El Gobierno británico ha acordado con Bruselas garantías legales adicionales sobre la controvertida salvaguarda norirlandesa con las que espera convencer a los diputados conservadores más euroescépticos de que respalden mañana martes el acuerdo del “brexit” en el Parlamento.

La primera ministra, la conservadora Theresa May, viajó esta tarde a Bruselas para negociar contrarreloj dos nuevos documentos que complementarán el tratado de salida de la Unión Europea (UE) y que fueron presentados en la Cámara de los Comunes minutos antes de que cerrara el plazo para convocar la votación de mañana.

La UE no ha aceptado reabrir el texto que se selló en noviembre, pero ha pactado un nuevo “instrumento legalmente vinculante” en el que se reafirma que la salvaguarda para evitar una frontera en Irlanda del Norte no está diseñada para ser permanente.

También se ha elaborado una “declaración conjunta” en la que se explicita el compromiso para acelerar las negociaciones sobre la futura relación comercial y la intención de reemplazar la controvertida salvaguarda con un arreglo alternativo antes de diciembre de 2020.

En una rueda de prensa conjunta junto a May en Bruselas, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, describió los documentos adicionales como “aclaraciones significativas” al acuerdo inicial.

En paralelo a esos textos, el Reino Unido publicará además una “declaración unilateral” en la que hará explícita su intención de abandonar el mecanismo de salvaguarda en caso de que el diálogo sobre la futura relación “se rompa y no haya perspectivas de un acuerdo”.

“Los Estados utilizan habitualmente declaraciones unilaterales en la ratificación de tratados”, esgrimió la primera ministra.

La UE defiende la necesidad de mantener en el acuerdo la controvertida salvaguarda, a fin de asegurar que durante los años en los que se negociará la futura relación comercial entre Londres y Bruselas no se levanta una frontera entre las dos Irlandas, lo que contravendría los acuerdos de paz firmados en la región a finales de la década de los 90.

Los euroescépticos del Partido Conservador argumentan, sin embargo, que el Reino Unido quedará atrapado en las estructuras comunitarias hasta que se llegue a ese futuro acuerdo, lo que dificultará que Londres firme sus propios tratados comerciales con terceros países.

En enero, el acuerdo del “brexit” fue rechazado por una amplia mayoría de 230 diputados en el Parlamento británico.

A menos de tres semanas para la fecha límite del 29 de marzo, en la que está previsto que se materialice la salida de la UE, la primera ministra espera que las garantías adicionales que ha presentado sean suficientes para revertir ese resultado.

El análisis legal que tiene previsto publicar mañana el abogado general del Estado británico, Geoffrey Cox, puede resultar clave en esa segunda votación.

Cox, que cuenta con la confianza del sector euroescéptico de los conservadores, desaprobó meses atrás los términos del acuerdo respecto a la salvaguarda norirlandesa, y un cambio de opinión por su parte tendría peso entre los “tories”

El ala crítica de los conservadores ha designado además a un grupo de abogados -la mayoría de ellos también diputados- que juzgará los nuevos documentos que ha puesto sobre la mesa el Gobierno.

“Necesitamos tiempo para analizar la legalidad de todo esto. La clave es si el abogado general cambia de opinión y ya no considera que la salvaguarda es una trampa, como dijo previamente”, señaló a la BBC el euroescéptico Iain Duncan Smith.

El debate previo a la votación de mañana estaba previsto a partir de las 12.45 GMT, si bien el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, avanzó esta tarde que considerará retrasarlo para que los diputados dispongan de más tiempo para analizar la propuesta del Gobierno y presentar enmiendas.

El portavoz para el “brexit” de la oposición laborista, Keir Starmer, afirmó por su parte que los nuevos documentos no “agregan nada” al tratado de salida ya acordado.

“Volver aquí y decir que esto son cambios significativos, cuando está diciendo lo mismo que el pasado 14 de enero, no le va a llevar demasiado lejos”, sostuvo Starmer.

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