La exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona ha afirmado este lunes en Les Corts Valencianes que no conocía a la empresa de publicidad Crespo Gomar ni ninguna persona del PSPV o del PSOE le habló de ella, «ni a la inmensa mayoría de empresas que tenían contratos de mayor o menor entidad con Acuamed».

Narbona, en declaraciones en la comisión del parlamento valenciano que investiga la financiación electoral del PSPV y Bloc en 2007 y 2008 a través de adjudicaciones a la empresa Crespo Gomar, ha afirmado que, como responsable política, ha tenido que «escuchar improperios» que hace tiempo que no le «afectan» y que no ha tenido que «avergonzarse» de sus responsabilidades públicas.

Ante el anuncio del PP en el Senado de que quieren plantear a la Fiscalía si mintió en el Senado al decir que no tuvo conocimiento de ningún reparo por parte de la Intervención general del Estado sobre los contratos de publicidad, la exministra ha señalado que se refieren a un informe posterior, a cuando dejó el ministerio.

En dicho informe, ha recordado, la Intervención del Estado no considera que forme parte del objeto social de Acuamed llevar a cabo contratos de publicidad», una opinión que «ni siquiera recibe un alegación de Acuamed porque no se considera relevante y la intervención no ha vuelto a suscitar».

Narbona se ha reafirmado en que mientras ocupó el cargo de ministra de Medio Ambiente no recibió de la Intervención del Estado ni de la Abogacía del Estado «la menor advertencia de que Acuamed estuviera desarrollando su labor de manera inadecuada» en relación con los contratos de publicidad.

La exministra ha recordado que «ningún ministro está en las mesas de contratación» de una sociedad estatal. «Ni estuve yo ni estuvo Miguel Arias Cañete después obviamente», ha indicado, ya que «no es trabajo de los ministros».

En estas empresas, ha recordado, había unos órganos de control, primero un consejo de administración de Acuamed en el que el secretariado lo ocupaba un abogado del estado, y una comisión de auditoría donde estaba tanto un abogado del Estado como un representante de la Intervención General del Estado.

Preguntada por los miembros de la comisión sobre el gasto de 7,5 millones de euros en publicidad de Acuamed ha indicado que «aunque no estaba en el día a día de Acuamed» sí que tenía conversaciones con las grandes empresas del sector, que le trasladaron que «lo que estaba haciendo el PP, descalificando las aguas desaladas» les estaba haciendo mucho daño, y querían llevar a cabo alguna iniciativa. Ante esta situación, les dijo que hablaran con Acuamed, que era la empresa que llevaba el programa Agua.

La exministra ha sacado a colación declaraciones como la del dirigente popular, Esteban González Pons, quien afirmó que las plantas desaladoras eran «las centrales nucleares del mar» y ha criticado las «permanentes descalificaciones» de los populares a este plan.

Ha desvelado asimismo que durante su primera visita como ministra de Medio Ambiente a la Comunitat tuvo conocimiento de que el entonces president de la Generalitat, Francisco Camps, «amenazó» a las personas con las que se iba a reunir, entre ellas los rectores de las universidades públicas y empresarios. «Me dijeron que tenían orden de Camps de atacarme a muerte», ha afirmado.

Narbona ha recordado que no está siendo investigada en el caso Acuamed, al igual que ninguno de sus colaboradores en su etapa de ministra que han acudido como testigos y que no ha sido llamada a declarar por ningún juez.

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