La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ese organismo que supuestamente debe vigilar a las grandes empresas energéticas y proteger el interés público, acaba de protagonizar otro episodio que resume perfectamente cómo funciona buena parte del capitalismo español. Un sistema donde quienes deberían controlar al poder económico terminan compartiendo mesa, contactos, intereses y hasta hipoteca con él.
La protagonista del ascenso es Henar Soto, nueva subdirectora de Regulación Económico-Financiera y Precios Regulados de electricidad y gas desde enero. Un cargo menor sobre el papel. Importantísimo en la práctica. Porque hablamos del área que participa en la regulación económica del sector energético, en los peajes, en los precios regulados y en la retribución de actividades como el transporte y la distribución eléctrica. Traducido al castellano normal: una oficina desde la que se mueve muchísimo dinero público y privado. Muchísimo.
El problema no es solo el nombramiento. El problema es quién es su marido.
David Trebolle trabaja desde mayo de 2024 como director técnico de ASEME, una patronal de pequeñas distribuidoras eléctricas. Y no hay ni siquiera disimulo. En su propio LinkedIn explica que se dedica a tareas de “lobby, influencia y prospectiva regulatoria” y a la “interlocución con la CNMC”. Literalmente.
Es decir: mientras una parte del matrimonio supervisa áreas fundamentales del sector energético desde el regulador público, la otra se dedica profesionalmente a influir sobre ese mismo regulador en nombre de intereses empresariales.
Y todavía hay quien se sorprende cuando la ciudadanía sospecha que las instituciones están capturadas.
La CNMC ha respondido diciendo que Henar Soto es una funcionaria de “reconocido prestigio profesional” con 18 años de trayectoria y que no es alto cargo. Seguramente sea cierto. Nadie discute aquí su currículum técnico. El problema no es ese. El problema es el conflicto estructural de intereses que atraviesa el sistema energético español desde hace décadas y que ya ni siquiera parece esconderse demasiado.
Porque hablamos del mismo organismo que quedó señalado tras el histórico apagón del 28 de abril de 2025, cuando numerosos expertos señalaron que un procedimiento de control de tensión llevaba años guardado en un cajón y que su aprobación podría haber evitado el colapso.
Mientras millones de personas sufrían las consecuencias de un sistema energético tensionado, dentro del regulador seguían moviéndose nombres, cargos y relaciones personales entre quienes deben vigilar y quienes deben ser vigilados. El capitalismo español tiene algo casi artesanal para esto. Lo hace todo en círculos pequeños. Como una élite de administración de fincas, pero manejando sectores estratégicos.
La legislación española obliga al personal público a abstenerse en asuntos donde exista vínculo matrimonial con personas interesadas en los procedimientos. También el código ético de la propia CNMC exige mantener independencia respecto a intereses empresariales. Pero la CNMC no aclara si Soto se ha inhibido en asuntos relacionados con el sector en el que opera el lobby de su marido. Tampoco aclara si comunicó formalmente esa relación a la Dirección de Control Interno.
Y ahí está el verdadero agujero.
Porque todo parece legal. Ajustado. Compatible sobre el papel. Como ocurre casi siempre con las puertas giratorias sofisticadas. Ya no hace falta que un exministro entre directamente en un consejo de administración cobrando 300.000 euros al año. Ahora basta con tejer redes de influencia permanentes entre reguladores, patronales y empresas mientras se mantiene la apariencia técnica y burocrática.
Más limpio. Más elegante. Más difícil de explicar en un titular. Pero igual de tóxico.
David Trebolle no es precisamente un recién llegado. Antes de ASEME fue director de Regulación de Magnon Green Energy, filial de biomasa de Ence, donde también realizaba tareas de “interlocución” con la CNMC. Antes pasó por Protermosolar. Y antes aún estuvo durante años en Unión Fenosa (hoy Naturgy), donde llegó a dirigir equipos de más de 30 personas.
También presume en LinkedIn de haber presidido trabajos en Eurelectric representando a 2.700 compañías europeas y de haber logrado un “ahorro” de 2.900 millones de euros para la industria en la redacción de los llamados códigos de red.
Ese es otro detalle importante. Cuando hablan de “ahorro para la industria”, normalmente no hablan de abaratar la factura a las familias trabajadoras. Hablan de mejorar márgenes empresariales. Hablan de facilitar rentabilidades. Hablan de proteger balances corporativos. El lenguaje tecnocrático sirve muchas veces para esconder decisiones profundamente políticas.
Y mientras tanto, la factura energética sigue siendo una máquina de extracción de riqueza de abajo hacia arriba.
El artículo revela también que el matrimonio comparte una decena de activos inmobiliarios cuyo valor superaría los tres millones de euros y que en poco más de un año incorporaron propiedades cercanas al millón de euros, incluido un dúplex frente al mar en Menorca adquirido en septiembre.
Todo legal, insistirán algunos. Claro. Ese es precisamente el problema. Que la legalidad hace tiempo que dejó de ser garantía de decencia política.
Porque cuando las instituciones públicas terminan colonizadas por personas cuya vida profesional, económica y relacional gira alrededor de las empresas que deben supervisar, el regulador deja de parecer un árbitro. Empieza a parecer un departamento más del sector energético.
Y luego se preguntan por qué tanta gente siente que el sistema está amañado desde dentro.
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