Carlota Ruiz Bautista
Abogada medioambiental de IIDMA
En mayo de 2017, IIDMA (Instituto Internacional de Derecho y Medio ambiente) y la organización italiana Re:Common acudimos a la Junta de Accionistas de Enel, principal accionista de Endesa, con una petición clara que hicimos pública en la Junta: un compromiso para cerrar las centrales de carbón de Endesa en España. Los argumentos eran claros: las centrales de carbón en España habían causado más de 700 muertes prematuras, más de 450 altas hospitalarias por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, más de 10.000 casos de síntomas de asma y 1.200 casos de bronquitis en niños y casi 400 casos de bronquitis crónica en adultos solo en el año 2014, tal y como figura en el Informe “Un Oscuro Panorama. Los efectos en la salud de las centrales térmicas de carbón en España durante 2014” de IIDMA.
Enel declaró en esa ocasión en 2017 lo que fue titular en muchos medios al día siguiente: que Endesa cerraría las centrales de Teruel y Compostilla antes de 2020. No obstante, posteriormente, el anterior Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital reaccionó con un borrador de Real Decreto para impedir el cierre de las centrales de carbón en España que, a pesar de haber sido criticado por organizaciones, empresas e incluso la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC), se transformo después en una proposición de ley presentada por el grupo parlamentario popular*. Además, posteriores declaraciones por parte de Endesa dejaron, nuevamente, la puerta abierta para que estas centrales continuasen operando.
Teniendo en cuenta la ambigüedad en torno a la política climática del grupo Enel, IIDMA y Re:Common regresaron a la Junta de Enel para reiterar la misma petición en mayo este año 2018. No obstante, la empresa, en sus respuestas, eludió comprometerse al cierre de sus centrales de carbón. En esta línea, en julio de 2018, la plataforma de Un Futuro Sin Carbón, de la que IIDMA es parte, reiteró nuevamente a Endesa la importancia de que cerrase todas sus térmicas de carbón a más tardar en 2025.
A mediados de noviembre de 2018 volvía a aparecer la noticia del cierre de Teruel y Compostilla como un nuevo anuncio de última hora en los medios de comunicación. Sin embargo, todavía no había cambiado la situación respecto a esa confirmación de Enel de 2017: Endesa no había realizado ningún anuncio formal ni presentado aún la solicitud de cierre para sus centrales de Teruel y Compostilla. El pasado miércoles 21 la empresa presentó la actualización de su plan estratégico hasta 2021, y confirmó que presentarían esas solicitudes para Teruel y Compostilla antes de fin de año.
Sin embargo, en el Plan figuran también las inversiones realizadas para adaptar sus centrales de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería) a los límites marcados por la normativa europea, unas inversiones que alargan de forma artificial la vida del carbón y no son compatibles con la lucha contra el cambio climático ni con la salud pública. Además, parece que la compañía mantendrá abierta por el momento la central Es Murterar (Alcúdia) en Mallorca, y se prevé que pueda invertir en su adaptación también.
Los impactos sobre la salud de las emisiones de la quema de carbón para la producción de electricidad son patentes y los costes asociados a ellos muy elevados, que no cubren las empresas que generan dicha contaminación. Este mes, aprovechando el próximo comienzo de la Cumbre de Cambio Climático en Polonia, organizaciones de la sociedad civil de toda Europa han levantado la voz para decir “No” al carbón a través de la plataforma Europe Beyond Coal, que ha lanzado recientemente un informe demoledor: “Last Gasp: the coal companies making Europe sick” (“Último aliento: las compañías del carbón que están enfermando a Europa”). El informe analiza el coste “oculto” del uso de carbón para la producción de electricidad en toda Europa, utilizando modelos matemáticos y meteorológicos para estudiar los impactos de las emisiones del carbón en la calidad del aire y en la salud de la población. En concreto, se calcula que el coste causado por los impactos de esta contaminación -que está siendo asumido por la sociedad civil – es de hasta 22.000 millones de euros.
En España, la plataforma Un Futuro Sin Carbón, que forma parte de la coalición europea, ha difundido los datos y pide a los diferentes actores políticos y empresas que tomen acciones inmediatas para poner fin al carbón en España en 2025 mediante diferentes actividades de comunicación y movilización social.
No se debería invertir ni un euro más en la industria del carbón si queremos evitar un calentamiento del planeta de más de 1.5º grados, que tendría consecuencias catastróficas en el planeta. De acuerdo con un reciente informe de Climate Analytics, “el uso continuado del carbón para la generación de electricidad no es compatible con una reducción drástica de las emisiones y la UE necesita desarrollar una estrategia para eliminar el carbón a un ritmo más rápido de lo que lo está haciendo actualmente”. Así, la Unión Europea solamente conseguirá cumplir con los compromisos acordados en París abandonando completamente el carbón como fuente de electricidad en 2030.
En este sentido, todas las centrales de carbón en España deben cerrar a más tardar en 2025, a pesar de que se hayan realizado inversiones para cumplir con los valores límite de emisión más estrictos previstos en la normativa europea. Para poder garantizar esto, que tan necesario es para el medio ambiente y la salud, es necesario que el futuro Plan Nacional Integral de Energía y Clima incluya una fecha concreta para el fin del carbón en España. Así, España seguiría la senda de tantos otros países en la UE que ya han anunciado fechas concretas para el cierre de sus centrales.
*Esta proposición de ley fue rechazada por el Congreso de los Diputados con fecha 11 de Septiembre de 2018.
