[La incuria del gobierno en materia sanitaria y sus métodos autoritarios suscitan en una parte creciente de la población una desconfianza creciente y una oposición frontal. Esto se concreta en importantes manifestaciones contra el pase sanitario y las amenazas que esgrime el poder contra el mundo del trabajo y los sectores más precarios. Publicamos a continuación dos artículos que analizan la situación  y proponen una orientación desde un punto de vista anticapitalista.]

Las manifestaciones desencadenadas por los decretos que imponen el pase sanitario obligatorio y que denuncian los métodos policiacos de Macron y Blanquer, el chantaje de los despidos y de suspensión de empleo y sueldo, están justificadas. Pero los aspectos contradictorios de estas manifestaciones imponen a todas luces plantear una lógica global con respecto a la acción que es preciso impulsar contra la pandemia.

Esto comporta dos preocupaciones complementarias:

  • la relativa a una política de salud pública y de vacunación general de la población para combatir la covid-19 y protegerse de ella. Es la exigencia de una política sanitaria que no se proponga únicamente evitar las hospitalizaciones y la saturación de las unidades de reanimación, sino una política de cero covid que busque erradicar la pandemia en Francia y en el mundo (como ha sucedido prácticamente con otras pandemias). De ahí la relación con la campaña para la liberación de las patentes, cuando los países de Europa y de América del Norte han acaparado el grueso de las dosis, protegiendo a las multinacionales farmacéuticas y bloqueando el acceso gratuito a las vacunas por parte de los demás continentes;
  • la relativa al rechazo de la política de Macron y del pase sanitario, de una vacunación declarada indirectamente obligatoria de forma hipócrita y culpabilizadora, para el personal de cuidados, el alumnado de los institutos y los espacios de ocio, con la amenaza de suspensión del contrato de trabajo y de despido, que en la práctica se mantiene con la ley. Política policiaca y criminalizadora que convierte el control mediante el pase sanitario en una cuestión de orden público y control policial y que, además, da la espalda a una verdadera política de vacunación y de sanidad pública que debe abordar a las poblaciones menos vacunadas y, en muchos casos, más en riesgo. Peor aún, la política del pase sanitario y de las pruebas PCR de pago genera una dinámica de elusión, llevando a la gente enferma a ocultar su estado, o a procurarse falsos pases sanitarios, o a dejar de ir a hacerse pruebas o solicitar atención médica, incluso para otras enfermedades.

El gobierno y los antivacunas presentan estas dos exigencias como simétricamente contradictorias, de modo que quienes están a favor de la vacunación general han de tomar partido forzosamente por la obligatoriedad del pase sanitario y quienes se oponen al pase sanitario obstaculizan el imperativo de la vacunación en nombre de la libertad individual.

Debemos rechazar este esquema binario y posicionarnos a la vez

  • a favor de que los servicios públicos de la sanidad y la protección social organicen una vacunación general contra la covid-19 (incluida la gente más joven)
  • y por el rechazo de los métodos policiacos y autoritarios del gobierno, que engrosan el sistema securitario y policial desarrollado por Macron y sirven de sustituto de una campaña de vacunación organizada.

No se puede rendir culto a la vaguedad con respecto a una u otra de estas posiciones. Hay que gestionarlas, inclusive en las manifestaciones, tratando al mismo tiempo de propiciar una dinámica política progresista de las reacciones y movilizaciones actuales contra el pase sanitario y las medidas gubernamentales, manifestaciones que seguirán produciéndose en las próximas semanas (a pesar de hallarnos en agosto y de la entrada en vigor del pase). Todo ello sobre la base, en particular, del llamamiento unitario contra las medidas del gobierno.

Para no andar con rodeos, hemos de decir claramente que estamos a favor de llevar a cabo, mediante una campaña sistemática, la vacunación colectiva de toda la población contra la covid-19 (y por tanto también de prolongar esta campaña mediante los recordatorios necesarios durante el otoño…), a fin de lograr que los contagios sean lo más marginales posible. Esto supone una organización sistemática de la vacunación (cuando esta se basa actualmente sobre todo en un enfoque individual, en particular mediante la concertación de citas por internet en Doctolib), a través de una política activa de los servicios sanitarios y de la Seguridad Social, dirigida a las personas no vacunadas, a las poblaciones y las generaciones que menos se han vacunado, organizando campañas, sin culpabilizar ni amenazar a nadie, sino con la transparencia, la información y la convicción necesarias. No es una cuestión policial ni se trata de un chantaje con el empleo o la educación.

Una gran mayoría de la población está a favor de vacunarse y el retraso de Francia con respecto a la media de la UE en el número de personas vacunadas se debe más a la falta de organización y de medios que a la parte reticente de la población. No hace falta reproducir la lista de errores del gobierno, que este trata de ocultar continuamente mediante pretextos falaces, la falta de mascarillas, de tests, de vacunas, de organización de la vacunación masiva. Por ejemplo, hasta comienzos de abril no se abrieron 35 grandes centros de vacunación (tildados previamente de vacunódromos por el gobierno); hasta el 16 de abril, las personas menores de 70 años sin factor de comorbilidad no podían solicitar cita para vacunarse (!!!!); hasta el 15 de junio, las personas de 12 a 17 no podían vacunarse. Asimismo, recordamos la insistencia en afirmar durante meses que la gente joven no estaba en riesgo, justificando la ausencia de verdaderos protocolos sanitarios en las escuelas e institutos. Al filo de los meses, el propio gobierno ha abundado con complacencia en las reticencias a la vacunación general de la población, en vez de decir claramente que había que organizar la vacunación global para combatir al virus.

No somos agnósticos en lo tocante al papel de las vacunaciones en las políticas de salud. No es una opción individual, una opinión sujeta a la libertad y la decisión de cada persona. Es una cuestión de salud pública. Siempre ha sido así (salvo contraindicación médica de la vacunación) y las vacunaciones infantiles nunca ha sido objeto más que de rechazos marginales (incluida la ampliación a las once vacunas hace cuatro años, que se llevó a cabo de la misma manera autoritaria con plena complacencia con las multinacionales farmacéuticas y sin ningún debate democrático sobre la utilidad de las nuevas vacunas y la utilización del personal  auxiliar).

Sin embargo, la pandemia de covid-19, que ya dura 18 meses, los tratamientos y las vacunas han alimentado ‒especialmente en Francia con los malos hábitos de Macron‒ el escepticismo y favorecido las tesis conspiranoicas y antivacunas. Si estas alcanzan más allá de los medios habituales, quiere decir que las tesis conspiranoicas (muy en boga entre el personal asalariado, incluso en nuestros entornos sindicales) se han visto reforzadas por todos los desvaríos de la comunicación gubernamental, las declaraciones y decisiones contradictorias de  Macron, Castex y compañía.

Pero también es el efecto bumerán de la falta de transparencia y de asociación de la población en todo lo relacionado con la covid-19, del afán de lucro de las multinacionales farmacéuticas, a menudo en detrimento de la salud de las y los pacientes, de los escándalos generados por la comercialización o la utilización contra natura de diversos medicamentos, como Mediator, la nueva fórmula de Levothyrox y Distilbène, y la inacción de las autoridades en estos asuntos. Lo mismo ocurre con el escándalo de la clordecona en las Antillas, que ha alimentado las reticencias de una parte de la población con respecto a la vacunación. Todo ello ha erosionado en gran medida la credibilidad de las comunicaciones gubernamentales en el terreno médico, en combinación con la falta de transparencia y de una política realmente independiente con respecto a la industria farmacéutica.

Finalmente, la cacofonía de la comunicación científica ha permitido que determinadas redes sociales y cadenas como CNews y BFM generen una nebulosa y ausencia de referencias racionales en una parte de la población, donde ninguna voz ni ninguna información deviene más creíble que otra. De manera general, la pérdida de credibilidad de la dirección política, la desorganización y la penuria de medios de los servicios sanitarios y de la Seguridad Social, su alejamiento físico creciente de la población, combinados con la debilidad de un movimiento social y obrero, capaz de hacerse oír, acentúan este fenómeno.

Por tanto, es esencial que se haga oír una voz clara y audible en relación con las cuestiones de salud pública. Es preciso que se relacionen las exigencias en este terreno con la lucha por una sociedad basada en los bienes comunes, en la gestión pública y transparente de todas las producciones y servicios vitales para la población. Esto se refiere tanto al ámbito de la salud como al del transporte y la energía. Asimismo, la pandemia saca a la luz las condiciones de vida de las clase populares, concentrando varios factores que agravan la vulnerabilidad a los virus y las enfermedades en general (hábitat, alimentación, trabajo penoso, violencias familiares). Esta vulnerabilidad es sin duda consecuencia de un sistema económico y político.

Todas estas cuestiones están relacionadas e imponen todavía más el rechazo a culpabilizar a las poblaciones explotadas y oprimidas a las que se responsabiliza de su menor protección vacunal que la de las clases dominantes o acomodadas. Ahora, si las manifestaciones reúnen a muchas personas hostiles a la idea de vacunarse, con intentos de los antivacunas y la extrema derecha de capitalizar la protesta, también atraen a sectores, a menudo combativos, de personas que ya están vacunadas o que pretenden vacunarse, pero que rechazan los dictados de Macron y combaten al gobierno y su política autoritaria y policiaca.

Es sin duda una cuestión de salud pública, de protección del conjunto de la población contra este virus. Es una cuestión colectiva que concierne a toda la sociedad, tal como ha sido y sigue siendo todavía a escala mundial la lucha contra las epidemias mortales. Fue sin duda el descubrimiento de la vacunación por el médico inglés Jenner, a finales del siglo XVIII, el que permitió erradicar la viruela. La poliomielitis, la difteria, el sarampión, el tétanos, la tuberculosis han dejado de ser un flagelo gracias a las vacunas. Siempre nos hemos pronunciado a favor de políticas sanitarias y profilácticas organizadas para proteger a la población. Las vacunas infantiles forman parte de estas políticas.

Por consiguiente, no compartimos la lógica antivacunas, la combatimos y estamos a favor, por el contrario, de que el conjunto de la población del planeta tenga acceso rápida y gratuitamente a las dosis necesarias para protegerse, evidentemente bajo control público y transparente de los productos comercializados. En el estado actual de los conocimientos disponibles, las vacunas anticovid comportan una eficacia masiva real y no encierran riesgos particulares en comparación con otras vacunas. Claro que no hay que negar que tengan posibles efectos secundarios benignos o más graves, pero que no guardan relación con las cifras catastróficas anunciadas en las redes sociales por los antivacunas, que apuntan e tales riesgos para rechazar las vacunas, y algunos de ellos son antivacunas en términos absolutos.

Han existido y siguen existiendo polémicas idénticas en relación con todas las demás vacunas, la de la viruela, la hepatitis B, la tuberculosis… Con campañas de vacunación que chocaron con verdaderos problemas, limitados, pero reales… Como con respecto a muchos medicamentos, a actos médicos o a la propia hospitalización con las enfermedades nosocomiales. Esto refuerza la necesidad de controlar y limitar estos efectos secundarios, de crear un sistema de salud pública sólido y equipado, de la socialización de las multinacionales farmacéuticas, de una farmacovigilancia pública e independiente de la industria farmacéutica… Pero esto no debe llevarnos al campo de los vacunoescépticos.

Por lo demás, todos los informes epidemiólogos previenen (y ya prevenían antes de 2020) que con la facilidad de los transportes internacionales, humanos y comerciales, las consecuencias de la urbanización, de las desforestaciones y de los cambios climáticos, así como con la situación sanitaria y habitacional de las clases populares en muchos países, cabe prever que se produzcan nuevas catástrofes sanitarias, especialmente a través de zoonosis como la de la covid-19. Tantas más razones para hablar claro y ser coherentes. En este sentido, la lucha contra las pandemias y la lucha contra los cambios climáticos y los desastres de la globalización capitalista están relacionadas de forma directa y duradera.

La hipocresía del gobierno se pone de manifiesto cuando oculta la necesidad de una verdadera política de salud pública, dotada de los medios necesarios, y de la vacunación general, y atribuye al personal de cuidados y a la juventud la responsabilidad de detener la cuarta ola, impulsando así una campaña urgente para  hacer bajar la curva contra estos sectores de la población.

Sin embargo, desde hace meses, la situación exige, en vez de organizar controles policiales y esgrimir amenazas de multas, suspensiones salariales y despidos, la vacunación colectiva, tanto en nuestro país como en el mundo entero, con una campaña de salud pública, especialmente de cara a los sectores más precarios: organizar en los barrios populares y entre las personas mayores visitas del personal sanitario y de los servicios sociales para informar y acercar las vacunas a quienes tienen menos posibilidades de acceder a ellas, con la contribución de los servicios de la Seguridad Social (con el personal y los medios necesarios) y garantizar de un modo duradero un sistema sanitario que proteja a la población de nuevas epidemias, con camas y personal suficientes en los hospitales y en todos los servicios de protección social.

La cuestión de la vacunación colectiva nos remite directamente a los males generales o agravados por el sistema capitalista: la degradación de la cobertura hospitalaria, con la falta de camas y de personal sanitario, la falta de personal de los servicios sociales en las colectividades territoriales, la situación precaria de las residencias de personas dependientes, de las que la mitad son privadas, y el mantenimiento de la producción farmacéutica en el sector privado. En departamentos como Seine-Saint-Denis, la penuria de servicios sociales es patente ante la ausencia de medios para que poblaciones precarias puedan acceder a las vacunas. Finalmente, la cuestión de la respuesta práctica y económica al aislamiento sigue estando pendiente. Las condiciones habitacionales de gran parte de las familias de las clases populares hacen que todo confinamiento domiciliario sea inoperante y nadie asuma los gastos hoteleros o de las residencias dedicadas.

Macron ha decretado la obligación de vacunarse para determinadas profesiones, estigmatizando a bombo y platillo al personal de cuidados irresponsable e imponiendo el pase sanitario para acceder a los lugares de ocio (bares, restaurantes, viajes en tren o avión) y centros comerciales, clientes y comerciantes. Enseñantes, policías, militares, personal ferroviario y aéreo (salvo auxiliares de vuelo) y carteros y carteras todavía no están obligadas a vacunarse. Con razón, los sindicatos de la sanidad se han rebelado ante esta estigmatización, una medida adoptada por un gobierno que pocos meses antes obligaba al personal de cuidados con resultado positivo en las pruebas, pero asintomático, a seguir acudiendo al puesto de trabajo. Asimismo, los sindicatos SUD Santé y CGT, al tiempo que rechazan la estigmatización del personal de cuidados, multiplican las exigencias de una política de salud pública que esté a la altura de luchas contra esta pandemia… ¡y las zoonosis del futuro!

De manera inmediata y de cara a las próximas semanas, está claro que hay que avanzar hacia la vacunación colectiva en Francia y asegurar la liberación de las patentes, la producción y la gratuidad de las vacunas, para que todas las regiones del mundo que no tienen acceso a las vacunas dispongan de ellas rápidamente. Personal, camas y servicios en número suficiente. Una política de salud pública que compense todos los recortes realizados de los servicios sanitarios en las colectividades locales.

Luchar por la vacunación colectiva contra la covid-19, como medida de salud pública y no como libre opción individual, no quiere decir que se imponga hoy la vacunación obligatoria contra la covid-19, que, al adquirir carácter legal, también tendría carácter penal y represivo. Asimismo debemos combatir la vacunación obligatoria hipócrita de Macron, quien da la espalda a una campaña de vacunación colectiva.

No se puede soslayar la cuestión de estar a favor o en contra de la vacunación colectiva contra la covid-19 como medida de salud pública encaminada a proteger al conjunto de la población. Del mismo modo que, en general, no se puede evitar tomar postura a favor o en contra de las vacunaciones infantiles como las que se practican actualmente (aunque debería ser posible debatir sobre la utilidad de las famosas once vacunas obligatorias), comprendiendo que la vacunación contra la covid-19 también acabará siendo, probablemente, un imperativo mundial en los próximos años, lo que impone todavía más la gratuidad de las vacunas y la liberación de las patentes.

El método hipócrita y coactivo utilizado para conseguir la vacunación generalizada (el pase sanitario obligatorio) genera a todas luces una ira importante que nunca han provocado las demás vacunas obligatorias. La penuria hospitalaria, la opacidad de los controles de los grandes grupos industriales farmacéuticos, las mentiras e incurias sucesivas del gobierno, las mentiras frecuentes y la política de beneficios de los grupos farmacéuticos, los métodos autocráticos y autoritarios del gobierno provocan en algunas personas un rechazo total de la vacunación y del pase sanitario, además de un amplio descontento y manifestaciones populares que recuerdan el comienzo de las movilizaciones de los chalecos amarillos. Pero están motivadas sobre todo por la instauración inmediata del pase sanitario obligatorio y de la vacunación forzosa so pena de despido o de suspensión de empleo y sueldo. El apoyo a este movimiento no debe impedirnos combatir las ambigüedades o, peor aún, las posiciones de los antivacunas con respecto a la necesidad de vacunarse.

06/08/2021
https://www.contretemps.eu/covid-macron-autoritarisme-vaccination-passe-sanitaire/

***

Pase sanitario: una nueva agresión contra el mundo del trabajo

Romaric Godin

El Consejo Constitucional ha validado la posibilidad de suspender de empleo y sueldo y, finalmente, de despedir al personal asalariado que carezca de pase sanitario. Esta decisión del gobierno de recurrir a la coacción económica constituye una nueva ofensiva, inédita, aunque lógica, contra las trabajadoras y trabajadores, en que el chantaje del empleo se pone al servicio de su política sanitaria.

Por tanto, el Consejo Constitucional ha rechazado con desdén todas las objeciones a la obligación de contar con un pase sanitario para determinados sectores contemplados en la ley votada en el parlamento. No se ha modificado más que una única disposición, la que autorizaba la rescisión anticipada de los contratos de duración determinada (CDD). Finalmente, estos contratos quedaran en suspenso si no se presenta el pase sanitario, como en el caso de los contratos indefinidos.

Pero lo esencial se mantiene. La jurisdicción constitucional ha validado plenamente disposiciones que la abogada especializada en derecho laboral, Michèle Bauer, en un texto del 19 de julio, califica de “peligrosa[s] e inquietante[s]”. Conviene precisar de entrada que la cuestión, en este caso, en realidad no es (únicamente) de índole sanitaria. No tiene que ver tanto con la lucha en torno a la vacuna, como con la elección de los medios empleados en el marco de la crisis sanitaria y de sus consecuencias para la relación entre el personal asalariado y las empresas y, más en general, entre capital y trabajo.

Este gobierno, que ha sido tan melifluo con las empresas durante toda la crisis sanitaria, que siempre se ha negado a ir más allá de las meras recomendaciones sobre el teletrabajo o la organización del espacio en las empresas, y que nunca ha forzado al sector privado sin amplias contrapartidas financieras, ha optado por cargar la responsabilidad individual de su política sanitaria sobre las espaldas de cada trabajador o trabajadora. La coacción se ejercerá a través del contrato de trabajo, que podrá suspenderse sin indemnización. Así, el gobierno pretende aplicar su política de salud pública mediante el chantaje sobre el empleo y el salario, como ya hacen todos los días miles de empresas. El medio es tanto más inicuo cuanto que, en la relación laboral, el trabajador o la trabajadora es de por sí la parte más débil.

El gobierno pretende imponer su política sanitaria mediante la violencia económica. Sin embargo, había alternativas que, sin satisfacer tal vez en mayor medida a uno de los dos bandos en el debate actual, tenían al menos la ventaja de no situar el contrato de trabajo en la base de la coacción y por tanto preservar a la gente trabajadora como tal. Cabe pensar en una aplicación y una definición más estrictas de las obligaciones de las empresas en materia de ventilación, de gestión del espacio o de aforo. También cabe pensar en una obligación general de vacunarse, al margen de las empresas, que colocaría a cada persona individual ante sus responsabilidades y ante la ley, pero que no amenazaría a su relación laboral propiamente dicha.

En suma, se podría haber planteado la cuestión sanitaria no como un asunto individual, sino colectivo. Claro que para hacer cumplir esas disposiciones se precisan medios de control reforzados, y eso cuesta dinero. Así que ¿por qué no trasladar este control a donde la persona individual, en el sistema capitalista, está mejor encuadrada, o sea, a la empresa? Entonces basta con convertir a los empleadores (que por cierto no están muy contentos, ya que el grado de tensión social ya es de por sí bastante alto en las empresas) en agentes de la política sanitaria. Y amenazar a cada trabajadora o trabajador con la pena máxima en nuestra sociedad, la rescisión del contrato de trabajo e incluso el despido. Porque está claro, como ha precisado la ministra de Trabajo, el despido será finalmente posible al cabo de dos meses.

Claro que, digan lo que digan los sabios del Consejo Constitucional, esta transferencia de responsabilidades es más que problemática, ya que los empleadores, al convertirse en  agentes de control sanitario, están habilitados para disponer de los datos de salud  –y por tanto conocer la vida privada– de su personal. Hasta ahora, la ley estipulaba, para preservar el secreto médico, que, precisamente la aptitud médica para trabajar la juzgaba la medicina laboral y no el empleador. Como señala el abogado Éric Rocheblave en una entrevista reciente en Courrier Cadres, “se hace tabla rasa con esto al otorgar al empresario el derecho a conocer un aspecto del estado de salud del trabajador y a decidir por sí mismo si es apto o no para trabajar”. Dicho de otro modo, se concede un poder suplementario, y considerable, al empleador sobre su personal en detrimento de principios sólidos: el secreto médico y el respeto de la vida privada. Este precedente es justamente peligroso e inquietante.

Muchas y muchos laboralistas y los sindicatos han alertado sobre la ampliación de este poder. Cabe imaginar, evidentemente, que se utilice el mismo para hacer limpieza entre el personal, aprovechando ese resquicio de la ley. Supongamos que el empresario propone una reasignación de tareas. En función de si desea conservar o no, al final, a la persona en cuestión, puede proponerle una reasignación que sea realista o no. También puede, al cabo de dos meses, despedir o no a la persona recalcitrante. Es ilusorio pensar que en este caso tampoco influirán las cuestiones personales en la decisión.

Especialistas en derecho laboral no han dejado de alertar sobre una inseguridad jurídica para el personal asalariado. Esta inseguridad jurídica del trabajador o trabajadora, que normalmente ya está sometida de por sí a una inseguridad económica, constituye un apremio suplementario, una causa de estrés y de presión. Este es el meollo de la ley: es una ley represiva contra el mundo del trabajo.

Claro que cabe refugiarse tras ciertas ficciones jurídicas. El Consejo Constitucional ha hecho de ello su especialidad. Dice que la ley tiene una duración limitada y solo se aplica en determinados sectores. Es decir, el trabajador o trabajadora puede aguardar si no quiere someterse a las obligaciones previstas, o bien, puesto que es libre, puede ir a trabajar a otra empresa. Pero todo esto no es serio.

En primer lugar, porque la suspensión del contrato de trabajo le coloca en una situación muy difícil. Como subraya el abogado Alexandre Frech en la misma entrevista publicada en Courrier Cadres, “la suspensión del contrato de trabajo podría colocar al trabajador en una situación más difícil que un despido”. Suspendido de empleo y sueldo, el trabajador no queda liberado, en efecto, de su obligación de lealtad. Dicho de otro modo, no cobra, pero tampoco puede ir a trabajar a otra empresa, al menos legalmente, ni tiene derecho al subsidio de desempleo. Se queda por tanto sin recursos y sin ingresos. Por lo demás, la igualdad preconizada por los jueces constitucionales situará a partir de ahora al personal temporal, durante la vigencia de su contrato, en la misma dificultad que al personal fijo. Cosa que no parece ser un problema, según los sabios

Además, la idea de que el personal es libre en el mercado de trabajo es una ficción cómoda para los juristas y los economistas del sistema, pero no se corresponde apenas con la realidad económica y social. Los sectores afectados son en muchos casos sectores de servicios personales, que han sido los sectores que más han impulsado desde hace 30 años las políticas económicas para compensar las pérdidas en el terreno industrial. ¿Adónde irán quienes pierdan su empleo a causa de esta ley?

Se trata de una agresión más. Desde hace decenios, y todavía más desde 2017, las políticas económicas favorecen estos empleos llamados, no sin un deje peyorativo, no cualificados, a golpe de rebajas de las cotizaciones y de subvenciones directas. Los mismos que ahora esgrimen una supuesta elección son quienes, hace bien poco, consideraban que los empleos de servicios personales estaban predestinados para la gente más frágil.

Es tanto más ridículo cuanto que Francia todavía sufre un paro masivo y que este personal asalariado ya ha sido víctima de la crisis sanitaria. Por tanto, hay que decirlo claramente: tras esta ficción de la libertad de cambiar de empleo o de aceptar la reasignación se esconde una violencia social brutal contra la parte más frágil y más empobrecida de la clase trabajadora francesa. El método elegido frente al virus es la continuación de la guerra de clases emprendida por Emmanuel Macron a partir de 2017.

Está claro que no cabe extrañarse de que el poder haya utilizado este método contra el mundo del trabajo. En este terreno, su divisa es clara: “Débil con los fuertes y fuerte con los débiles”. Desde 2017, la violencia ejercida contra estos últimos es una constante. Pero esta ley crea sin duda un precedente peligroso. En nombre de la urgencia se acuerda hacer de la violencia económica, es decir, de la instrumentalización de la relación salarial, mediante el chantaje sobre el empleo, un medio para alcanzar fines de interés general. ¿Qué sucederá mañana si el Estado define este interés general, no en términos sanitarios, sino políticos o económicos? ¿Qué sucederá si se utiliza la misma palanca para combatir un ataque terrorista o una crisis económica?

El engranaje en que la Vª República acaba de meter el dedo comporta un riesgo extremo, máxime cuando el país vive desde hace cuatro años en un estado de tensión social permanente. Este poder, incapaz de convencer, no parece tener ahora otro principio que imponer sus decisiones mediante la coerción más severa. A riesgo de echar más leña al fuego.

06/08/2021

https://www.mediapart.fr/journal/economie/060821/passe-sanitaire-une-nouvelle-violence-contre-le-monde-du-travail

Traducción: viento sur

(Visited 211 times, 1 visits today)

DEJA UNA RESPUESTA