Negocios y derechos humanos

Adolfo Muñoz «Txiki»
Secretario general del sindicato ELA

Provoca asco. Se les llena la boca con eso del apoyo a las víctimas y, fundamentalmente, es hipocresía. Si el asesino compra armas y vende petróleo; si es poderoso, las víctimas son algo secundario. A pesar de la crueldad con la que se cometió el asesinato de Khashoggi en un consulado turco. Son negocios. Se gana mucho dinero matando inocentes. Y, por encima de pisotear derechos humanos básicos, hay que defender el negocio.

En Yemen, Arabia Saudí mata a miles de personas usando bombas españolas. El ministro Sr. Borrell dijo que esas bombas no causaban daños “porque eran inteligentes”. Lo más probable es que ese ministro piense: “eso sucede lejos; además, la memoria es frágil y las noticias efímeras. Pronto se olvida todo”. Las víctimas les importan si sirven para justificar sus intereses. Quizás por eso en el Estado español condecoraron a asesinos y torturadores que actuaron en el Palacio de La Cumbre en Donostia -con igual grado de crueldad que en Turquía con Khashoggi- o en la Dirección General de Seguridad en Madrid, o en Intxaurrondo. Las víctimas de esos funcionarios del Estado no eran importantes. Todo eso sucedía cuando gobernaba el PSOE y, en algunos casos, siendo ministro el propio Borrell.

El Tribunal Supremo español, por su parte, ha decidido enmendarse a sí mismo porque la sentencia sobre las hipotecas suponía “una enorme repercusión económica y social”. Debe de ser que los desahucios favorecen la cohesión social porque sobre eso no han dicho nada. Lo han decidido de un día para otro. ¡Qué celeridad cuando se trata de la banca! Esos jueces han sido colocados por la derecha española más rancia para asegurar sus decisiones. Llámese “Doctrina Botín”, la cárcel para los impulsores del procés en Cataluña, o la negativa a revisar la política penitenciaria para los presos y presas vascas. En el Estado, cuanto más arriba subes en el escalafón judicial, más posibilidades tienes de encontrarte con amigos de Aznar. La derecha, cuando ha gobernado, ha colocado a su gente en las instancias judiciales más importantes: Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial… Es así como imponen criterios, más allá de la propia ley si es preciso y, lo que no es menos importante, trasladan la autocensura al resto de jueces para convertir la independencia judicial casi en un acto heroico.

El nuevo Gobierno español dice sobre el tema catalán que“no puede inmiscuirse en la justicia porque hay que respetar su independencia”. Es una broma. La marcha atrás del Tribunal Supremo en el tema de las hipotecas demuestra que, si quieren, no hay problema. Quizás por eso los neofascistas en diversos países de Europa quieren copiar el sistema judicial español.

A varios magistrados del Tribunal Supremo se les conoce como el GAL (Grupo de Amigos de Lesmes, el presidente que debe el puesto a su afinidad con el PP). Lo desvelaba Ernesto Ekaizer. ¡Viva la independencia judicial! Pues bien, los dos GAL, el que asesinaba y el que ahora tapa responsabilidades políticas, y el que quiere exonerar a la banca del pago en las hipotecas, obedecen al mismo objetivo por medios distintos: defender los intereses de un Estado autoritario e involutivo al servicio del IBEX-35. Eso sí, insistirán para que no pongamos en duda que todos y todas somos iguales ante la Ley. Les va mucho en ello.

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