Erradicar las violencias machistas se ha convertido en una emergencia que implica y compromete a todas las personas a título individual y colectivo, a instituciones, poderes públicos y a organizaciones y agentes sociales, a representantes de personas trabajadoras y al empresariado, es decir toda la sociedad y en todos los espacios en los que vivimos o participamos, nos relacionamos o trabajamos.

Sentimos una gran impotencia ante el goteo de feminicidios machistas que, por desgracia, conocemos casi cada día. A lo largo del 2019 han sido asesinadas en España 55 mujeres por hombres que eran sus parejas o ex parejas. Asesinatos que se suman al resto de feminicidios machistas según Feminicidio.net y que desde el 1 de enero de 2003, año en el que se recogen datos oficiales, alcanzan la espeluznante cifra de 1.034 mujeres y 35 menores (desde el 2013 hasta hoy).

Vídeo Recomendado:

Cifras duras y dolorosas de las violencias machistas que son la punta del iceberg ya que las violencias que se ejercen contra las mujeres por el hecho de serlo, y a sus hijas e hijos también por serlo, afecta a 1 de cada 3 mujeres, en nuestro país, por tanto desconocemos el 80% de las situaciones de violencias machista que sufren las mujeres cada día, los 365 días del año.

Detrás de estos datos, que no dejan de ser fríos, se encuentran miles y miles de mujeres de las cuales con más frecuencia de la que nos pensamos, conocemos sus nombres y apellidos, y quizá detalles de sus vidas, porque son mujeres de todas las edades situaciones y condiciones que viven en nuestras familias, en nuestras comunidades, que participan en nuestras entidades, que estudian con nosotras, que trabajan en nuestros centros de trabajo, que participan en nuestro barrio, en nuestra aldea, en nuestra comunidad.

A menudo nos preguntamos si se puede hacer más o si podemos hacer más. Hace tiempo que exigimos a los poderes públicos que hagan más y mejor sobretodo en el terreno de la prevención, la coeducación, la atención, la detección precoz, el apoyo y acompañamiento a las mujeres, así como garantizar el acceso a vivienda, a ingresos, a la seguridad y a la justicia. Es obvio que la erradicación de las violencias machistas es una cuestión de Estado y debe cumplir con la propia legislación y con toda aquella derivada del derecho internacional y europeo como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Convenio de Estambul. Los poderes públicos tienen las competencias y la obligación de llevar a cabo todas aquellas políticas públicas que, de manera eficaz y efectiva, puedan prevenir, atender y apoyar a las mujeres que se encuentren en una situación de violencia machista.

Pero luchar por erradicar las violencias también nos implica como ciudadanía. Ya en la Plataforma para la Acción de Beijing (1995) hace 25 años se planteaba que la mejor estrategia para eliminar las violencias contra las mujeres es la estrategia global, transversal, aquella en la que se implica al conjunto de nuestra sociedad, sus organismos, administraciones y a todas las organizaciones e instituciones.

Txefe Betancort

El ámbito laboral, con todos sus elementos e instrumentos, también es parte de la sociedad, por tanto, puede y debe erigirse como un espacio prioritario desde el que luchar de manera integral y efectiva contra las violencias machistas.

El marco de las relaciones laborales es un espacio con un gran potencial, la negociación colectiva afecta a millones de personas trabajadoras, las empresas pueden ser claves para prevenir, atender o acompañar a mujeres que se encuentran en situación de violencia machista. El lugar de trabajo puede ser un espacio amable y seguro para que las mujeres en situación de violencia tengan recursos para vivir libres de violencias. Leyes orgánicas como la 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres o la 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, el propio Estatuto de los Trabajadores, así como de diversas leyes autonómicas, sitúan la corresponsabilidad de las empresas en ese compromiso compartido y transversal implicando a toda la plantilla, desde la Representación Legal de las y los Trabajadoras (RLT) hasta la dirección.

El valor de la negociación colectiva comprometida con la igualdad radica en intentar ir más allá de lo que las leyes nos obligan. Las comisiones de igualdad, los planes y los protocolos son buenos recursos y multiplican su efectividad si son fruto de la concertación.

El pasado 22 de noviembre en la fábrica de Martorell la Comisión de Igualdad de SEAT SA firmaba el Protocolo sobre la protección de las víctimas de violencia de género en SEAT. Le preceden ejemplos como el de Pronovias o el Hotel Vela, pero podemos afirmar que es el primero de estas características en una empresa de estas dimensiones y de un sector eminentemente masculinizado.

Aparecen como objetivos el de: “Prevenir y combatir las violencias de género y garantizar el ejercicio de los derechos laborales (…) Promover y proteger el derecho (…) a vivir a salvo de la violencia, tanto en el ámbito laboral, como en el privado (…) Sensibilizar a trabajadores y trabajadoras de SEAT SA para que adopten una actitud proactiva para la erradicación de esta lacra (…) e Informar y formar a los trabajadores y trabajadoras de los derechos laborales que amparan a las víctimas de violencia de género”.

Se recogen todas aquellas medidas previstas tanto en la ley orgánica de la violencia de género como la reducción de jornada, reordenación del tiempo de trabajo, el cambio de centro de trabajo en la misma localidad o el traslado a otra distinta, la suspensión del contrato con reserva del puesto, el derecho a percibir prestaciones por desempleo si la trabajadora así lo estima necesario o la misma extinción del contrato y derecho a la prestación por desempleo, la justificación de las ausencias y retrasos.

Pero también se acuerdan medidas propias de protección como poder disponer de un teléfono de la empresa o acceder con coche propio a las dependencias, medidas de asistencia médica, social y legal, medidas de movilidad propias como cambio de centro de trabajo, traslado, reserva del puesto, suspensión si así lo prefiere la trabajadora sin trabas, una compensación por años de servicio, de ayudas económicas por cargas familiares y por cambio de domicilio, complemento por prestación de incapacidad temporal derivada de la situación de violencia, un fondo social, préstamo de vivienda, anticipos de salario y todo para facilitar la recuperación y la reparación.

Quizás tengamos que esperar tiempo para erradicar la violencia machista porque es estructural y requiere de soluciones también estructurales pero para llegar a ese escenario tenemos que avanzar desde el compromiso en todos los espacios donde vivimos, trabajamos e interactuamos como sociedad.

Alba Garcia Sanchez es secretaria de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya.