Vox no está pidiendo sillones. Está exigiendo condiciones ideológicas, culturales y materiales para redibujar desde dentro la acción del Gobierno autonómico. Tras duplicar sus escaños, la extrema derecha ha dejado claro que su apoyo al PP de Jorge Azcón no será gratuito. El programa electoral de Vox en Aragón funciona como un contrato de adhesión: o se acepta su marco, o no hay gobierno. Y ese marco no es neutro ni técnico. Es político, regresivo y profundamente excluyente.
La exigencia de Vox no es “ordenar” la inmigración, sino convertirla en un problema de seguridad y coste, incluso cuando muchas de las competencias no son autonómicas.
Cerrar centros de acogida, alejarlos de núcleos urbanos o imponer regímenes internos más duros supone normalizar la idea de que las personas migrantes son una amenaza. La obsesión por que los menores migrantes no acompañados “no tengan más recursos que un joven aragonés” no busca igualdad, sino competencia por la miseria.
La prohibición de mezquitas, de vestimenta islámica o de celebraciones culturales no es gestión pública: es intervención ideológica directa sobre derechos fundamentales. El énfasis en informes sobre el impacto de la inmigración en vivienda o criminalidad persigue construir un relato estadístico que legitime la exclusión, aunque no exista evidencia empírica sólida que lo respalde.
Vox exige convertir la escuela en un espacio vigilado por convicciones privadas. El veto a “activistas” en las aulas y la eliminación de contenidos vinculados a memoria histórica, igualdad de género o Agenda 2030 implica sustituir el currículo educativo por un filtro ideológico.
La supresión del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí no es un ajuste técnico: es una señal política contra la diversidad cultural. La aspiración a un sistema educativo único estatal choca además con el propio marco constitucional que Vox dice defender, pero revela algo más profundo: la desconfianza hacia cualquier pluralidad territorial o cultural.
Tras haber impulsado la derogación de la Ley de Memoria Democrática en la legislatura anterior, Vox quiere ir más lejos: revertir simbólicamente los avances en verdad, justicia y reparación.
La restauración de cruces y símbolos franquistas se presenta como defensa patrimonial, pero funciona como reapropiación del espacio público. La lucha contra la “leyenda negra” y la exaltación de la Corona de Aragón no buscan conocimiento histórico, sino relato identitario excluyente, compatible con una visión colonial y autoritaria del pasado.
Muchas de las infraestructuras que Vox exige no dependen del Gobierno autonómico. El trasvase del Ebro, presentado como solidaridad nacional, reabre un conflicto histórico y tensiona el consenso territorial y ambiental en un contexto de emergencia climática.
El plan de “limpieza de riberas” y actuación directa sobre el cauce del Ebro ignora advertencias legales y científicas. Aquí Vox no propone soluciones técnicas, sino gestos de confrontación con la normativa ambiental y con la ciencia.
Bajo la retórica de la “defensa de la vida”, Vox plantea desmantelar las políticas de igualdad y derechos sexuales y reproductivos. El acompañamiento a mujeres embarazadas se plantea desde un marco ideológico que niega el derecho a decidir.
La sustitución del Instituto Aragonés de la Mujer por uno de “Familia y Mujer” no es neutral: supone diluir la violencia machista como problema estructural. Limitar ayudas solo a “familias españolas” introduce una discriminación explícita por origen, incompatible con el principio de igualdad ante la ley.
La bonificación total de sucesiones y donaciones y del impuesto de transmisiones patrimoniales beneficia de forma directa a patrimonios altos y operaciones inmobiliarias, no a quienes no pueden acceder a la vivienda.
El discurso de “facilitar el acceso” oculta una realidad: menos ingresos públicos y menos capacidad redistributiva. Es una política fiscal que refuerza la desigualdad bajo una apariencia de alivio general.
Vox convierte el Pacto Verde en enemigo y al ecologismo en amenaza. Al mismo tiempo, se opone a macroproyectos renovables como el del Maestrazgo, no desde una lógica de transición justa, sino desde una defensa instrumental del territorio que convive con la promoción de la caza en parques nacionales.
La crítica al “fanatismo climático” no es una defensa del mundo rural, sino una negación del marco científico que sustenta las políticas ambientales.
La tauromaquia aparece como símbolo cultural a proteger con dinero público y presencia educativa. No se trata solo de apoyar festejos, sino de blindar una identidad concreta frente a cualquier debate ético o social.
Introducir el mundo del toro en la escuela no es tradición: es intervención ideológica en el sistema educativo.
El rechazo frontal al Pacto Verde y a las estrategias europeas sitúa a Vox en colisión directa con las políticas agrarias y ambientales de la UE. Bajo la defensa del campo se esconde una agenda que niega los límites ecológicos y promete una vuelta a un modelo productivo inviable.
El peaje de Vox no es una lista de medidas. Es un proyecto de transformación autoritaria, excluyente y regresiva que el PP deberá asumir, gestionar o blanquear si acepta gobernar con la extrema derecha. En Aragón, el precio del poder ya tiene factura política.
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