El Gobierno de Javier Milei vuelve a señalar a quienes menos margen tienen para defenderse. Esta vez, a las personas con discapacidad. Lo hace combinando dos movimientos que se repiten: retrasos en pagos que asfixian y una ofensiva legislativa que recorta derechos. No es nuevo. Pero sí cada vez más explícito.
Según detalla elDiario.es en su cobertura sobre cómo Milei se ensaña con las personas con discapacidad y busca recortar las pensiones por invalidez, el Ejecutivo no solo incumple la normativa vigente, sino que impulsa un proyecto de ley bajo el título ‘Contra el fraude de pensiones por invalidez’. Un nombre que suena técnico. Pero que, en la práctica, implica endurecer el acceso a ayudas esenciales.
En la calle, la respuesta ha sido directa. Carteles. Protestas. Mensajes sin rodeos. “No soy un gasto, soy una persona con discapacidad”. Frente al Ministerio de Salud, en Buenos Aires, las y los manifestantes exigen algo básico: que se cumpla la ley aprobada en julio de 2025 y ratificada en septiembre de 2025 tras el rechazo parlamentario al veto presidencial.
El problema es que el Gobierno no parece dispuesto a aplicarla. Alega falta de financiación. La Justicia ya se pronunció en diciembre de 2025 obligando a su cumplimiento inmediato. Aun así, el Ejecutivo ha recurrido. Y mientras tanto, las prestaciones siguen sin llegar.
Pablo Molero, del Foro Permanente de Discapacidad, habla de “maltrato sistemático”. No es una expresión exagerada. Hay centros que no cobran desde octubre. Instituciones que siguen funcionando como pueden. Profesionales que adelantan costes. Medicamentos, pañales, atención diaria. Todo sostenido con retrasos que no son anecdóticos, son estructurales.
El argumento oficial insiste en un supuesto crecimiento “exponencial” de las pensiones. De 76.000 en 2003 a 1.200.000 en 2023. La cifra está ahí. Pero el contexto también. En 1999, con 33 millones de habitantes, ya había 3,3 millones de personas con discapacidad. Muchas en situación de pobreza. Hoy, con 46 millones, la pobreza sigue siendo masiva, incluso en cifras oficiales del 28%, ampliamente cuestionadas.
El dato no es el número de pensiones. El dato es cuántas personas necesitan apoyo para sobrevivir. Y eso es lo que se está poniendo en cuestión.
El momento elegido para lanzar esta reforma tampoco es casual. Llega en medio de una investigación judicial por corrupción que afecta directamente al área de discapacidad. Y no es menor.
La causa, iniciada en agosto de 2025, investiga irregularidades en la compra de medicamentos de alto coste entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. El fiscal Franco Picardi describe el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad como “una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente”.
Las cifras son contundentes: más de 75.000 millones de pesos en operaciones bajo sospecha. Hay 19 personas procesadas, entre ellas el exdirector Diego Spagnuolo, acusado de cohecho y fraude al Estado. La agencia fue cerrada en enero y absorbida por el Ministerio de Salud.
En ese contexto, hablar de “fraude” desde el Gobierno suena, como mínimo, incómodo. Para muchas y muchos profesionales, directamente insultante. Estela Maris Calandra, con tres décadas de trabajo en el sector, lo resume con claridad: quienes necesitan certificados para acceder a tratamientos no están defraudando. Están intentando sobrevivir en un sistema cada vez más restrictivo.
El nuevo proyecto introduce cambios que van más allá del control. Elimina, por ejemplo, la posibilidad de mantener una pensión si la persona accede a un empleo formal. Un castigo a la integración laboral. También desregula los pagos mínimos a las entidades que prestan servicios. Otra presión más sobre un sistema ya tensionado.
Las consecuencias no se quedan en despachos o debates parlamentarios. Se trasladan a la calle. A los centros. A las familias. Y están generando una respuesta cada vez más visible.
En los últimos días, la movilización ha ido en aumento. Las protestas del sector coinciden con un clima general de rechazo a las políticas del Gobierno. La alta participación en la tercera huelga general contra Milei refleja ese desgaste acumulado. El mensaje es claro: la “motosierra” no solo recorta gasto, también rompe redes de apoyo esenciales.
Ana Luppi lo explica desde la experiencia personal. Su hermana lleva 22 años en un hogar especializado. Ha progresado. Tiene estabilidad. Pero el centro no cobra desde hace meses. La incertidumbre no es teórica. Es diaria. Y pone en riesgo todo lo construido.
El conflicto que se abre en el Senado no es menor. No es solo una discusión técnica sobre prestaciones. Es un debate de fondo. Si la discapacidad se reconoce como un derecho humano o se reduce a una variable económica más.
Porque al final, eso es lo que está en juego. No una partida presupuestaria. No un ajuste puntual. Sino la idea misma de protección social en un país donde millones de personas siguen dependiendo de ella para vivir.
Y la pregunta, incómoda pero inevitable, sigue ahí: quién paga realmente el coste de la “motosierra”.
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