El pasado mes de julio se presentó en la localidad madrileña de Collado Villalba la Oficina Antiocupación, un nuevo organismo que el PP ha impulsado en algunos municipios donde gobierna. Teóricamente, su objetivo es el «asesoramiento jurídico integral y mediación» para casos de ocupación, exponiendo a las personas afectadas «las diferentes acciones que pueden adoptar, quedando expresamente excluidos los servicios jurídicos que impliquen el inicio de acciones judiciales en el Juzgado».
El último punto llama extremadamente la atención, y más tras conocer que ahora la alcaldesa, Mariola Vargas, y el concejal de Seguridad y responsable de la Oficina Antiocupación, Miguel Aisa, han contratado a la empresa Desocupaciones Técnicas. A pesar de tener otro nombre que la hace parecer más legal, su administrador es Salvador Palazón Marquina, el mismo que gestiona Desokupa Expres, una compañía cuyos métodos le han costado ya algún choque con los tribunales. Ambas tienen su sede en Murcia.
Desde el Ayuntamiento, Pablo López, portavoz de la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba, denuncia que el proceso ha sido totalmente opaco y la oposición coincide en que se les ha negado información sobre los términos de la adjudicación, como expresa la portavoz de Unidas por Collado Villalba, Eva Morata. Por los pocos datos que se han hecho públicos se sabe que el contrato asciende a 15.000 euros a pagar cada seis meses.
Desokupa Expres en los tribunales
El pasado mes de octubre, cinco personas de la empresa Desokupa Expres, sin ningún tipo de orden judicial, hicieron un butrón para entrar en un bloque de pisos en el barrio sevillano de Nervión y echaron a seis personas a la fuerza. Una de las denunciantes aseguraba que, a media mañana, aquellos hombres se presentaron con bates de beisbol y machotas: «Me estaba tomando un café y de repente me vi a empujones por la escalera rodeada de neonazis».
Según fuentes presenciales, la inmobiliaria propietaria del bloque contrató los servicios de la compañía. Sin embargo, como denunció la abogada Ana Castaño, no existía ninguna denuncia previa por parte de la propietaria, y así se lo hizo saber a las unidades de policía que se encontraban allí. Aunque un agente reconoció que no había denuncia y que se estaba produciendo un allanamiento de morada, le respondió: «Aquí no va a entrar nadie». Y añadió que tenían «órdenes expresas». Castaño afirma que «lo normal, sin una denuncia, habría sido que la Policía hubiera restablecido el orden público y restituido la entrada de las inquilinas, pero nos mandaron al juzgado de guardia».
Finalmente, ante semejante atropello, el juzgado tumbó el desalojo ilegal y ordenó que las inquilinas pudieran regresar. Respecto a este caso, la delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denunció el desalojo «por una empresa desokupa vinculada a la extrema derecha» y consideraba que se estaban aplicando en la ciudad «métodos ‘gansteriles’ en la desocupación de viviendas».
«Acoso constante»
Las denunciantes aseguraban que en los meses previos, miembros de esta organización intentaron taladrar la cerradura de la puerta principal, pusieron pegamento e incluso se colaron en la azotea saltando desde el edificio contiguo. Esto por no hablar del «acoso constante» y las «continuas amenazas que han recibido los habitantes de este edificio por parte de esta organización, que llevan varios meses rondando la zona y controlando los horarios y rutinas de estas personas, amenazando con estar presentes de forma diaria hasta que desalojaran las viviendas».
Además, la situación «no solo afecta a los habitantes de este edificio sino al resto de vecinos del barrio, que nos manifiestan de forma directa que se sienten intimidados con la presencia de estos desokupas, y que temen los actos violentos de los mismos, expresándonos su apoyo e incluso acompañándonos a los activistas que se encontraban en la puerta del edificio apoyando a las personas desalojadas».
Neonazis aupados por los medios
Desokupa Expres no es la única empresa que se está haciendo de oro a costa de delinquir a la vez que atropella los derechos humanos y culpabiliza a las personas vulnerables que sufren la crisis de la vivienda en nuestro país. Lo peor es que, aunque apenas ocultan su odio y su ideología neonazi, tienen miles de seguidores en redes que avalan sus métodos de matones. Pero esto no ha sido casual. Los medios han tenido mucho que ver, especialmente los matinales de Antena 3 y Telecinco.
Ambas cadenas han hecho de las ocupaciones su tema estrella —no así de los desahucios sistemáticos de familias vulnerables— y en muchas ocasiones han acompañado en directo a estos grupos en sus acciones, alabando también sus métodos. El caso más sangrante es el de la empresa catalana Desokupa, cuyo líder, Daniel Esteve, ha sido protagonista durante meses. Sus métodos, dignos de la misma mafia, constan principalmente de amenazas y presiones con total impunidad. No obstante, Desokupa ya no solo utiliza la presencia de hombres hipermusculados frente al domicilio que pretende vaciar, sino que se sirve gustosamente de unas redes sociales deseosas de linchamientos.
Métodos mafiosos
Expone fotografías, direcciones e incluso números de teléfono de las víctimas para que sus hordas de seguidores las acosen. Por supuesto, las acompaña de mensajes amenazadores, como un vídeo del pasado 18 de junio que tiene casi 135.000 visualizaciones y más de 8.000 ‘me gusta’: «Tienes 48 horas para llamarme por privado, no haremos de esto un asunto nacional porque te llevo a todas las televisiones, pongo tu cara en redes sociales y no vas a poder salir ni a la calle. ¿Vale? Piénsatelo».
Desde el ámbito legal, estas publicaciones vulneran claramente la normativa de protección de datos. Pere Simón, abogado, doctor en derecho constitucional y consultor especializado en protección de datos, confirmaba a elDiario.es que Esteve «utiliza la publicación de datos personales en una cuenta corporativa para ejercer presión social y coaccionar a personas». Y añadía que «evidentemente esto no es una finalidad legítima prevista en la normativa». Por su parte, Daniel Esteve muestra el respeto que siente por la ley en el vídeo mencionado previamente: «¿Ley de protección de datos? Me cago en la ley de protección de datos con casos como este».
En sintonía con la policía
El caso de Sevilla es solo uno de los que muestran que, aunque no exista un trabajo conjunto entre estas empresas y las autoridades policiales, sí existe una connivencia y permisividad al dejarles actuar por libre y no interceder, perjudicando claramente a las víctimas.
Aun así, es tal la impunidad de estos cuerpos parapoliciales que incluso Daniel Esteve afirma públicamente que colabora habitualmente con la policía en sus operativos. Los Mossos d’Esquadra lo desmienten e incluso el exconseller de Interior, Miquel Buch, lo negó en el Parlament en 2019. Pero las pruebas en la práctica apuntan en otra dirección. En múltiples vídeos e imágenes aparecen miembros de Desokupa entrando en pisos con los Mossos. Por su parte, Esteve matiza que «los Mossos no es que colaboren con nosotros, lo que pasa es que coincidimos en cientos de desocupaciones y muchas veces les pasamos información que les sirve para hacer detenciones».
En total, el pasado mes de julio Esteve afirmaba haber «recuperado» 167 pisos junto a agentes de Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional. Añadía que «la relación con ellos es muy buena», aunque especificaba que solo con los agentes de calle: «Otra cosa es que los mandos policiales políticamente no reconozcan nuestra legalidad porque no les interesa».
Susana Griso es una de las valedoras en televisión junto a Ana Rosa Quintana.
Ante el fascismo latente del cuarto poder, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y jurisprudencia, más propagación, lucha y resistencia.
No todos los okupas son delincuentes.
Qué poco se habla en los medios de los 5000 euros del casaplon de la Borbona Federica y sus juergas pagadas (como el resto de la familia) por el pueblo.
Más movilización ante tanta barbarie continua.