Enero de 2021 comienza con un aumento de 76.216 personas en el registro de los datos del paro registrado, según señala el Servicio Público de Empleo. A fin de enero había 3.964.353 personas en desempleo, lo que implica un crecimiento mensual del 1,96%, y una subida anual del 21,84% (710.500 personas más en el registro desde enero de 2020).

Las cifras publicadas para este primer mes del año reflejan un aumento moderado y sostenido del desempleo, tendencia que se observa desde la finalización del periodo estival. Este aumento se ha producido en el caso de los hombres (1,68%), pero aún más en el caso de las mujeres (2,17%).

En términos de empleo en el mes de enero la afiliación cae en -218.953 afiliados, si bien teniendo en cuenta la serie desestacionalizada, la afiliación crece en 39.814 personas.  Por otra parte, se produce un sostenimiento de personas que se encuentran en situación de ERTE (738.969), que como se ha probado desde abril, han sido una herramienta esencial, fruto de los acuerdos entre el Gobierno, los sindicatos y las asociaciones empresariales, para mantener la renta de personas en una situación laboral vulnerable y evitar la destrucción del empleo. Su extensión vía Acuerdo Social hasta el 31 de mayo, así lo prueba.

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En lo que concierne al número de contratos registrados, ha habido un descenso mensual (del -3,89%) debido a la finalización de contratos temporales por la campaña navideña, así como a las restricciones impuestas como consecuencia de la tercera ola de contagios, lo que está limitando la contratación en este inicio de 2021.

Del cómputo total de contratos que se han llevado a cabo, un 9,5% son indefinidos. Además, un 27% son a tiempo parcial y solo 6 de cada 100 son indefinidos a tiempo completo. Los contratos de las modalidades de obra y servicio y eventuales circunstancias de producción absorben un 80% de la contratación total, lo que supone una inestabilidad laboral para el grueso de los trabajadores y trabajadoras contratadas.

Yolanda Díaz

Recuperar los derechos laborales perdidos

La Reforma de la legislación laboral en España en 2012 fue aprobada por el Consejo de Ministros de España, en su reunión del 10 de febrero de 2012, a través de un Real Decreto-ley, y modificó la anterior reforma laboral aprobada en septiembre de 2010.

Para UGT, a las puertas de este aniversario de la reforma laboral, es el momento de avanzar en la agenda política pendiente para aplicar con contundencia medidas que recuperen los derechos laborales perdidos. La derogación de la reforma laboral, prioritariamente de sus aspectos más lesivos, junto a la revalorización del SMI, deberán ser objeto de diálogo con el Gobierno de manera inmediata.

Por su parte, las políticas activas de empleo y los Servicios Públicos de Empleo jugarían un papel protagonista en este sentido, si son impulsados por la mayor dotación de recursos procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia, como reclama UGT.

Por su parte, las políticas activas de empleo y los Servicios Públicos de Empleo jugarán un papel protagonista en este sentido, impulsados por la mayor dotación de recursos procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia. Plan que, sólo tendrá éxito en su cometido, si recoge las demandas de los agentes sociales y económicos.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto al de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El Gobierno ofrece negociar «pronto» la derogación

La convocatoria de los sindicatos para movilizarse contra el Gobierno el próximo 11 de febrero ha movido al Ejecutivo a ofrecerles la derogación parcial de la reforma laboral en una negociación que se abrirá «pronto».

El compromiso es «equilibrar» las relaciones laborales en el seno de las empresas e incluye la lista de demandas que los sindicatos han calificado como los «aspectos más lesivos» de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Trabajo pondrá sobre la mesa regresar a la ultraactividad de los convenios, evitando así que decaigan si no hay un acuerdo de renovación; variar las relaciones actuales entre los convenios sectoriales y los convenios de empresa; limitar la capacidad empresarial de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo y avanzar hacia la equiparación de las condiciones laborales para los trabajadores de las empresas subcontratadas respecto a las que tienen los trabajadores de la empresa principal.

El documento de compromisos de reforma que se ha trasladado a la Unión Europea y que ha sido facilitado a los agentes sociales para su análisis propone 17 objetivos. Entre ellos figuran acabar con la temporalidad en la contratación, convertir en elementos permanentes de la regulación laboral los ERTE que han amortiguado el impacto del Covid o modernizar todo lo referido a políticas activas de empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), totalmente superado por esta crisis.

Fuentes: UGT, Lamoncloa.gob.es, El Mundo