El canciller nicaragüense, Denis Moncada, señaló este jueves a «otros Estados», en referencia al de Estados Unidos, de querer extender su jurisdicción sobre Nicaragua, al aplicar «medidas que afectan a todo el pueblo nicaragüense».

El diplomático dijo a periodistas que esas «medidas unilaterales que otros Gobiernos, otros Estados toman de forma injusta, ilegal, es una forma de querer extender su jurisdicción hacia otros Estados» y no la aceptan.

«Esas medidas afectan a todo el pueblo nicaragüense, incluyendo a los sectores selectos a los que ellos representan», indicó Moncada, en alusión a los delegados de la opositora Alianza Cívica, que es su contraparte en una mesa de negociación con la que esperan superar la crisis que estalló hace un año.

Moncada explicó que el tema de las sanciones es el punto que discuten en la mesa de negociación y reconoció que están insistiendo en el mismo, pese a la resistencia de la oposición.

Hace dos semanas, Washington anunció nuevas sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada a los sandinistas, y a Laureano Ortega Murillo, hijo del mandatario.

El asesor presidencial estadounidense, John Bolton, dijo entonces que irían «por los bolsillos de la familia de Ortega».

Desde que estalló la crisis, el 18 de abril de 2018, hasta ahora, Washington ha sancionado a la esposa de Ortega y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del mandatario.

También al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo; al vicepresidente de la petrolera Albanisa y tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López; y a Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua.

El 20 de diciembre pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la «Nica Act» que impone sanciones individuales a miembros del Gobierno de Ortega, además de limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales como los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de Ortega Murillo y el BanCorp en Estados Unidos o los que están relacionados con ciudadanos estadounidenses.

El martes pasado, Ortega cargó contra los que a su juicio celebran las sanciones contra los suyos y los llamó, entre otros, de «judas», «caínes», «peleles», «vendepatrias», «miserias humanas», seres humanos sin alma ni corazón, seres abyectos, y de tener un comportamiento «vergonzoso e indignante» y que «entregan a su pueblo a los imperialistas».

Sobre Nicaragua penden más sanciones de Estados Unidos con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.

Además, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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