El sesgo social de las políticas planteadas por el Presidente del Gobierno durante su comparecencia en sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados es importante, pero necesita pasar de los anuncios a los hechos y hacer realidad muchas de las medidas anunciadas.

El Gobierno prioriza diálogo social y el consenso, pero debe ser valiente y legislar para recuperar los derechos laborales y sociales que fueron sustraídos a los trabajadores y trabajadoras y los ciudadanos y ciudadanas, en general, bajo la excusa de la crisis. La teórica recuperación económica se ha cimentado en un modelo de crecimiento desigual e injusto, que ha supuesto un incremento alarmante de la precariedad, de las desigualdades y de la pobreza.

 

Las necesarias medidas

Con los últimos años de gobierno socialista y todo el mandato de Mariano Rajoy ha imperado la imposición frente al diálogo, los recortes de derechos y ha prevalecido una política que ha velado por los intereses de las grandes empresas y de las entidades financieras, olvidándose personas.

Se ha tratado de acallar la protesta social y el derecho a huelga, rescatando un artículo preconstitucional, el 315.3 del Código Penal, la más que polémica Ley Mordaza. El Ejecutivo debe proceder a la derogación de todas estas leyes que han coartado las libertades y la democracia.

Es necesario poner fin a un mercado laboral desregulado y a la medida de los empresarios, cuyo resultado ha sido más facilidad de despidos, más precariedad, devaluación salarial y menos derechos laborales. El gobierno debe implantar medidas para alcanzar la igualdad y en dar oportunidades a los colectivos más castigados durante la crisis: mujeres, desempleados mayores de 55 años y jóvenes.

Son importantes políticas que ayuden a superar la situación de los trabajadores más vulnerables y faciliten la recuperación de derechos y la redistribución de la riqueza.

Los trabajadores y trabajadoras deben beneficiarse de las alzas salariales acordadas por empresarios y sindicatos, es decir, del 2% más un 1% variable y de los 1.000 euros de salario mínimo por convenio en 14 pagas de forma progresiva hasta 2020.

Es hora de repartir los esfuerzos y que las rentas de capital sean tan solidarias, como lo han sido las rentas del trabajo.

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