Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal que contempla, entre otras medidas, la prohibición de amnistías fiscales, acabando así con un privilegio que beneficiaba a los grandes patrimonios frente al resto de ciudadanos que cumple con sus obligaciones fiscales.

Además, prohíbe el software para la doble contabilidad, se incrementa el control sobre las criptomonedas, se limita el pago en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros entre profesionales y se amplia la lista de deudores tributarios a los morosos de más de 600.000 euros.

Aunque la nueva norma recoge una ampliación de la limitación del pago en efectivo de 2.500 a 1.000 euros para operaciones entre profesionales o empresas, el pago entre particulares se mantiene en la cifra máxima de 2.500 euros. Además se reduce de 15.000 euros a 10.000 euros el pago en efectivo para particulares con domicilio fiscal fuera de España.

En relación al tema de las criptomonedas, los tenedores de criptomonedas no solo tendrán que comunicar sobre el dinero digital que poseen sino también su adquisición, transmisión o pago con dicha moneda. Asimismo, tendrán la obligación de informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior sobre la tenencia de monedas virtuales en el extranjero.

Además, se prohíbe la utilización del software para doble contabilidad que permite la manipulación de cantidades y genera una bolsa importante de fraude y se aprobará un régimen de sanción específico para los fabricantes de estos tipos de programas informáticos y a los empresarios que los tengan.

También se ampliará el concepto de paraíso fiscal y se podrá actualizar la lista de paraísos para incluir territorios con baja o nula tributación, que se incorporarían como jurisdicciones no cooperantes.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que «no hay justicia social ni tributaria si algunos pretenden eludir sus compromisos y obligaciones» y ha señalado que la norma persigue recaudar 800 millones de euros al año.

El secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, se ha hecho eco de la noticia y ha publicado en su cuenta de Twitter: «El Consejo de Ministros prohíbe hoy las amnistías fiscales, para luchar contra el fraude. No volveremos a ver a gobiernos españoles amnistiando a millonarios por bienes no declarados o activos escondidos en paraísos fiscales, como hizo el Partido Popular en 2012».

En 2012, el Gobierno aprobaba una polémica medida que permitía «declarar elementos adquiridos con rentas no declaradas en los ejercicios de 2008, 2009 y 2010».

Para animar a la regularización de estos patrimonios se ofreció a los beneficiarios tributar únicamente al 10% de lo declarado y muchas personas regularizaron el dinero que tenían en el extranjero y en paraísos fiscales.

Sin embargo, en 2017, el Tribunal Constitucional decidía anular la amnistía fiscal impulsada por el ministro Cristóbal Montoro al considerar que vulneraba el artículo 86.1 de la Constitución que prohíbe el uso del decreto ley para aprobar medidas que afecten de «forma relevante o sustancial» a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos recogidos en el Título I de la Constitución, como es el «deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos».

elDiario.es publicaba en ese mismo año los nombres de beneficiarios de dicha amnistía fiscal, en los que el nombre más relevante era el de Rodrigo Rato. También se encontraban en la lista Francisco Granados, Luis Bárcenas, David Marjaliza, Diego Torres, los hermanos Antonio y Jorge Gallardo y cuatro borbones en la línea de sucesión, entre otros.