Vox defiende este miércoles en el Congreso su moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, para la que no ha recabado ni un solo apoyo, si bien ha logrado que el PP dude entre la abstención y el voto en contra.

Varios partidos han firmado un manifiesto de frente común contra Vox, según ha podido saber Contrainformacion.es. Los partidos firmantes son PSOE, Unidas Podemos, BNG, CUP, Compromís, ERC, EH Bildu, PNV, Junts y Más País. Se llama «manifiesto en favor de la democracia» y en él quieren mostrar compromiso en la lucha contra los discursos de odio, «que de ninguna manera deben quedar impunes», así como en el rechazo a cualquier tipo «de apoyo de la extrema derecha», también cuando «afecte a la gobernabilidad de las instituciones, ya sea por activa o por pasiva».

«Las fuerzas parlamentarias que firmamos este manifiesto queremos reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos, la democracia, la justicia social y la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas, sin importar el lugar donde hayan nacido, su género, creencias religiosas u orientación sexual», señala el manifiesto al que ha tenido acceso este medio.

Continúa señalando que «los discursos racistas, xenófobos, machistas que hemos escuchado en lo que va de legislatura por parte de la extrema derecha y derecha extrema son incompatibles con los valores propios de un sistema democrático y suponen un peligro para la convivencia» y que los partidos firmantes quieren mostrar su «rechazo a las estrategias y discursos negacionistas respecto a la pandemia provocada por la COVID19 y sus consecuencias, por sus efectos negativos sobre la salud y la convivencia ciudadana».

Los partidos muestran su apoyo y solidaridad a las personas objeto de ataques e insultos de estas «actitudes radicales e intolerantes» y quieren reconocer a los «luchadores y luchadoras por las libertades que combatieron el fascismo, cuya memoria también ha sido menospreciada».

«Nos comprometemos a solicitar ante la Presidencia del Congreso la apertura de los procedimientos de infracción y sanción que correspondan, según el Código de Conducta de las Cortes Generales, ante comportamientos por parte de parlamentarios o parlamentarias que vulneren los principios de responsabilidad y respeto», finaliza el texto.