En Colombia, a pesar de que en 2006 se descriminalizó el aborto en tres casos: violación, malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del útero y riesgo para la salud física o mental de la mujer gestante, las mujeres son perseguidas por el sistema judicial y las más afectadas son las que viven en zonas rurales, las niñas y adolescentes.
Este derecho se sigue enfrentando a obstáculos ya que el artículo 122 del Código Penal todavía establece penas de 16 meses a cuatro años y medio de prisión para las mujeres que deciden frenar sus embarazos. Además hay que destacar que las menores de edad resultan más sancionadas que las mujeres de los demás grupos de edad.
La Corte Constitucional está estudiando dos demandas, una de ellas impulsada por el colectivo feminista Causa Justa, que buscan declarar inconstitucional el artículo del código penal que tipifica el aborto como delito.
Esta semana, tal y como informa RT, fue dado a conocer un informe de dicho colectivo en el que explica que el 73% de los 26.158 casos por presunto delito sexual, registrados en 2019, se refiere a víctimas de cero a 17 años. Las más afectadas, con un total de 9.472 denuncias, tenían de 12 a 17 años.
“En muchos de los casos, los agresores corresponden a personas de su círculo social o familiar. Estas desgarradoras cifras corresponden a aquellos casos que son denunciados. Sin embargo, se estima que exista un importante subregistro”, señalaron.
El documento añade que el 80 % de las violaciones sexuales de las menores se concentra en víctimas de entre 10 y 14 años, además de que en el 90 % de los casos se trata de abusos reiterados.
Además, recuerda que, según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2018 en Colombia la tasa de violencia sexual fue de 52,3 víctimas por cada 100.000 habitantes y se registró que diariamente 15 niñas, de entre 10 y 14 años, parieron. Además, el 86% del total de las mujeres agredidas sexualmente fueron niñas y adolescentes.
La pandemia de covid-19 agravó todavía más la situación y del 16 de marzo al 6 de abril de 2020 se registraron 19 femicidios y 3.069 casos de violencia intrafamiliar, de las cuales 1.407 correspondían a delitos sexuales y entre el 25 de marzo y el 23 de junio de 2020 se produjeron un promedio de 27,2 abusos sexuales cada día contra menores de edad, según recoge el informe.
Despenalización total del aborto
Con la despenalización total del aborto este sería entendido como un servicio de salud y un derecho fundamental de las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual y evitaría que sean posteriormente criminalizadas.
“Evitaría las muertes o secuelas físicas y psicológicas en las niñas y adolescentes, asociadas a la realización de abortos inseguros y prevendría la existencia de maternidades forzadas de niñas y adolescentes que, como resultado del estigma asociado a la criminalización del aborto, no tienen acceso a la información completa, clara y veraz sobre el acceso a servicios de salud reproductiva que requieren para tomar decisiones libres e informadas”, explica el informe.
Por último, el documento considera que dicha medida ayudaría a que las niñas y adolescentes fuesen libres de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida.
