La masacre en Gaza ya ha dejado más de 60.000 muertos en agosto de 2025, según las propias cifras israelíes, con un 83% de víctimas civiles. Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional han hablado de crímenes de guerra, han señalado al Gobierno de Netanyahu e incluso emitido una orden de detención contra él y varios de sus ministros. Pero en España, el Partido Popular sigue evitando una palabra que se ha convertido en un grito global: genocidio.
La sociedad española ha tomado partido. Las encuestas muestran desde hace décadas una clara mayoría que se solidariza con Palestina, y en las calles la respuesta es inapelable: miles de personas han llenado plazas y carreteras, incluso durante La Vuelta ciclista, para exigir el alto el fuego. Frente a esa movilización transversal, que incluye a colectivos sociales, sindicatos, partidos como el BNG o Izquierda Unida y asociaciones estudiantiles, la dirección del PP mantiene un discurso ambiguo que siempre acaba justificando a Israel.
Feijóo habla de “ecuánimes y ponderados”, Gamarra se refugia en un formalismo vacío (“eso lo deben decidir los tribunales internacionales”), y mientras tanto Ayuso y Almeida van más allá: reducen la protesta pacífica a “terrorismo” y “antisemitismo”. La brecha entre las calles y las élites políticas conservadoras nunca ha sido tan clara.
Lo ocurrido en Arganda del Rey el pasado viernes, en presencia de Feijóo, retrata esa distancia. Isabel Díaz Ayuso comparó las protestas propalestinas en La Vuelta con los atentados terroristas de Múnich en 1972, donde fueron asesinados once atletas israelíes. El paralelismo es tan forzado como insultante: una sentada pacífica con pancartas se iguala a una matanza terrorista. Y a renglón seguido, los manifestantes fueron tachados de “etarras” y “antisemitas”.
No es un error aislado, sino una estrategia de discurso. El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, repitió la misma acusación, asegurando que las protestas estaban lideradas por condenados por terrorismo. Una mentira: en Euskadi, Cantabria, Asturias y Galiza participaron organizaciones diferentes, con convocatorias diversas y hasta cargos públicos de partidos de izquierda. La manipulación es evidente, pero cumple un objetivo: blindar a Israel en España criminalizando la disidencia.
Mientras tanto, Almeida se permite negar directamente que exista un genocidio, pese a la evidencia fotográfica de campos de refugiados arrasados, hospitales destruidos y niños enterrados bajo los escombros. Lo que las y los madrileños ven en sus pantallas, el alcalde lo desmiente en sus ruedas de prensa.
Lo más relevante no es la alineación del PP con Netanyahu, sino lo que esa postura revela: una fractura política entre las élites conservadoras y la sociedad española. El Gobierno de Sánchez, bajo presión ciudadana, ha terminado anunciando nueve medidas contra Israel: embargo de armas, prohibición de productos de los territorios ocupados y suspensión de convenios de cooperación. Europa sigue en silencio, pero España ha dado un paso. Y el PP ha reaccionado atacando esas sanciones con el argumento de que “Hamás aplaude” a Sánchez.
Ese es el marco que intenta imponer la derecha: o callas ante el genocidio, o eres cómplice del terrorismo. Es la misma lógica que Netanyahu aplica en Israel, calcada en Génova y en Sol. Sin embargo, el país va por otro lado. Universidades, sindicatos, plataformas vecinales, colectivos culturales y hasta deportistas exigen romper con Israel. La política institucional conservadora, en cambio, queda atrapada en un guion dictado desde Jerusalén y aplaudido en Washington.
La pregunta ya no es qué piensa hacer el PP respecto a Israel, sino cuánto tiempo podrá seguir ignorando a la mayoría social que clama justicia para Palestina.
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