NACIONAL | Mónica Oltra y el lawfare: cuando la justicia se convierte en arma política

El procesamiento de Mónica Oltra avanza pese a que ni el juez instructor ni la Fiscalía encontraron indicios de delito. ¿Error judicial o estrategia calculada para acabar con una dirigente incómoda?

La Audiencia de Valencia ha confirmado el procesamiento de la exvicepresidenta Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada. No importó que el juez instructor y el Ministerio Fiscal rechazaran la existencia de pruebas suficientes. No importó que el relato acusatorio se sostuviera más en titulares que en evidencias. La maquinaria judicial sigue adelante. Y la pregunta es inevitable: ¿se está utilizando la justicia como herramienta de destrucción política?

Una figura incómoda para los poderes de siempre

Oltra no fue una política cualquiera. Fue la voz más reconocible del cambio valenciano tras décadas de corrupción del PP. Fue quien denunció tramas, regeneró instituciones y puso en el centro políticas feministas, sociales y de protección de la infancia. Pero también fue —y sigue siendo— profundamente incómoda: para el poder conservador, para sectores judiciales reaccionarios y para una prensa que nunca le perdonó su irreverencia, su fuerza política ni su capacidad de conectar con la ciudadanía desde abajo.

Su imputación llegó tras meses de presión mediática encabezada por medios conservadores, y su dimisión fue el resultado directo de una campaña política y judicial con una narrativa muy clara: «la mujer del abusador sabía y no hizo nada». Una frase demoledora que aún hoy, sin pruebas ni condena, ha destruido su carrera y su reputación.

¿Qué es el lawfare y por qué se habla de ello?

El término lawfare proviene de la combinación de law (ley) y warfare (guerra). Es el uso instrumental del sistema judicial para destruir al adversario político. En lugar de confrontar ideas en el terreno democrático, se lanza una ofensiva judicial-mediática para hundir carreras, paralizar agendas y minar la credibilidad de líderes transformadores. Es una estrategia que no necesita condenas: le basta con la sospecha.

Lo vimos en América Latina con Lula da Silva, Cristina Fernández o Rafael Correa. Pero también en España: desde las causas contra Podemos sin base legal hasta la persecución del independentismo catalán, pasando por las querellas impulsadas por lobbies ultracatólicos contra activistas feministas.

Cuando el objetivo no es la verdad, sino el castigo

En el caso de Oltra, no solo se cuestiona la existencia de pruebas: también se ignora que las instituciones actuaron, que la menor fue escuchada y que el procedimiento se reabrió precisamente gracias a su cargo político. Aun así, la narrativa del encubrimiento fue más potente que cualquier dato.

Pero el mensaje que deja este procesamiento va más allá de ella: «Si te enfrentas al poder, acabarás imputada. Da igual que tengas razón». No es solo un ataque a una persona, es un ataque al derecho a gobernar desde la disidencia, desde lo incómodo, desde lo transformador.

¿Una democracia que castiga a quien la defiende?

Cuando una figura como Mónica Oltra puede ser llevada a juicio sin pruebas claras, lo que está en juego no es solo su futuro personal. Lo que peligra es el propio corazón de la democracia. El equilibrio de poderes, la presunción de inocencia, el derecho a ejercer la política sin miedo a ser aplastada por el sistema judicial.

En tiempos donde se criminaliza la protesta, se persiguen a activistas y se utilizan los tribunales como campos de batalla ideológica, el caso Oltra es una advertencia: no hay justicia posible en un sistema que convierte la ley en castigo selectivo.