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Hace unos meses, en octubre del pasado año, pudimos ver al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la inauguración de un despacho de abogados especializado en defender a defraudadores.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, pedía saber los motivos que habían llevado a Catalá a asistir el pasado octubre a la inauguración en Madrid del despacho de abogados G.C. Legal y además publicarlo en su cuenta personal de Twitter, junto con cuatro fotografías, presentándolo como “abogados al servicio de los ciudadanos“. Garzón entiende que puede existir algún tipo de conflicto de intereses.

El despacho de abogados G.C. Legal se presenta en su página web como “despachos de abogados especializados en la defensa de clientes inmersos en blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico o delitos contra la Hacienda Públicas y la Seguridad Social”.

El Gobierno ha justificado la presencia alegando que ya había inaugurado otros bufetes privados porque considera que entre sus obligaciones está escuchar a todos los profesionales de la Justicia.

El Gobierno confirma que tanto Catalá como el resto de su equipo de colaboradores del Ministerio de Justicia asisten “habitualmente” a actos de inauguración de despachos, puesto que entiende que “entre sus obligaciones” está la de “escuchar” al sector de la Justicia y “apoyar” a todos sus profesionales. Desde este medio entendemos, por consiguiente, que lo hace independientemente de la ética de los profesionales en cuestión.

Indica, además,  que para el  “el buen desarrollo de las políticas de Justicia” es importante conocer la demandas del sector y, por lo tanto, “participar en sus actos y en aquellos encuentros que faciliten acercar las demandas del sector al Ministerio de Justicia“.

 

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