Sara B.B. fue acusada por su expareja haber secuestrado a las hijas que tienen en común y de estar en paradero desconocido, a pesar de que no se había movido de su casa, de seguir trabajando en el mismo hospital y de que las niñas seguían haciendo su vida habitual.

Este hecho provocó que un día que la mujer acudió al juzgado junto a su hija pequeña para recoger un documento fuese detenida sin previo aviso. Además fue obligada a desnudarse y someterse a un examen de sus partes más íntimas y la separaron de sus hijas de forma violenta.

A pesar de no existir una orden de alejamiento ni prohibición de comunicación, Sara hace dos años que no ve a sus hijas ni ha podido hablar con ellas. Quien sí han podido verlas, durante una hora los domingos y en un punto de encuentro familiar, son los abuelos maternos, pero con la condición de que no pueden hablar sobre la madre con ellas, ni mostrarles fotos ni llevarles regalos, tal y como solicitó la abogada de su expareja y lo estableció un juzgado en uno de los autos.

El proceso judicial dura ya más de cinco años y los autos y sentencias revisados por el periódico Público revelan una extraña complacencia de las solicitudes de la expareja de Sara en las decisiones judiciales, incluso hasta el punto de constituir irregularidades jurídicas.

Dos de las juezas que participaron en el caso han sido expedientadas por la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por aplicar lo que han calificado como métodos «medievales» y el Tribunal Constitucional valora si admite recurso un de amparo por ‘tortura’ hacia ella.

En 2016, durante la primera revisión de su segundo embarazo, Sara relata los malos tratos físicos y psicológicos de los que estaba siendo víctima desde hacía tiempo tras detectar el médico que se encontraba «en estado de crisis de ansiedad» y con un «trastorno depresivo». Aunque ella no quería denunciar, la apertura del informe médico de maltrato abrió el proceso.

Maltrato físico, psicológico e institucional

A ese maltrato físico y psicológico al que se vio sometida por parte de su pareja se sumó un maltrato institucional desde que se inicia el proceso judicial. El juez no encontró pruebas «objetivas» suficientes para condenar, considera que el testimonio de Sara no es creíble y considera «inverosímil» el hecho de que una mujer con su nivel de formación y cultura no hubiera denunciado antes los hechos, por tanto las denuncias fueron sobreseídas provisionalmente. También fueron archivadas las denuncias interpuestas por la madre y por el centro de salud por posibles abusos sexuales a la hija mayor.
Las medidas provisionales previas establecidas tras la separación concedieron a Sara la custodia de sus hijas y a su expareja un amplio régimen de visitas. Pero hacia finales de 2017 todo el proceso se anula porque se descubre que la abogada de oficio asignada a Sara estaba inhabilitada y tenía prohibido el ejercicio profesional, una circunstancia que la deja sin actuaciones judiciales clave a lo largo de esos meses.
Justicia

Las irregularidades de la Justicia

A partir de ese momento, dos juezas del juzgado de instrucción nº1 de Zafra (Badajoz) que intervinieron el caso emitieron sendos escritos de ejecución forzosa del cambio de custodia y diversas providencias exigiendo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional o al cuerpo policial de la UFAM que averiguaran el paradero de Sara y sus hijas para que entregara a las menores o que procedieran a su inmediata detención si no lo hacía, una actuación que contó con el beneplácito de la fiscal del caso, a pesar de que se trataba de una actuación totalmente ilegal en una jurisdicción civil.

A finales de 2018 y en febrero de 2019 el juzgado de lo penal nº3 de Badajoz en una diligencia previa se muestra contrario a iniciar una orden de detención contra Sara al no concurrir los supuestos legales.

Sin embargo, las juezas no cesaron en su exigencia de que fuera detenida y así sucedió el 10 de abril de 2019 cuando Sara acudió a recoger al juzgado nº3 de Badajoz, junto a su hija pequeña, la notificación del juicio oral por sustracción. Sara es detenida y metida en un calabozo y enciende una grabadora que llevaba encima en el momento de la detención.

Sara relata el maltrato que reciben ella y su hija mientras están detenidas en comisaría en la que no les dan de comer hasta las cuatro de la tarde, pese a los llantos de la menor. En un momento dado se llevan a la niña y llaman a la abuela materna para que traiga a la hija mayor que tenía cuatro años. Desde la celda, Sara escucha los gritos de las niñas cuando se las entregan a su expareja. Desde ese día no ha vuelto a verlas ni a hablar con ellas.

Horas después de estar detenida, una Policía le dice que se desnude y se acuclille para mirar la zona perianal por si tuviera algo, sin ningún tipo de intimidad y de forma vejatoria e innecesaria.

Pero las actuaciones irregulares de la policía no acaban ahí. Sara continúa detenida sin motivo y a las siete de la tarde solicita interponer un habeas corpus, un mecanismo legal que obliga a comparecer de forma inmediata ante un juez que determine si el arresto es conforme a la legalidad. Sin embargo, esto no ocurre y Sara continúa detenida hasta las 15.30 horas del día siguiente. La Policía, cuando Sara pregunta por qué no la han dejado marchar, le responde que porque puso un habeas corpus.

Tras esta violación de derechos fundamentales, la defensa de Sara presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, un recurso que no ha sido aún admitido formalmente, pero el alto Tribunal solicitó al juzgado todas las pruebas sobre el caso antes de tomar una decisión.

También se presentaron sendas denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra las dos juezas que ordenaron la detención de Sara. La comisión disciplinaria del CGPJ admitió las denuncias y sancionó a las dos juezas como autoras responsables de infracciones disciplinaras muy graves de desatención al ejercicio de los deberes judiciales.

Según los magistrados esa actuación se remontaría a la época del absolutismo y rememoraría los oscuros y nefastos modus operandi del marco jurídico del medioevo. El comité disciplinario sancionó a la jueza titular con la suspensión de funciones durante 45 días.

El pasado mes de enero, Sara es condenada por el juzgado de lo penal nº2 de Badajoz a cuatro años de prisión y otros cuatro de inhabilitación para ejercer la patria potestad por dos delitos de sustracción de menores. Aunque no permaneció en paradero desconocido, el entiende que ha incumplido resoluciones judiciales y que se ha aprovechado del hecho de tener a las niñas para no devolverlas. Este pasado martes la Audiencia Provincial de Badajoz vio en segunda instancia la sustracción de menores.

El próximo 27 de abril se celebrará el juicio civil para decidir la custodia de las menores, un juicio que llega cuando sobre Sara pesa ya una condena que la puede inhabilitar para la patria potestad.

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4 Comentarios

  1. Estas cosas pasan cuando los partidos colocan a dedo a los representantes del poder judicial. Al Partido Popular no le interesa que cambie el sistema, ya que tiene a sus esbirros bien situados, para que la rueda de la justicia siga girando a favor de sus intereses y creencias caducas y trasnochada. Una auténtica vergüenza.

  2. Sara yo te creo!!! Este sistema que apoya y protege a estos tipejos. Sistema fascista!!!! Pero rescató una frase popular: A todo cerdo le llega su San Martín.

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