Organizaciones de mayores y directores de residencias han denunciado este jueves la falta de personal cualificado y han reclamado un mayor número de inspecciones para evitar casos como el denunciado en una residencia de Madrid en el que habrían sido maltratadas al menos dos ancianas.

La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra tres trabajadores de una residencia que el grupo Los Nogales tiene en la capital de España por maltratos físicos y psicológicos a dos ancianas que tenían a su cargo después de que el hijo de una de ellas presentara varios vídeos en los que se puede ver el trato vejatorio que sufrieron.

«Los mayores, aunque no tengan deterioro cognitivo, no denuncian, por miedo a represalias y al abandono», ha explicado a Efe Carmen García Revilla, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), que ha recordado que el 60 % de las personas que viven en residencias tiene una demencia y por tanto se encuentran indefensas.

Así, «si no hay una grabación es muy difícil acreditar el maltrato. Siempre hay justificación para un hematoma, que atribuyen a una caída o a un golpe y más aún en el caso de las personas con demencia, que no pueden expresar sus sentimientos ni lo que está ocurriendo».

Según un estudio del Imserso, el 13 % de las personas mayores estarían sufriendo abuso y maltrato. «El más frecuente es el psicológico o el económico y el físico se da con menos frecuencia», ha explicado.

En general los autores de estos malos tratos son los cuidadores y el motivo -según la presidenta de la Comisión de Derechos, Deberes y Buen Trato de CEOMA- es que no tienen la formación adecuada, «ni siquiera muestran un interés especial hacia la persona que están cuidando».

Ante este escenario, García Revilla cree imprescindible que el personal que trabaja en las residencias tenga una formación gerontológica y reclama un servicio de inspección a las residencias «más comprometido».

En el mismo sentido se ha pronunciado el coordinador de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García, que ha apuntado a Efe que los profesionales que trabajan en las residencias de ancianos deben tener el título de auxiliar de geriatría o una acreditación profesional en base a los años de experiencia.

García ha reconocido que es imposible evitar por completo que algo como lo ocurrido en esta residencia de Madrid vuelva a pasar, pero ha apuntado una serie de recomendaciones a tener en cuenta para minimizar los riesgos.

Aunque una de ellas es la cualificación, este director de una residencia pública ha denunciado las dificultades que tienen los centros para encontrar personal cualificado y ha advertido de que en los próximos 5 años se necesitarían 200.000 plazas de residencias más, lo que supondría 100.000 nuevos puestos de trabajo.

De hecho, si la mitad de las 100.000 personas que en España están en lista de espera y tienen reconocida la condición de gran dependiente o dependiente severo solicitaran plaza en una residencia, serían necesarios 25.000 nuevos puestos de trabajo ya, ha aseverado.

Para reducir al máximo los riesgos de malos tratos a los mayores cree necesario que se promueva una gestión adecuada de las quejas tanto de los trabajadores como de los internos y familiares, que «bien gestionadas son una oportunidad de mejora».

También la transparencia con la que actúan las residencias es algo que los familiares deben tener en cuenta: «una residencia que facilita a los familiares el acceso a todo es de fiar, pero si no te dejan ver la comida, hablar con quien solicites, eso no es bueno».

El coordinador de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales insiste en que se trata de un caso aislado y espera que no se extienda una «sombra de sospecha» sobre todas las residencias de mayores, ya que la mayor parte de quienes trabajan en estos centros «hacen bien su trabajo y además le ponen cariño».

La organización de mayores, reclama, por su parte, un compromiso real del Gobierno y de las instituciones para erradicar el maltrato en este colectivo y pide «las mismas medidas y recursos que para cualquier otro tipo de violencia», como el maltrato machista.

«En violencia de género hay una ley, un número de teléfono y muchos recursos, pero para el mayor no hay nada de eso y por tanto está totalmente desprotegido. Necesita unas medidas legales y una atención cuando denuncia y después de la denuncia», ha aseverado la responsable de CEOMA.


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