Según el Instituto Nacional de Estadística, de las 1.211 calles existentes en 2017 con un nombre relacionado con la dictadura franquista todavía existen 535 vías públicas de municipios de casi todo el país con nombres relacionados con la dictadura de Francisco Franco y de las cuales 25 están dedicadas explícitamente al propio dictador.
Las comunidades autónomas que más calles con nomenclatura franquista tienen son Castilla y León con 172, Castilla-La Mancha con 104 y Murcia con 41. Sólo Baleares y País Vasco no tienen ninguna vía pública con nombres relacionados con la dictadura.
Este documento ha sido aportado por el Gobierno en respuesta a una solicitud de informe registrada en la Cámara Alta por Compromís, formación que ya en 2017 obligaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy a publicar el callejero que mantenía nomencaltura franquista.
El listado no específica si algunos nombres hacen referencia a dirigentes franquistas o tienen otras acepciones que nada tienen que ver con esta nomenclatura. Es el caso de «Calvo Sotelo» del que no se distingue entre el expresidente del Gobierno o el dirigente franquista y también «Mola», que puede entenderse en algunos municipios valencianos y catalanes como toponimia local y no en referencia al militar.
Durante los últimos tres años más de 110 municipios han cambiado el nombre a calles que contenían una referencia explícita al dictador junto a los términos ‘generalísimo’ o ‘caudillo’.
En España un total de 34 calles tienen todavía el nombre de José Antonio Primo de Rivera; 16 el Queipo de Llano y 7 el de Millán Astray. Héroes del Alcázar tiene 10 calles en toda España y el líder falangista Onésimo Redondo da nombre a 28 vías públicas en la actualidad.
La Ley de Memoria Histórica obliga a las administraciones públicas a retirar simbología relacionada con la dictadura y recoge la posibilidad de retirar subvenciones o ayudas públicas a las entidades que no lo hagan. Compromís defiende que reiniciarán una campaña de requerimientos a los ayuntamientos como la que puso en marcha Carles Mulet en 2017, algo que provocó encontronazos con alcaldes de varios municipios y que hizo que estuviera a punto de ser reprobado en la Cámara Alta a instancias del PP.
Mulet, senador de Compromís, señalaba en declaraciones a Europa Press que: «Venimos denunciando la necesidad de tener una ley más contundente. No existe una norma estatal que obligue a la retirada, sí que está especificado en la Ley de memoria histórica pero no el cómo ni el cuándo, por eso vemos como hay ayuntamientos que nos dicen que como no hay ningún régimen sancionador no pasa nada».
La eliminación de los primeros vestigios franquistas de las calles de la capital durante el mandato de Manuela Carmena no estuvo exento de polémica e incluso el PP llegó a pedir su inhabilitación por prevaricación.
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