuros estarían asociados a esta pobreza.

Según el mismo estudio, hasta un 21 % de los hogares españoles están experimentado condiciones asociadas a la pobreza energética y que un 6 % (2,6 millones de ciudadanos) dedican más del 15 % de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas.

El Gobierno sigue dando prioridad en sus políticas a la contención del gasto frente a las necesidades de las familias. El claro ejemplo de esto es el bono social que aprobó en octubre, pues, como ya denunciamos en este medio, no da una respuesta adecuada para proteger a las personas más vulnerables ni para garantizar el acceso al suministro básico de electricidad en condiciones de igualdad para todas las rentas y es insuficiente para evitar los cortes de suministro en casos de pobreza extrema.

Diferentes asociaciones y sindicatos exigen profundas reformas para poder garantizar la protección de las familias más vulnerables. Según el sindicato UGT es necesaria “una reforma en profundidad del mercado eléctrico, revisar los conceptos fijos de las tarifas eléctricas y reducir la fiscalidad de este suministro básico aplicando el IVA súper reducido, entre otras medidas.”

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