La extrema derecha ha vuelto a dar una muestra de fuerza y violencia, esta vez en el ámbito universitario. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, ha sido objeto de amenazas e intimidación por parte de Juventudes Falangistas, que no han dudado en reivindicar públicamente su autoría. La pintada en su despacho que rezaba «El Valle no se toca» es solo la punta del iceberg de una ofensiva ultraderechista que busca imponer el miedo y el silencio en las universidades públicas.
La escalada de violencia no es casual. Horas después de descubrir la pintada, un estudiante ultraderechista increpó directamente a Urías en un acto público, afirmando que “los rojos fusilados fueron bien fusilados”. La apología del franquismo ya no es un tabú en las universidades andaluzas: es una declaración de intenciones. La extrema derecha no solo reivindica el legado del franquismo, sino que está dispuesta a imponerlo mediante el miedo y la violencia.
Las Juventudes Falangistas no han intentado ocultar su responsabilidad. La firma ‘JFE-SEU’ (Juventud Falangista Española-Sindicato Español Universitario) aparecía al pie de la pintada, acompañada de pegatinas del mismo grupo. Lejos de esconderse, respondieron al decano de la Facultad de Derecho cuando este condenó públicamente los hechos: “¿Condena usted también las declaraciones del tipejo de su compañero? ¿Dinamitar cruces forma parte del ambiente universitario?”. El lenguaje no deja lugar a dudas: las amenazas son directas y conscientes.
El ataque se enmarca en un clima de creciente radicalización de la ultraderecha en las universidades. El intento de silenciar y censurar a voces críticas con el franquismo y el catolicismo más reaccionario está ganando terreno. El detonante de este último episodio fueron las declaraciones de Urías en las redes sociales, donde defendía la demolición de la cruz del Valle de los Caídos, en respuesta a la campaña de la organización ultracatólica Hazte Oír.
El mensaje es claro: cualquier desafío al relato franquista será respondido con violencia y amenazas. La Falange ya no es una reliquia del pasado. Está viva, organizada y cada vez más agresiva. Las universidades, que históricamente fueron espacios de resistencia antifascista y pensamiento crítico, están siendo infiltradas por grupos que reivindican abiertamente el legado de la dictadura.
El decano de la Facultad de Derecho, Fernando Llano, ha sido tajante: “Cualquier forma de intimidación no debe permitirse y no se va a permitir”. Ha anunciado una investigación para identificar a los responsables y no ha descartado sanciones administrativas o la apertura de vías legales. Pero las medidas internas no serán suficientes si el Estado sigue mirando hacia otro lado ante la creciente radicalización de la ultraderecha en el espacio público y educativo.
Este episodio no es un caso aislado. Apenas dos días antes, dos estudiantes fueron detenidos durante una protesta contra la presencia de Macarena Olona en la Universidad de Granada. La estrategia de la ultraderecha es clara: normalizar el discurso franquista, ocupar el espacio universitario y reprimir cualquier resistencia. El uso de la fuerza y el hostigamiento es solo una fase más de este proceso.
El Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Sevilla ha señalado que estos actos son “una amenaza en toda regla”: “Quieren hacer ver que están cerca, que pueden acercarse físicamente a tu lugar de trabajo”. No es una cuestión simbólica; es un mensaje directo a quienes cuestionan el orden reaccionario que la extrema derecha intenta reinstaurar.
La ultraderecha ha aprendido a jugar el juego político. Ha sabido instrumentalizar las redes sociales y los medios para difundir su relato, pero ahora ha dado un paso más: trasladar la batalla ideológica al terreno físico, a las universidades y a las calles. Las juventudes falangistas están actuando como punta de lanza de una estrategia más amplia, cuyo objetivo es amedrentar y censurar cualquier voz crítica con la herencia franquista.
El problema no es solo que la extrema derecha actúe con impunidad en las universidades, sino que las instituciones, en demasiadas ocasiones, miran hacia otro lado o responden con tibieza. La normalización de actos de apología del franquismo, de violencia política y de discursos reaccionarios está debilitando la capacidad de respuesta democrática. Las universidades deberían ser espacios de pensamiento crítico y libre, no trincheras para grupos ultraderechistas que reivindican el golpe de Estado de 1936.
Lo ocurrido en Sevilla y Granada es solo la punta del iceberg de una ofensiva organizada. Si no se actúa con contundencia, la universidad dejará de ser un espacio para el conocimiento y el debate y se convertirá en un nuevo campo de batalla donde la ultraderecha imponga su ley.
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