Amnistía Internacional presenta el informe Between the devil and the deep blue sea. Europe fails refugees and migrants in the Central Mediterranean donde revela los efectos demoledores de unas políticas que han causado más de 721 muertes en el mar sólo en junio y julio de 2018.

El texto destaca las nuevas políticas italianas que han dejado a gente abandonada en el mar durante días, y analiza cómo varios países de la Unión Europea (UE) están conspirando para contener a las personas refugiadas y migrantes en Libia, donde están expuestas a sufrir tortura y abusos.

El número de personas ahogadas en el Mediterráneo central o trasladadas a míseros centros de detención en Libia ha aumentado como consecuencia de las políticas europeas encaminadas al cierre de la ruta del Mediterráneo central.

La responsabilidad del número de muertes en el Mediterráneo recae en unos gobiernos europeos más preocupados en mantener a la gente fuera de su territorio que en salvar vidas. “Las políticas europeas han capacitado a la guardia costera libia para interceptar a personas en el mar, han restado prioridad a los rescates y han obstaculizado el trabajo vital de las ONG de salvamento. El reciente aumento del número de muertes en el mar no es sólo una tragedia; es una vergüenza”, ha dicho de Bellis. Al aumento de los ahogamientos se suma un brusco incremento del número de personas recluidas arbitrariamente en centros de detención abarrotados de Libia.

El número de personas detenidas se ha multiplicado más del doble en los últimos meses, pasando de unas 4.400 en marzo a más de 10.000 a finales de julio, entre las que había alrededor de 2.000 mujeres y menores de edad. Prácticamente todas fueron conducidas a los centros tras su interceptación en el mar y traslado a Libia por la guardia costera de este país, equipada, entrenada y apoyada por gobiernos europeos.

Gobiernos europeos actúan en colusión con las autoridades libias para contener a refugiados y migrantes en Libia, a pesar de los terribles abusos que pueden sufrir a manos de la guardia costera libia y en los centros de detención de ese país. Los planes para extender esta política de externalización a toda la región son profundamente preocupantes”, ha dicho Matteo de Bellis.

El año pasado, los gobiernos de Europa no lograron ponerse de acuerdo para introducir unas reformas fundamentales en el sistema de Dublín que habrían ayudado a evitar disputas sobre el desembarco en Europa de las personas rescatadas en el mar.

La reacción de Italia fue empezar a denegar la entrada en sus puertos de los barcos que transportaban a personas rescatadas. Esta nueva política se aplica específicamente a barcos de ONG, buques comerciales e incluso barcos de armadas extranjeras.

Debido a retrasos innecesarios en los desembarcos, personas que necesitaban asistencia urgente —heridos, embarazadas, sobrevivientes de tortura, personas traumatizadas por naufragios y menores no acompañados— fueron obligadas a permanecer varios días en el mar. Italia está utilizando vidas humanas como bazas de negociación.

En el documento se describen también casos recientes en los que se han denunciado quebrantamientos del derecho internacional, entre ellos un caso registrado entre los días 16 y 17 de julio, cuando la ONG Proactiva encontró a una mujer aún con vida y dos cadáveres en los restos de un barco hundido tras la intervención de la guardia costera libia, y el reenvío forzado de 101 personas a Libia por el buque mercante italiano Asso Ventotto el 30 de julio.

Estos casos tan graves deben ser investigados debidamente y sin demora; ponen de relieve las mortíferas consecuencias de las políticas de Europa”, ha afirmado Matteo de Bellis.

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