El 9 de septiembre, al menos 19 jóvenes fueron asesinados y más de 300 resultaron heridos en Katmandú y otras ciudades de Nepal. La chispa fue un decreto que ordenaba a 26 plataformas digitales —Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, X— registrarse localmente bajo amenaza de bloqueo. El gobierno de KP Sharma Oli ejecutó la censura con el pretexto de la recaudación fiscal, pero la mecha encendió mucho más que la ira por unos teléfonos en silencio.
Las redes sociales eran su oficina de empleo, su ágora, su fuente de información y su refugio. Cerrarlas equivalía a negarles el último espacio de dignidad en un país donde la economía se sostiene sobre el éxodo laboral y el envío de remesas. En el año fiscal 2024/25, 839.266 permisos de salida fueron expedidos para que jóvenes abandonaran Nepal rumbo a empleos precarios en el Golfo, Malasia o Corea. Es un número obsceno para una población de apenas 30 millones.
Lejos de ser motor de progreso, la economía se ha convertido en una máquina de exportar mano de obra barata. Un 33% del PIB depende de remesas. Cada despegue en el aeropuerto de Katmandú es un plebiscito silencioso: la juventud vota con los pies porque no hay futuro dentro. En ese contexto, la censura digital se percibió como lo que era: un castigo colectivo que apuntaba directamente al corazón de una generación.
El desenlace fue tan rápido como brutal. Hubo toque de queda, represión con balas de goma, gases lacrimógenos y munición real, dimisión del ministro del Interior y, finalmente, la caída del propio primer ministro. Pero la crisis no se explica solo por la torpeza de un decreto. Se trata de una implosión política del llamado “campo de izquierdas” nepalí, corroído por facciones, pactos de conveniencia y la incapacidad de ofrecer algo más que clientelismo.
El Partido Comunista de Nepal (UML), que llegó al poder prometiendo justicia social, ha terminado aplicando recortes impuestos por el programa de crédito del FMI y gobernando con la lógica de la austeridad. Subidas de combustibles, impuestos regresivos y corrupción permanente. Cuando un gobierno que se llama de izquierdas reprime a estudiantes, precariza el empleo y clausura espacios de debate, entrega la legitimidad en bandeja a las corrientes más reaccionarias: el monarquismo y el populismo autoritario.
Los jóvenes que salieron a la calle no pedían solo volver a usar WhatsApp. Pedían empleo, fin de la corrupción, un horizonte de dignidad. La protesta fue horizontal, desbordó a partidos y sindicatos, y recordó a las movilizaciones de Bangladesh y a la revuelta de Sri Lanka en 2022. La consigna no era tecnológica, era existencial: basta de robarles el futuro.
Amnistía Internacional exigió una investigación independiente sobre el uso de munición real contra manifestantes. Pero aunque se identifique a los responsables materiales, la responsabilidad política ya está clara: la izquierda institucional ha fallado en garantizar trabajo y dignidad, y con ello ha dinamitado su propio suelo moral.
Nepal queda así atrapado en el peor escenario: dependencia externa, fuga de cerebros y jóvenes que, si se quedan, solo encuentran la calle como espacio de resistencia.
La Generación Z nepalí ha dejado un mensaje claro. Si no hay empleo ni dignidad, habrá revuelta.
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