Lo que ha vivido Lamine Yamal no es una anécdota ni un episodio aislado. Es la normalidad. Una normalidad incómoda que el fútbol español lleva años tolerando mientras mira hacia otro lado. Durante su jornada laboral —porque jugar al fútbol también es trabajo— ha tenido que soportar insultos racistas que no solo no se frenan, sino que se repiten con una impunidad alarmante.
Las imágenes recogidas en este vídeo de Spanish Revolution muestran con claridad lo que ocurre en los estadios: gritos, desprecio y una violencia verbal que apunta directamente al origen, al color de piel y a la identidad. Nada nuevo, pero sí cada vez más evidente.
Lo más preocupante no es solo que ocurra. Es que ocurre sin consecuencias. Porque mientras se repiten estos ataques, las autoridades responsables del fútbol español siguen actuando con una pasividad que ya no puede explicarse como incapacidad. Es una decisión.
La Liga de Fútbol Profesional apenas ha suspendido un partido en toda su historia por cánticos racistas. Uno. Y el motivo no fue la protección de una víctima racializada, sino algo tan grotesco como que una grada llamara “nazi” a un nazi. Ese fue el límite. Ese fue el momento en el que se decidió intervenir.
La comparación es demoledora. Cuando el insulto incomoda al sistema, se actúa. Cuando el insulto cae sobre jugadores como Lamine Yamal, se relativiza, se minimiza o directamente se ignora. No es falta de herramientas. Es falta de voluntad.
Porque si algo ha demostrado el fútbol moderno es que tiene capacidad para parar partidos por múltiples razones: desde incidentes en la grada hasta cuestiones de seguridad. Sin embargo, cuando el problema es el racismo, la reacción desaparece. O peor aún, se diluye en comunicados ambiguos y sanciones simbólicas que no cambian nada.
La pregunta ya no es si el fútbol español es racista. La pregunta es más incómoda: ¿lo son quienes lo gobiernan? Porque permitir que esto ocurra una y otra vez implica asumirlo como parte del espectáculo. Y cuando se normaliza, se convierte en estructura.
Hace unos días, Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, dejaba entrever una de las claves del problema: el entorno. Un entorno que no solo tolera, sino que reproduce estos comportamientos. Que no corta de raíz porque hacerlo implicaría enfrentarse a una parte de su propia base social y económica.
Y ahí está el núcleo del conflicto. El racismo en el fútbol no es solo una cuestión de aficionados. Es un fallo sistémico. Es la consecuencia de una estructura que prefiere proteger el negocio antes que a las personas. Que mide las decisiones en términos de impacto económico y no de derechos humanos.
Mientras tanto, jugadores como Lamine Yamal siguen saliendo al campo sabiendo que, además de competir, tendrán que resistir. Resistir insultos, miradas y una violencia que nunca debería formar parte del deporte. Y lo hacen sin la protección real de quienes deberían garantizarla.
Porque el problema no es que el racismo exista en las gradas. El problema es que, desde arriba, se permite.
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