Cornado Mina Non rechaza el acuerdo de la extractiva con el presidente de Parquistas de Carril, recientemente condenado a nivel judicial a 18 meses de prisión por un delito de lesiones.

José Luis Villanueva -en un acto público a la derecha de la imagen- ha sido sentenciado a 18 meses de prisión y más de 61.000 euros de indemnización por agredir a un abogado de Vilagarcía de Arousa. Pese a las críticas, todavía no ha presentado su dimisión al frente de Parquistas de Carril / xunta.gal

En este sentido, la plataforma vecinal «lamenta la falta de criterio y credibilidad» de la filial de Atalaya Mining al hacer pública su relación con José Luis Villanueva Vicente y recuerda que la compañía, al igual que sus empresas matrices, «no está en situación de velar por la integridad de nada, y mucho menos por la salud medioambiental de la ría de Arousa» cuando «ni en Touro ni en Riotinto son capaces de controlar vertidos y riesgos para la población».

El colectivo recuerda, además, que el Juzgado de lo Penal nº2 de Pontevedra ha condenado a Villanueva por un delito de lesiones al abogado de Villagarcía Santiago Prego ya que, según la sentencia, la emprendió a golpes con el letrado causándole un desprendimiento de retina del que tardó en recuperarse 528 días, precisando además dos operaciones quirúrgicas. El fallo considera probado que la causa de las lesiones fueron los puñetazos del presidente de la asociación de Parquistas de Carril al abalanzarse sobre el jurista.

Por estos motivos la sentencia judicial ha dictaminado que se trata de un delito de lesiones, por el que ha sancionado al nuevo aliado de Cobre San Rafael a 18 meses de cárcel y una indemnización que alcanza los 61.000 euros, triplicando los 22.123 solicitados por la Fiscalía.

Por otra parte son las propias mariscadoras de su cofradía -la pontevedresa de Carril de la que también es patrón mayor-, las que han lo han denunciado por acoso, discriminación, machismo y abuso de poder.

Por desgracia, para Cornado Mina Non «este es el soporte al que recurren a veces este tipo de compañías que ya de por sí desarrollan actividades polémicas«. En este sentido recuerdan que Atalaya Mining en su proyecto andaluz de Riotinto «presenta un sistema de balsas mineras considerado como el más peligroso de Europa y que acumula expedientes sancionadores, escándalos internos, altos niveles de siniestralidad laboral y numerosos incumplimientos en materia ambiental, que incluso han derivado en actuaciones de oficio por parte del Ministerio Fiscal». Por su parte, Explotaciones Gallegas ha recibido más de 80.000 euros en multas en los últimos años «por sus vertidos e irregularidades cometidas en relación con el dominio público hidráulico».

LA «FUTURA MINA DE TOURO» ES UN PROYECTO CANCELADO POR LA ADMINISTRACIÓN Y RECHAZADO MAYORITARIAMENTE POR LA SOCIEDAD

Por otra parte, Cornado Mina Non considera «una completa tomadura de pelo» las afirmaciones en prensa de la mercantil Cobre San Rafael sobre «la futura mina de Touro» cuando se trata de un proyecto rechazado en firme por la Administración gallega «por su inviabilidad técnica y ambiental» y que «se ha puesto en frente a la sociedad gallega desatando una ola de solidaridad que trae el recuerdo de la catástrofe del Prestige» y el movimiento «Nunca Máis», que marcó un antes y un después en la lucha por la protección del medio ambiente en el noroeste peninsular.

RECHAZO A LA UTILIZACIÓN INTERESADA DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

La plataforma denuncia, para finalizar, la «utilización falsaria» que la minera está haciendo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que «ni está al servicio de sus intereses particulares de negocio ni actúa a sus órdenes o mandatos como esta quiere hacer creer en sus mensajes públicos». La realidad más clara en este sentido es que «las investigaciones que se han venido realizando en los últimos 30 años sobre la calidad de aguas en el estuario del Ulla y su sistema fluvial demuestran que la mina de Touro ha ocasionado un problema acumulativo de imposible solución a corto plazo», para el que no hay «soluciones mágicas» y que «coarta y seguirá coartando» la conservación de la naturaleza en lo que supone a día de hoy «el mayor desastre ambiental de Galicia».