Alfonso Fernández Mañueco llega este viernes al Parlamento de Castilla y León en su peor momento político. Su gestión de los incendios ha dejado tras de sí más de 140.000 hectáreas arrasadas solo en el último mes, cuatro muertes y la devastación de un patrimonio natural único como Las Médulas. Nunca antes un presidente autonómico había quedado tan expuesto frente a la evidencia de su abandono.
Mientras ardía su tierra, Mañueco estaba de vacaciones en Cádiz. Tardó cuatro días en regresar, cuando el fuego ya había arrasado comarcas enteras. Su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tampoco estaba: priorizó una comida en Gijón mientras el fuego devoraba Las Médulas. Cuando le reprocharon la ausencia, se justificó con un desdén grotesco: “Comer es una obligación para estar en condiciones”.
El operativo, insuficiente y precarizado, se convirtió en una caricatura de la protección civil. Sin alojamientos dignos ni alimentación básica para brigadistas y bomberos forestales, muchos tuvieron que improvisar sus propias condiciones. A eso se sumaron las declaraciones del consejero, que calificó de “despilfarro” mantener un operativo permanente durante todo el año. La respuesta llegó en forma de desplantes: bomberos que se negaron a estrechar la mano al presidente y que le preguntaron a la cara si sus vidas eran también un gasto superfluo.
No bastaba con la descoordinación. La Junta pidió refuerzos militares a lo grande: 1.000 soldados, 30 helicópteros, 25 bulldozers. Pero cuando llegaron, parte de esos efectivos quedaron parados, sin ser utilizados, mientras el fuego seguía avanzando. La ministra Margarita Robles lo dijo con claridad: peticiones “increíbles” y “en abstracto”, hechas para cubrir políticamente un vacío de gestión.
Las cifras que exhibe Mañueco —74 millones en prevención— son maquillaje. Castilla y León invierte menos por hectárea que Galicia o Andalucía, y su operativo forestal es un rompecabezas de más de 35 empresas privadas que compiten en subastas a la baja. El resultado: salarios recortados, materiales de segunda y brigadistas trabajando con equipos obsoletos.
El propio colectivo de bomberos lo denuncia: un “reino de taifas” donde la lógica del beneficio privado sustituye a la planificación pública. Un sistema que convierte cada contrato en negocio y cada incendio en oportunidad de licitación.
No es casual. PP y Vox tumbaron en 2024 la Ley de Bomberos Forestales, que habría creado un operativo público y estable. La despreciaron como “brindis al sol” y la tacharon de “ideológica” por atreverse a incluir lenguaje inclusivo. En 2022, tras el incendio de La Culebra —60.000 hectáreas y cuatro fallecidos— también se opusieron a mantener un operativo anual. La historia se repite, solo que ahora las llamas han multiplicado por seis la devastación.
Este viernes, el presidente autonómico intentará envolverse en palabras vacías sobre unidad y recuperación. Hablará de “trabajar juntos” mientras a las puertas del parlamento se concentran brigadistas, ecologistas y vecinos exigiendo destituciones inmediatas. Le pedirán responsabilidades políticas a Suárez-Quiñones y a José Ángel Arranz, director general del Medio Natural. Responsabilidades que no se tapan con promesas ni con fotos junto a los reyes sobre el terreno arrasado.
El humo no se disipa con llamamientos a la unidad. Castilla y León arde porque su Gobierno decidió ahorrar en prevención y regalar la extinción al negocio privado.
El peor día para Mañueco no lo dicta la oposición ni los medios. Lo dictan los pueblos calcinados, las vidas perdidas y un paisaje que tardará generaciones en recuperarse.
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