Esta semana, durante la sesión de la LX Legislatura del Estado de México, se aprobaron las penas contra aquellas personas que encabecen la realización de terapias de conversión sexual. Con este histórico resultado, la entidad mexiquense se convierte en el segundo estado del país en tipificar las terapias de conversión sexual como delito, luego de que Ciudad de México lo hiciera en julio de este año.

Con 53 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, la propuesta de reforma del Código penal fue aprobada. Los votos contrarios fueron realizados por diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y por Imelda López, integrante del Partido del Trabajo (PT). Esta nueva reforma ha sido recogida porque los dirigentes del Estado de México lo consideran como “delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual”.

Estas prácticas pretendían cambiar y condicionar la orientación sexual y de identidad de las personas de la comunidad LGTB.

Las penas serán de uno a tres años de cárcel, de 25 a 100 días de trabajo comunitario y de 50 a 200 días de multa contra toda persona que “someta, coacciones u obligue a otra persona a recibir o realizar” algún procedimiento que tenga como finalidad “cambiar su orientación sexual”.

Ricardo Torres, presidente de la asociación Fuera del Clóset, dijo a la Agencia Presentes que: “Reconocemos la voluntad política del Congreso en este sentido pero todavía falta mucho por alcanzar exigencias históricas por las que hemos luchado por más de 16 años en el Estado de México”.

Este 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que las ECOSIG son prácticas “dañinas, contrarias a la ética que carecen de fundamento científico. Son ineficaces y podrían constituir una forma de tortura”.