Nicaragua cumplió este jueves el plazo tentativo acordado para culminar las negociaciones con la que busca superar la crisis que estalló hace casi un año, sin acuerdos en los temas de justicia y democratización, y sin detener las amenazas de sanciones de la comunidad internacional por violación a los derechos humanos.

La mesa de negociación que mantiene el Gobierno de Daniel Ortega y una oposición extraparlamentaria desde el 27 de febrero ha avanzado sin resultados concretos.

No se ha logrado la liberación de los manifestantes que se encuentran detenidos por protestar contra Ortega, no ha cesado la represión, no se ha levantado la prohibición a las movilizaciones opositoras, ni se ha desmantelado a grupos de civiles armados afines al Gobierno, argumentaron analistas consultados por Efe.

Además, las autoridades siguen sin devolver los bienes y la señal al Canal 100 % Noticias, ni liberar a su director y jefa de prensa, Miguel Mora y Lucía Pineda, respectivamente, que se encuentran en prisión desde hace más de tres meses acusados de «fomentar e incitar al odio y la violencia» y «provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas».

Asimismo, el edificio donde funcionaban los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche y las revistas digitales Confidencial y Niú, que pertenecen a las empresas Promedia e Invermedia del periodista Carlos Fernando Chamorro, que tuvo que marcharse al exilio por amenazas, sigue ocupado por la Policía Nacional.

Tampoco se ha dado el retorno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), ni del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entes tutelados por la CIDH, a los que el Gobierno cesó su misión.

La desconfianza y las recriminaciones, así como la falta de consenso sobre los testigos y acompañantes, sobre los garantes, sobre la agenda y sobre la letra menuda, es lo que ha privado en las rondas de trabajo.

Al hacer un balance del plazo tentativo acordado por la mesa de negociación, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, señaló a la Alianza Cívica de atrasar el proceso al no presentarse durante tres días.

La oposición se ha levantado dos veces de la mesa: la primera, cuando los obispos se apartaron del proceso, y la segunda tras una movilización opositora que fue impedida a la fuerza por la policía.

No existe «voluntad sincera» del Gobierno para superar la crisis, dijo a Efe el secretario del Episcopado nicaragüense, Abelardo Mata, al hacer un balance.

El objetivo de Ortega es mantenerse en el poder por sus «pistolas», porque existe «un proyecto muy particular, muy personal, de un grupo que quiere mantenerse a toda costa en el poder, no importándole la sangre que se derrama», sostuvo.

Por tanto, auguró que mientras el Ejecutivo «esté en esa perspectiva, el diálogo no madurará nunca».

Cuando los obispos declinaron participar en las negociaciones, Ortega invitó a la OEA a su diálogo, dio a conocer su agenda de cinco puntos, y urgió a la comunidad internacional frenar toda sanción contra el Estado.

Las negociaciones fueron reanudadas después de que el Ejecutivo se comprometiera a excarcelar «un núcleo apreciable» de manifestantes.

En la segunda ocasión, la Alianza Cívica retornó a la mesa después de que el Ejecutivo se comprometiera a liberar en un plazo no mayor de 90 días a todos los «presos políticos».

Además, invitó al Comité Internacional de la Cruz Roja a apoyar el proceso de liberación, y a la Secretaría General de la OEA para discutir a lo inmediato el proceso de reformas electorales.

Las partes acordaron incorporar al exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla como testigo y acompañante en representación de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sumándose al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag.

Los críticos de las negociaciones consideran que Ortega no está actuando de buena fe y lo que busca es ganar tiempo y neutralizar las sanciones anunciadas por la comunidad internacional.

Sobre Nicaragua penden más sanciones de Estados Unidos con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra el presidente Ortega y sus allegados.

Además, el Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

Luis Felipe Palacios