Según desvela este lunes la Cadena SER, el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela ha sido contratado por varias asociaciones empresariales para reclamar indemnizaciones al Estado por los perjuicios económicos sufridos durante la pandemia.
En un acto virtual celebrado hacia varias semanas por el por el despacho Acountax Madrid, del que Lamela es socio principal y presidente, dirigido “a interesados en reclamar indemnizaciones derivadas de la pandemia” ya defendió estas reclamaciones e instó al sector de la sanidad privada a solicitar indemnizaciones al Estado en concepto de “prestaciones obligatorias de establecimientos sanitarios privados” ya que, en su opinión, “como consecuencia del mando único, la sanidad privada ha estado a disposición de la Administración Central, y los servicios forzosos prestados durante ese periodo deben compensarse una vez calculado el lucro cesante y el daño emergente producido”.
Además, Lamela recomendó a sus potenciales clientes reclamar cuanto antes mejor, ya que a su juicio la fecha límite para hacerlo “es un año desde que se declaró el estado de alarma”.
El extitular de la Consejería de Sanidad ha sido ya contratado para reclamar los daños que supuso el cierre de empresas y establecimientos durante el estado de alarma por la Confederación de Comercio Especializado de Madrid, que agrupa a cerca de 35.000 establecimientos comerciales y por Madrid Foro Empresarial de la que forman parte 300 socios.
El presidente de la Confederación de Comercio de Madrid y vicepresidente de Madrid Foro Empresarial, Armando Rodríguez, ha señalado que Acountax Madrid les hizo el ofrecimiento y que serán ellos quien lleven el caso porque tienen a personas muy preparadas que les dan mucha tranquilidad.
Además, según Rodríguez, la oferta que les propuso el despacho incluye “cobrar a éxito (una comisión del 8% lo obtenido)”, lo que denotaba que tenían expectativas ciertas y claras sobre la posibilidad de obtener indemnizaciones.
Manuel Lamela es considerado el ideólogo y artífice de la primera oleada privatizadora en la sanidad de la Comunidad, por la que llegó a estar imputado tras una denuncia del sindicato médico AFEM.
El juez imputaba a los exconsejeros de Sanidad de Madrid Manuel Lamela y Juan José Güemes, además del director general de Hospitales de la Comunidad Antonio Burgueño, por ser los responsables políticos de «las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco incumpliendo algunos de los requisitos previstos por la ley como la no exigencia del canon de la que se han beneficiado dichos acuerdos» y «para después contratar los servicios de los anteriores Consejeros de Sanidad», señalaba el juez.
