Eldiario.es


El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, compareció este martes por segunda vez ante la Cámara baja para un nuevo y estéril debate sobre su papel como juez en el juicio que llevó a prisión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Como ocurrió hace dos semanas, durante la primera comparecencia del ministro ante una comisión del Senado, fueron abordados unos mensajes obtenidos por el portal The Intercept, los cuales sugieren que, como juez de ese caso, Moro dirigió de alguna manera a los fiscales que investigaron a Lula, lo que está prohibido por ley.

Los mensajes fueron obtenidos por The Intercept gracias a un «hacker» anónimo y para la oposición de izquierdas, minoritaria pero ruidosa en el Parlamento, son la «prueba» de que Lula, condenado y en la cárcel por corrupción, fue objeto de un juicio «parcial», que en el fondo no era más que una «persecución política».

Ese discurso fue repetido por cada parlamentario del Partido de los Trabajadores (PT), que lidera Lula, durante una sesión en la Cámara baja que duró casi ocho horas y concluyó cuando diputados del oficialismo y la oposición casi se iban a las manos en torno a la mesa en que estaba Moro, quien se retiró del recinto.

Así como los diputados opositores repitieron sus acusaciones a Moro, éste insistió una y otra vez en decir que no puede reconocer la «autenticidad» de los mensajes.

El ministro reiteró que los mensajes obtenidos por The Intercept, supuestamente intercambiados con fiscales de la Lava Jato durante el proceso contra Lula, deberían ser entregados a la Justicia para que verifique si son reales o si han sido editados.

Sin embargo, volvió a considerar que, hasta el momento, «solo se trata de mensajes obtenidos en forma ilegal», que no ponen en duda su actuación como juez de la operación anticorrupción Lava Jato ni «presentan nada ilegal».

Según el exjuez, el único objetivo de la divulgación de esos mensajes es «invalidar condenas e impedir la continuidad de las investigaciones», que aún siguen en torno a decenas de políticos y empresarios implicados en los escándalos vinculados a la trama en la estatal Petrobras.

También explicó que entregó el teléfono de su propiedad que fue objeto del ataque de un «hacker» a la Policía Federal, que depende de su despacho, pero volvió a aclarar que los mensajes obtenidos por The Intercept e intercambiados por la red Telegram fueron extraídos de móviles de algunos de los fiscales y no del suyo.

El contenido y posible impacto de esos mensajes en el juicio que llevó a prisión al expresidente será analizado el próximo mes por la Corte Suprema, a la que la defensa de Lula ha pedido anular todo el proceso y liberar al expresidente, en la cárcel desde abril de 2018, por la supuesta «parcialidad» de Moro.

«No existe nada de eso», declaró el ahora ministro de Justicia del Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, uno de los mayores antagonistas de Lula y de la izquierda en general.

Moro también volvió a presentar un balance de su actuación como juez de primera instancia en la operación Lava Jato, que fundamentó con datos que fueron aplaudidos por la base oficialista, que llegó a calificarle de «héroe brasileño» y recordar que este domingo miles de personas tomaron las calles del país para manifestarle apoyo.

El ministro dijo que tramitó más de 90 denuncias con 291 acusados y que dictó en total 211 condenas, todas ratificadas por instancias superiores y apoyadas en «pruebas muy sólidas», mediante las cuales también se recuperaron más de 600 millones de dólares desviados por la corrupción.

Ver en Eldiario.es