La exconsellera del PP en Mallorca, Pilar Bonet, ha reconocido ante la Audiencia Provincial de Balears que desvió 2,2 millones de euros cuando trabajaba en la filial de handling de una aerolínea. Tras admitir los hechos, ha aceptado la pena mínima posible: dos años y medio de prisión y una multa ridícula de 1.250 euros. También deberá devolver el dinero, aunque la sombra de la suspensión de la pena ya planea sobre el caso.
Lo sorprendente no es solo la cantidad desviada, sino la coartada. Bonet aseguró padecer un “trastorno de control impulsivo”, una adicción a las compras que la habría llevado a regalar compulsivamente objetos adquiridos con fondos ajenos. Una confesión adornada con informes médicos y tratamiento en Projecte Home que, lejos de ser un argumento ético, le ha servido para conseguir atenuantes.
El resultado es un clásico de la política española: la corrupción se juzga como un problema de salud personal y no como lo que es, un saqueo político y económico de manual.
El caso Bonet no es un hecho aislado. El PP balear lleva una lista interminable de dimisiones y ceses desde 2023, mientras gobierna junto a Vox y desmonta la Oficina Anticorrupción. La corrupción se acumula en paralelo al discurso de “normalidad institucional”.
El contraste es insultante. Quien roba millones se libra con una condena mínima y el aplauso de los suyos. Quien protesta en la calle, quien ocupa una vivienda para no quedarse en la calle, quien sobrevive como puede, conoce otra vara de medir: años de cárcel efectivos.
Aceptar la pena mínima no es asumir responsabilidades, es confirmar la impunidad.
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