El movimiento ‘Sanitarios Necesarios’ continúa defendiendo sus derechos y protestando contra la precariedad y los recortes tras la crisis del coronavirus. Reclaman más recursos en la sanidad pública, una mejora de las condiciones laborales y el fin de las privatizaciones en el sistema público de salud.
Sin embargo, lejos de escuchar las peticiones de estos profesionales de la salud, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha decidido gastar los fondos públicos en otras “necesidades”: la Iglesia y sus representantes.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de este miércoles 22 de julio de 2020 regula el acompañamiento religioso católico en los hospitales de la región. Por medio del “servicio de asistencia religiosa católica” (SARC), la Iglesia Católica asegura un número de capellanes a tiempo completo y parcial, así como el presupuesto destinado a ello: 937.187,76 euros, más la cotización de la Seguridad Social aparte.
De esta forma, se establece un número de capellanes para garantizar la citada asistencia religiosa: se trata de un religioso por cada 100 camas, donde habrá un capellán a tiempo completo. Cuando la capacidad sea de entre 100 y 250 camas, habrá un capellán a tiempo completo y otro a tiempo parcial; de 251 a 500 camas habrá 2 capellanes a tiempo completo y otro parcial; entre 501 y 800 camas habrá tres capellanes a tiempo completo y, si se supera ese número, entre tres y cinco capellanes a tiempo completo.
Una ley de Felipe González que interesa cumplir
Es llamativo que esta decisión se ve respaldada por una ley del Gobierno de Felipe González de 1985 por los acuerdos Iglesia-Estado, que asumen todas las CCAA, y que no solo estipula que primero el Estado y luego los gobiernos regionales con las transferencias deben sufragar el gasto de esos capellanes sino que, además, fija cuántos debe haber por cada 100 camas: la misma ratio desde 1986.
El poder de la Iglesia parece, de esta forma, que no ha perdido un ápice de presencia ni de poder en el Estado. En aquellos años, el entonces ministro de Justicia de Felipe González y el presidente de la Conferencia Episcopal firmaron el acuerdo que garantizaba “la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios” dependientes entonces del Gobierno.
En la orden de diciembre que desarrollaba ese acuerdo del Gobierno socialista con la Iglesia, ya se establecía en su artículo 1 que “el Estado garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los católicos internados en los centros hospitalarios del sector público”. Igualmente, “que en cada centro hospitalario (…) existirá un servicio u organización para prestar la asistencia religiosa católica y atención pastoral a los pacientes católicos del centro” así como “locales adecuados, tales como capilla, despacho y lugar para residir o en su caso pernoctar, y de los recursos necesarios para su prestación”.
