Organizaciones de pensionistas, usuarios de residencias, familiares, profesionales y afectados por la gestión de la pandemia han creado la Unión Ciudadana Por la Mejora de las Residencias (UCMR), que pretende ser un interlocutor en la defensa de los mayores que viven en los centros.
Este «movimiento ciudadano estatal» reclama más transparencia para usuarios de residencias de mayores y familiares, así como una mejora en la atención sanitaria y servicios.
Nandi Guitérrez, trabajadora en un centro y una de las representantes de esta nueva asociación, ha manifestado durante la rueda de prensa de presentación de la iniciativa que «las residencias son la Edad Media de la sanidad», en referencia a problemas como la «falta de personal» que obliga a que «tres personas tengan que ocuparse de otras 40, 50 o, a veces, hasta 60», lo que impide a los profesionales realizar bien su trabajo en este entorno. La precariedad en las instalaciones o la escasez de inspecciones son otros problemas.
Por su parte, Ana Regueira, representante de UCRM, ha denunciado problemas de «coordinación y asistencia sanitaria» o discriminación a los usuarios a los que «se les deniega el acceso a recursos asistidos de la sanidad pública» cuando entran en las residencias.
La Unión Ciudadana Por la Mejora de las Residencias reclama también la participación por ley y que exista un foro para ello en todas las residencias, además de otros grupos a nivel provincial o autonómico.
El impacto de la pandemia ha sido especialmente dañino en Madrid. En marzo y abril de 2020, se produjeron en Madrid al menos 9.470 muertes entre residentes de residencias de mayores, un porcentaje un 53% más alto del esperado.
Los factores que contribuyeron a estas estadísticas fueron la escasez de personal, la falta de supervisión con respecto a la prestación de atención adecuada a los residentes, la ausencia de protocolos compartidos entre los hogares de ancianos y el sistema público de salud y la concentración de operadores privados con fines de lucro.
A septiembre de 2020, las empresas privadas gestionaban en Madrid 46.122 camas (87,9%) del total de 52.452 camas de larga estancia disponibles. Estas empresas tienden a priorizar las ganancias sobre otras cosas, como el bienestar de los residentes, el financiamiento y la provisión de servicios adecuados en comparación con las organizaciones sin fines de lucro.
Al elevado número de muertes en las residencias de mayores también han contribuido una serie de decisiones políticas. La oficina de salud de Madrid emitió una serie de protocolos según los cuales los residentes con infección confirmada o sospechada de COVID-19 y discapacidad grave no serían derivados a hospitales públicos para recibir tratamiento.
Además, apenas se dotó de personal a los hogares de ancianos con médicos para brindar atención a los pacientes en el lugar. Como resultado, muchos residentes murieron con pocos o ningún cuidado paliativo.
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