El pasado 18 de enero se aprobaba el Real decreto por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. Según el texto, el Bono Alquiler Joven pretende facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o de cesión de uso a jóvenes con escasos medios económicos, mediante el otorgamiento de ayudas directas a los arrendatarios o cesionarios y se aplicará en todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, con excepción del País Vasco y Navarra que, que, por su régimen foral, cuentan con ayudas propias.
El Real Decreto regula también el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, con la intención de dar continuidad a las modificaciones que en materia de ayudas estatales a la vivienda implementó el Real Decreto-ley 1172020, del 31 de marzo. El texto impulsa y potencia las ayudas directas a los arrendatarios con menos recursos, con especial atención a determinados colectivos vulnerables, así como ayudas para el pago de un seguro de protección de la renta arrendaticia a los arrendadores.
Además, el Plan incrementa la oferta de vivienda en alquiler propiciando el incremento del parque público de vivienda y el del parque de vivienda en alquiler asequible o social tanto en entornos urbanos como en entornos rurales.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por Raquel Sánchez, marcó un tope de 24.000 euros anuales para poder optar al bono social de vivienda y, cuando se aprobó, Sánchez dijo que el plazo para solicitar esas ayudas, que gestionan directamente las comunidades autónomas, se abriría dentro de “mes y medio o dos meses máximo”.
Seis meses después de ese anuncio, Andalucía, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla todavía no han hecho pública la convocatoria de estas ayudas en sus boletines oficiales, mientras que, por ejemplo, en Cataluña el plazo está cerrado desde junio.
Fuentes de la Junta de Andalucía, bajo el control de Juanma Moreno, han señalado a infoLibre que la ayuda se “está tramitando”, pero han evitado fijar una fecha. Por su parte, la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, dijo que la ayuda estaría lista “en verano” y se han marcado como fecha el mes de septiembre, aunque tampoco han dado un día concreto al citado medio.
Desde el gobierno de Castilla La-Mancha, liderado por Emiliano García-Page, aseguran que el plazo se activará en septiembre como muy tarde y no descartan que llegue en agosto. El consejero de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, alegó que estaban esperando a tener las “declaraciones de la renta de 2021” para que “los ingresos estén lo más actualizados posible”.
En una Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, celebrada en febrero, se fijó el presupuesto de cada autonomía. La que más fondos ha recibido es Andalucía, con 34 millones; seguida de Madrid, con 31; Cataluña, con 29; y Comunitat Valenciana, con 22,8 millones. Entre las cuatro reciben el 59% del total de los fondos.
En Aragón comenzarán con las solicitudes el 15 de septiembre de 2022 y cerrarán el plazo el 28 de octubre de este mismo año y en Castilla y León, región liderada por Alfonso Fernández Mañueco junto a la extrema derecha, la fecha de presentación de solicitudes va desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2022.
En el caso de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y La Rioja y Murcia las convocatorias permanecen abiertas. El Ejecutivo central estima que los jóvenes que se podrán beneficiar de esta ayuda estarán entre los 60.000 y los 70.000, aunque organismos como el Consejo de la Juventud de España (CJE) lo cifran en 50.000.
Este jueves, El CJE presentó su último Observatorio de Emancipación, en el que se constata que un joven debe dedicar el 79,2% de sus ingresos al alquiler si quiere vivir solo y, en el caso de querer comprar, debe dedicar 3,8 veces su salario neto anual para pagar la entrada de una hipoteca.
En España uno de cuatro españoles vive de alquiler, una cifra que se sitúa por debajo del conjunto de la Unión Europea y también por detrás de Francia y Alemania, pero que no ha dejado de subir desde 2014.
España se encuentra en la cola del alquiler social entre los grandes países europeos con un 1,6% de las viviendas dedicadas a este fin, según datos del Ministerio de Transportes publicados en octubre de 2020.
El arrendamiento es, sobre todo, cosa de las familias con poder adquisitivo más bajo. El 45,1% de los que ganan menos del 60% de los ingresos medios viven en arrendamiento, frente al 19,6% de los que ganan más.
Se prevé que la Ley de Vivienda que prepara el Gobierno ayude a contener los precios del alquiler, sobre todo en lo que se conoce como “zonas tensionadas” de ciudades como Madrid, Barcelona, València, Mallorca o Málaga.
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