Valle Alonso
Periodista. Directora y presentadora de Mujeres Malditas en RNE


Cuando periódicamente grupos de padres mediante la mal llamada gestación subrogada se topan con problemas administrativos para salir del país con sus hijos, la mayoría de medios se apresura a titular con el manido «atrapados en Ucrania», no sabemos si por desconocimiento de la realidad o falta de originalidad. Es importante que los medios de comunicación llamemos a las cosas por su nombre y que, al margen de nuestros principios éticos o morales, no blanqueemos prácticas que no tienen cabida en el ordenamiento jurídico español.

Ya en 2016, con el gobierno de Mariano Rajoy, el ministerio de Exteriores desaconsejó formalmente a las familias viajar a Ucrania para tal fin, puesto que había serias dudas sobre la transparencia en los procesos y sobre el trato que se dispensa a las mujeres gestantes.

Esa información apareció tanto en la página web de Exteriores como en la de nuestra embajada en Kiev. Se han emitido comunicados recordándolo y las familias han hecho caso omiso. En Ucrania –dicen los padres «de intención»– es más barato. Y argumentan que casi nadie puede permitirse los entre 150.000 y 200.000 euros que cuesta el proceso en EEUU o Canadá.

Frente a esas cantidades, los aproximadamente 40.000 euros que cuesta encargar un hijo en Ucrania son asumibles para muchas familias. Asumibles aun sabiendo que es uno de los países más pobres de Europa, con un índice altísimo de paro, con un salario medio que ronda los 200 euros mensuales.  A  sabiendas de que una de las empresas a las que recurren miles de parejas, probablemente ellos mismos, está siendo investigada por tráfico de óvulos, seres humanos –los propios bebés– , falsedad documental y delito fiscal. Todo vale a la hora de ahorrarse unos euros porque –señalan– ¿quién puede gastarse una cifra astronómica en ser padre o madre?

Ucrania se ha convertido en el útero de Europa por «sus competitivos precios» y, frente a ello, poco importa que entre 10 y 12 mujeres gestantes convivan en una pequeña  vivienda durante los últimos meses de embarazo, sin tener contacto alguno con sus parejas,  familia e hijos, en cumplimiento del mismo contrato que las obliga a abortar en caso de que el feto presente alguna anomalía, o a practicarles cesáreas innecesarias para ajustar el momento del parto a la conveniencia de los padres «de intención».

Las familias defienden que «sus gestantes» son de clase media y tienen las necesidades básicas cubiertas. ¿Cómo es la clase media ucraniana? ¿Entendemos por necesidades cubiertas hacer tres comidas al día y tener un techo?

Esa es la vida de «sus» gestantes, las que «voluntariamente» han pasado por un embarazo y un parto a cambio de  la «remuneración» acordada,  a las que con el cordón y la placenta aún latiendo les son arrebatados sus hijos para que el padre o la madre «de intención» lleven a la práctica un «piel con piel» sin sentido.

No hace falta leer a los más reputados neuropediatras para saber que lo peor que le puede suceder a un recién nacido es que lo separen de su madre y que esa separación tendrá consecuencias para toda la vida. La madre es lo único que conoce un bebé. Y lo único que necesita.

Les roban ese primer instante de calor y de amor. Y siguiendo las instrucciones de los psicólogos de las agencias, les niegan sus orígenes. «Los padres intencionales son quienes toman esa decisión. La gestante asume el  compromiso de no interferir jamás en la vida y en la educación del menor, ni de tratar de tener contacto alguno con él». «Sin embargo –añaden–, hay padres intencionales que prefieren establecer una relación personal con las gestantes». Desde AEGES, por ejemplo, sugieren «evitar contactos posteriores, siguiendo la recomendación de su equipo de psicólogos».

Con toda la buena intención, se suele señalar a esas parejas que adopten, y es más que probable que muchas lo hayan intentado. Pero en la adopción hay normas encaminadas a hacer prevalecer el bien superior del menor. El Certificado de Idoneidad es condición imprescindible y, para su obtención, las familias han de hacer cursos y ser valoradas por  médicos, psicólogos y trabajadores sociales.

A una pareja que ronda los 60 años nunca se le asigna un bebé, como parece lógico. Tampoco se puede iniciar un proceso de adopción hasta pasados 5 años desde que se ha sufrido un cáncer, es decir, cuando se está «oficialmente» curado. Y no son normas caprichosas o absurdas: se vela por que esa criatura que ya ha sufrido un abandono no quede huérfana.

La adopción trata de ser reparadora. Nuestras hijas e hijos llegan a nuestras vidas con esa herida del abandono que intentamos curar día a día en un entorno de amor, seguridad, cuidados y respeto a su origen. A diferencia de la adopción, con la mal llamada gestación subrogada se causa ese daño adrede al menor, anteponiendo el presunto derecho a ser padres, que no es más que un deseo. No todo se puede conseguir en la vida y, a veces, es necesario aprender a gestionar la frustración.