Josema Vallejo: el rostro uniformado del odio y la impunidad
Suboficial de la Guardia Civil, candidato de Vox y agitador mediático: el Estado premia al racismo mientras amenaza a periodistas migrantes.
La imagen habla por sí sola: un agente con placa, pistola y sueldo pagado por toda la ciudadanía utiliza las redes sociales para amenazar con quitar el DNI y deportar a una periodista por ondear la bandera de Perú y reivindicar una república popular. No se trata de un troll anónimo ni de un exaltado cualquiera. Es Josema Vallejo, vicepresidente de la asociación policial de extrema derecha «Una Policía para el Siglo XXI», candidato de Vox en 2023 y rostro habitual en las tertulias de Iker Jiménez, donde la propaganda racista y ultraderechista se viste de “opinión plural”.
La periodista señalada es Laura Arroyo. Analista política, presentadora de El Tablero en Canal Red, peruana, migrante y con más de una década ejerciendo en España, es una de las voces más incisivas contra el avance ultra y los abusos de poder policial. Su “delito” fue portar una escarapela con los colores de su país durante un debate y recordar una verdad incómoda: “hace 204 años nos independizamos de la corona española, pero aún quedan muchas independencias pendientes”.
El Estado se indigna cuando se le cuestiona, pero guarda silencio cuando un uniformado fantasea con expulsar a una ciudadana por sus ideas políticas.
Ese silencio se convierte en aval. Porque Vallejo no es un caso aislado, es el síntoma de una infiltración ultra en los cuerpos policiales que nadie se atreve a desmantelar. Mientras tanto, periodistas migrantes como Arroyo son linchadas sin que el Gobierno mueva un dedo para frenar la violencia institucional que les apunta.
El artículo 510 del Código Penal prohíbe incitar al odio y a la violencia por motivos racistas o ideológicos. Pero cuando la amenaza viene de un agente del orden, la ley se diluye. Si un policía puede tuitear amenazas de deportación sin ser suspendido de inmediato, el mensaje a toda la sociedad es claro: el odio tiene placa y protección.
Josema Vallejo no se limita a tuitear. Lleva años justificando asesinatos policiales y violencia racista. Defendió al agente que mató a Abderrahim en Torrejón de Ardoz, reduciendo su muerte a un “delirio agitado” mientras atacaba a las organizaciones que denunciaban el crimen. Hizo lo mismo con Abdoulie Bah en Gran Canaria, cinco disparos de la policía que él describió como “neutralizar amenazas”. Para Vallejo, la amenaza nunca lleva uniforme ni piel blanca.
Difunde bulos sobre jóvenes racializados, se burla de las torturas, aplaude la brutalidad policial y ha defendido públicamente simbología nazi al justificar ataques neonazis contra magrebíes. Todo esto mientras ocupa cargo en una asociación policial y tiene acceso a medios como Horizonte en Cuatro, donde Iker Jiménez, convertido en escaparate de la ultraderecha, le presenta como “experto”.
La ecuación es letal: odio racial, legitimación policial y amplificación mediática. Los mismos discursos que en otros tiempos preparaban el terreno para pogromos, hoy se propagan en prime time y desde cuentas oficiales. La línea que separa el fascismo social del fascismo institucional es cada vez más fina, y nombres como Vallejo son la prueba.
La denuncia pública de Laura Arroyo ha encendido un debate incómodo dentro del propio ecosistema mediático progresista. La periodista peruana, afincada en España y con un historial de análisis político incómodo para el poder, señalaba anoche que ninguno de los medios que presumen de ser de izquierdas, derechohumanistas y antirracistas –Público, ElDiario, El Salto, La Marea e Infolibre– ha mostrado solidaridad tras la amenaza racista de un uniformado contra ella. Con más de 51.000 visualizaciones, su mensaje resonó en redes sociales y expuso la fractura de un periodismo que se dice comprometido, pero que calla cuando la víctima no encaja en sus simpatías editoriales.
Arroyo no se limitó a denunciar el silencio mediático, sino que apuntó a la raíz del problema: la solidaridad selectiva dentro del periodismo español. “Es evidente que cito a estos medios porque son de izquierdas y entiendo que son antirracistas y antifascistas. De los otros no me espero nada. Pero cuando decimos ‘antifascismo’ habría que pensar por qué solo ciertos casos merecen solidaridad y otros silencio”, escribió en un segundo mensaje. Su reflexión abre un debate incómodo: ¿la defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos en España depende del color político del medio agredido o de si resulta conveniente al establishment progresista?
Las organizaciones migrantes y antirracistas han exigido al Gobierno una respuesta firme. Porque cuando un policía amenaza con quitar papeles por ideología política, ya no es libertad de expresión, es terrorismo de Estado en versión tuitera. La impunidad alimenta a los mismos monstruos que disparan primero y preguntan después, que justifican el genocidio en Gaza o el exterminio de “basura humana”, como se escuchó sin censura en el mismo programa que da micrófono a Vallejo.
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