Víctor Arrogante
En España tenemos un Gobierno de Coalición Progresista, salido de las urnas tras las elecciones del pasado 10 de noviembre y por los diferentes acuerdos con distintos Grupos Parlamentarios. No han transcurrido cien días desde que los ministros y ministras tomaran posesión, cuando las derechas, cargan contra su acción como si llevaran gobernando cuarenta años, que ellos si estuvieron. No bajemos la guardia, algunas voces claman por la intervención del ejército contra el Gobierno y por ¡España!; tampoco podemos bajarla, sino seguir reivindicando una política de izquierdas, por la igualdad, la justicia social y la solidaridad; también por una República federal.

Tres medidas estrella, por el momento, se han aprobado: subida a 950 euros del salario mínimo, incremento de las pensiones un 0,9% y subida de los sueldos a los empleados públicos. De otra parte, el vicepresidente Iglesias, insiste en la derogación total de la reforma laboral de Rajoy, mientras Nadia Calviño se opone a la regulación del precio de los alquileres, pese a figurar en los acuerdos. Que la ministra de Exteriores recibiera a Guaidó, como presidente «encargado» o «designado» de Venezuela es un paso atrás en ese ámbito; no se puede reconocer como legítimo a un golpista.

Es cierto que el acuerdo firmado entre el PSOE y Unidas Podemos, plasmado en el Programa de Gobierno, «Un nuevo acuerdo para España», ha suscitado una ola de decencia y esperanza en todo el país; así como un tsunami reaccionario contra lo que esperan que el Gobierno haga, para seguir cargando contra él. Esperanza e ilusión de que se abra una nueva etapa que nos permita avanzar con medidas de justicia social para contribuir a la dignidad del trabajo, para una mayor justicia fiscal, para un decidido progreso en los derechos de la mujer, en los de los consumidores, para una necesaria mejora del sistema educativo, para hacer frente a la emergencia climática, para la profundización y actualización del Estado Autonómico, para el equilibrio, la igualdad y la solidaridad territorial; para construir nuevos espacios de libertad para el mayor y mejor ejercicio de los derechos democráticos.

Desde que tuve uso de razón para pensar sobre estas ideas; desde que con catorce años comencé a trabajar y sentí la necesidad de reivindicar derechos y denunciar injusticias, desde que conocí a sindicalistas luchadores, que defendían a la clase trabajadora como a ellos mismos, desde que conocí a socialistas decentes que dieron su vida y se dedicaron a propiciar el bien común, me di cuenta de que merecía la pena luchar por todo ello. La justicia social, la igualdad y la solidaridad fueron demandas del partido y del sindicato que fundó Pablo Iglesias Possé y siguen siendo demandas legítimas, cuyas limitaciones hay que superar, para el mayor bienestar y dignidad de las personas.

La historia de las ideas, estrategias y objetivos ha sido rica y en ocasiones fructífera. Recuperar la memoria de la lucha obrera es tan importante como necesaria la acción. No cabe hacer una política de mirada corta, a la zaga de la política de la derecha, enmendando, proponiendo pactos y acuerdos por responsabilidad, alegando la razón de Estado para la estabilidad. Con la derecha que conforma la oposición hoy, ni pacto de estado ni acuerdo político ni mano tendida. Muchos crímenes se han cometido en nombre de la razón de Estado.

A finales del siglo XIX, los socialistas consideraban que la sociedad era injusta, porque dividía a sus miembros en clases desiguales y antagónicas: los dominantes y los dominados; los que lo tienen todo, recursos, dinero y poder; los que nada tienen, salvo su fuerza vital para trabajar. Los privilegios de la burguesía, garantizados por el poder político y económico, servían para dominar a las personas trabajadoras. Para superar estas contradicciones comenzó la lucha de los socialistas decimonónicos. Parece como que no hubiera pasado el tiempo. Aquel planteamiento histórico, vale para hoy, el análisis puede ser parecido y la lucha sigue siendo igual de necesaria para conseguir los objetivos de hoy, tan parecidos a los de entonces.

Juan Carlos de Borbón, heredó del franquismo la Jefatura del Estado, para consolidar el «todo atado y bien atado»; poco había hecho hasta entonces para conseguirlo. Juró ante los «santos evangelios» fidelidad a los principios del movimiento nacional, que inspiraban al régimen de Franco. No cumplió su juramento. Para unos fue un traidor, para la mayoría, quien facilitaba el tránsito a la democracia. Se terminó la dictadura, se aprobó la Constitución, pero no se resolvieron los problemas históricos de España, que han sido fuente permanente de conflictos: el territorio y las señas de identidad, la separación real y efectiva de la iglesia católica del Estado y la república por la monarquía.

La monarquía, muy alejada de los principios de justicia igual para todos y de la igualdad real y efectiva, no ha sido la institución que ha dado estabilidad, sino que han sido los pactos entre los partidos políticos durante la Transición a la democracia. La monarquía es vitalicia, se hereda de padres a hijos como si un cortijo fuera, por lo que tiene un carácter profundamente antidemocrático. La de la reina Isabel II, de Alfonso XIII, la del movimiento instaurado por Franco, el dictador, encabezada por Juan Carlos, ahora heredada por su hijo Felipe, al que nadie ha elegido, no tiene legitimidad democrática, ni es ejemplar ni respetable ni transparente. «Nos siguen argumentando que no hay mejor organización institucional que la monarquía parlamentaria», dice Iñaki Anasagasti en su libro Una monarquía nada ejemplar (La Catarata, 2014). Nos repiten que es útil y que va a ser ejemplar, pero lo cierto es que la institución no es útil, no ha sido ejemplar, no es democrática, no es la más barata y encima ni ha arbitrado ni ha moderado nada, ni lo a poder hacer ni quiere.

De la crisis económica y financiera a la que nos llevó el Sistema, no se sale aplicando las mismas políticas que la provocaron ni por los mismos que se han aprovechando de ella. Tampoco puede ser la coartada para el inmovilismo, alegando la necesidad de estabilidad, cuando esa estabilidad que ha rayando lo criminal, es el peor de los males posibles, que nos ha hecho más infelices y pobres por falta de medios para sobrevivir con dignidad. Toca llevar a cabo un cambio profundo de orientación No caben medidas, supuestamente alternativas que solo pretendan enmendar la plana y no transformar las estructuras sociales injustas. El Gobierno de Coalición tiene que enfrentarse a su realidad ideológica y alejarse de las políticas de los últimos años. Le toca rectificar y cambiar el rumbo ciento ochenta grados, por un nuevo sistema, con una estructura democrática, libre, justa, igual y solidaria. Una nueva estrategia que oriente las políticas al servicio ciudadano.

Es preciso reivindicar la intervención del Estado para equilibrar el monopolio de los mercados, apostando por una defensa de lo público e impedir que el Estado del Bienestar siga desmoronándose, apostando por políticas de inequívoco contenido social. Hay que seguir en el empeño y defensa de la sanidad y la educación pública, poner en práctica  políticas que defiendan la igualdad y contribuyan a mantener los derechos y libertades que se ven amenazados por los recortes de la derecha. Los partidos políticos que integran la Coalición de Gobierno tienen evidentemente una gran e inmediata responsabilidad para hacer realidad su Programa, y es necesario reforzarlos por parte de todas las personas y organizaciones que se sientan identificadas con sus propuestas y formas de trabajo a corto y largo plazo.

La esperanza y exigencia de la ciudadanía han de ir acompañadas de la intervención social para contribuir a superar las resistencias que ya se están produciendo desde las derechas reaccionarias, así como desde los sectores de nuestra sociedad que todavía no comprendan la relación de las propuestas de gobierno con sus intereses inmediatos.

Para que todo avance, es necesaria una reforma constitucional, que diseñe el nuevo modelo de convivencia en un estado republicano y federal, donde queden blindados derechos y libertades, en una democracia participativa, con mayor control de las instituciones por parte de la ciudadanía. El compromiso tiene que partir por aplicar valores y principios identificados con la justicia social, la igualdad y solidaridad.

Hoy, como ayer, la lucha sigue siendo necesaria para conseguir los nuevos objetivos.