Una serie de decisiones «escandalosamente irresponsables» del gobierno pusieron en peligro la vida de decenas de miles de personas mayores y dieron lugar a múltiples violaciones de sus derechos humanos en residencias de la tercera edad; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional, a raíz una investigación de su equipo de respuesta a las crisis.

El informe de Amnistía, As If Expendable: The UK Government’s Failure to Protect personas mayores in residencias de la tercera edad during the pandemia de COVID-19, revela que en los primeros momentos de la pandemia se abandonó a personas a su suerte en residencias de la tercera edad.

Del 2 de marzo al 12 de junio de este año se registró un «exceso» de 28.186 muertes en residencias de la tercera edad en Inglaterra, con la confirmación de más de 18.500 fallecimientos por COVID-19 en estos centros durante ese periodo.

Dirección y personal de residencias describieron a Amnistía un «colapso total» de los sistemas durante las primeras seis semanas de respuesta a la pandemia. Hablaron de esperas para recibir instrucciones, dificultades de acceso a equipos de protección individual (EPI), y falta de acceso a pruebas de detección, a pesar de tener que atender a pacientes infectados a quienes habían dado de alta urgentemente en el hospital.

Increíblemente, el 17 de marzo, cuatro días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la COVID-19 una pandemia mundial, el gobierno ordenó trasladar a 25.000 pacientes de hospitales a residencias de la tercera edad, incluidas personas infectadas o sospechosas de estar infectadas de COVID-19.

El 2 de abril, el mismo día que la OMS confirmó la existencia de casos de transmisión presintomática de COVID-19, el gobierno reiteró que «no se requieren pruebas de resultado negativo para ingresar a personas en residencias de la tercera edad o trasladarlas allí» desde hospitales.

Varias personas responsables de residencias contaron a Amnistía que no habían tenido casos de COVID-19 en sus centros hasta que recibieron pacientes desde hospitales. El director de una residencia de Yorkshire comentó:

«Al ver lo que pasaba en Italia y España, dejamos de autorizar visitas el 28 de febrero y adquirimos equipos de protección individual. No tuvimos ningún caso hasta el 28 de marzo, cuando nos trajeron a una persona del hospital con COVID-19.»

Estas y otras decisiones adoptadas por el gobierno dieron lugar a violaciones de derechos humanos de las personas mayores ingresadas en residencias de la tercera edad durante la pandemia, principalmente de su derecho a la vida, su derecho a la salud y su derecho a no sufrir discriminación.

Kate Allen, directora de Amnistía Internacional Reino Unido, ha declarado:

El gobierno tomó una serie de decisiones de una irresponsabilidad asombrosa que llevaron a que personas ingresadas en residencias de la tercera edad quedaran abandonadas a su suerte.

Dadas de alta sin ser sometidas a la prueba del coronavirus, miles de personas mayores fueron enviadas a residencias de la tercera edad con grave riesgo para ellas mismas y para el resto de las personas residentes y el personal de los centros.

La demoledora cifra de muertes fue totalmente evitable; es un escándalo de proporciones monumentales.

Cuando el país se enfrenta a una segunda ola de coronavirus, urge llevar a cabo una investigación completa, pública e independiente sobre el escándalo de las residencias de mayores, para aprender de la experiencia y proteger a la población residente de estos centros antes de que se pierdan más vidas.”

Amnistía Internacional Reino Unido ha lanzado una campaña para pedir una investigación completa e independiente sobre la pandemia, que debería comenzar de inmediato con una fase provisional centrada en la población de las residencias de mayores.

La organización de derechos humanos pide asimismo al gobierno que:

  • ordene una revisión exhaustiva de los formularios para dar orden de no reanimar incluidos en los historiales médicos y los planes asistenciales de las residencias de mayores, y así garantizar que no se imponen sin el debido proceso;
  • garantice a la población residente en centros de la tercera edad pleno acceso a los servicios de atención a la salud a los que tienen derecho;
  • garantice la disponibilidad de pruebas de detección regulares a quienes visitan las residencias así como al personal y a la población residente;
  • garantice que las instrucciones para las visitas a centros de mayores consideran prioritario el interés superior de la población residente en el centro, y que las restricciones se basan en evaluaciones de riesgos individualizadas, teniendo presentes todas las medidas posibles para mitigar los riesgos, como realizar pruebas de detección con mayor frecuencia al personal, la población residente y las visitas.

Mayor peligro para las 400.000 personas residentes en centros de la tercera edad en Reino Unido

Desde el principio se sabía que la COVID-19 presentaba un riesgo desproporcionadamente elevado de causar enfermedad grave y muerte a las personas de avanzada edad, y que las 400.000 personas residentes en centros de mayores en Reino Unido —muchas de ellas con múltiples problemas de salud, dependencia física, demencia y fragilidad— corrían aún mayor peligro.

A pesar de ello, el gobierno no adoptó medidas para proteger a la población de las residencias de la tercera edad. Hasta el 13 de marzo, dos días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la COVID-19 una pandemia mundial, la Autoridad de Salud Pública de Inglaterra aconsejó lo siguiente: «De momento no es necesario actuar de manera diferente en ningún entorno asistencial».

Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, ha declarado:

«Al parecer, se considera que las personas residentes en centros mayores son prescindibles. A pesar de haber miles de camas vacías, no se consideró que sus casos fueran prioritarios en el acceso a tratamiento hospitalario, y se les impusieron órdenes de no reanimar sin el debido proceso. Tales abusos son profundamente alarmantes.

Es imprescindible aprender la lección para no cometer los mismos errores, y que se obligue a rendir cuentas a las personas responsables de decisiones tan catastróficas.»

Denegado el ingreso en hospitales

Amnistía ha recibido informes sobre múltiples casos en que se ha denegado a residentes de centros de la tercera edad el derecho a recibir asistencia médica, incluidos el acceso a servicios médicos generales y el ingreso en un hospital, durante la pandemia. Personal de residencias y familiares de residentes contaron a Amnistía que se desaconsejaba o se denegaba directamente su envío a un hospital.

El hijo de un hombre residente en un centro para mayores de Cumbria que había fallecido contó que ni siquiera se había considerado la posibilidad de enviar a su padre al hospital:

«Desde el primer día, la residencia afirmó categóricamente que con toda probabilidad era COVID-19 y que iba a morir si no era ingresado en un hospital. En ese momento sólo tenía tos. Tenía 76 años y estaba en muy buena forma física. Le encantaba salir a la calle y no habría sido un problema para él ir al hospital. Me llamaron de la residencia y me dijeron que tenía síntomas, algo de tos, y que el médico lo había examinado por teléfono y no iban a llevarlo al hospital. Horas más tarde hablé con el médico y me dijo que no podía ser trasladado a un hospital pero que le darían morfina si sufría dolor […] Murió una semana más tarde.»

Datos oficiales demuestran que los traslados a hospitales desde residencias de la tercera edad disminuyeron considerablemente durante la pandemia: en marzo y abril hubo 11.800 casos menos que en años anteriores.

Amnistía recibió múltiples informes de todo el país, de personal médico que se negaba a entrar en residencias de la tercera edad y que sólo estaba disponible para consultas por teléfono o videollamada, sin tener en cuenta los síntomas del residente enfermo, ni siquiera en los casos de necesidad de apoyo terminal.

Un miembro del personal de un importante grupo de centros para mayores contó a Amnistía en septiembre:

«Aunque no ha sido igual en todo el país, personal médico y de enfermería no ha acudido a la mayoría de nuestros centros desde el comienzo de la pandemia. Ni siquiera para desempeñar funciones básicas.»

Uso indebido de los formularios para dar orden de no reanimar

A lo largo de la pandemia se han planteado reiteradamente motivos de preocupación sobre el uso inadecuado de los formularios para dar orden de no reanimar. Directores de residencias informaron a Amnistía sobre casos de consultorios médicos o grupos de comisión clínica (CCG, por sus siglas en inglés) locales que habían solicitado como norma general la introducción de formularios para dar orden de no reanimar en los historiales médicos de los residentes.

La investigación de Amnistía puso al descubierto que, el 23 de marzo de 2020, un grupo de seis CCG de Sussex había dado instrucciones relativas a la orden de no reanimar a 35 consultorios médicos y 98 residencias de la tercera edad. El documento daba a todos los profesionales médicos la instrucción de «detectar en su sistema clínico a todos los pacientes de residencias de mayores que no tengan habilitada una orden de reanimación (o de no reanimación) y proceder a su habilitación».

También hacía referencia al ingreso en hospital, y pedía a los profesionales médicos que se aseguren de que «los pacientes que no tienen ya una orden de ‘no derivar a hospital’ sean prioritarios y tengan habilitada una orden».

Acceso insuficiente a las pruebas de detección

Las residencias de la tercera edad han tenido graves dificultades para acceder a pruebas de detección adecuadas que les permitan identificar, gestionar y prevenir eficazmente las infecciones por COVID-19.

Hasta el 7 de junio no se ofreció la realización de pruebas a las personas de edades superiores a 65 años en todas las residencias. La introducción de pruebas sistemáticas en residencias no se anunció hasta el 6 de julio.

Según la directora de un centro para mayores de Durham que habló con Amnistía a mediados de agosto, la provisión de pruebas de detección distaba mucho de ser suficiente:

«No está más claro ahora; he intentado tener acceso a pruebas de detección. Hemos acudido a todos los proveedores. Al principio hacíamos pruebas repetidas… después fue una diferente. Hubo algunas pruebas para residentes y personal de residencias, pero ni idea de lo que pasará las próximas semanas.»

Equipos de protección individual insuficientes

Aunque se prometió a los servicios de asistencia médica «lo que haga falta, al precio que sea» para hacer frente al brote de coronavirus, las residencias de la tercera edad tuvieron serias dificultades para conseguir equipos de protección individual (EPI). La mayor parte del personal y los equipos directivos de residencias entrevistados por Amnistía dijeron que habían tenido muchas dificultades para conseguir los EPI a través de sus proveedores habituales. A algunos les dijeron que las provisiones se reservaban a los servicios médicos. Según contó el director de una residencia de Norfolk:

«[En marzo] intentamos hacer un pedido de EPI. Normalmente tenemos delantales y guantes a mano, pero no teníamos las cantidades necesarias. Nos pusimos en contacto con nuestros proveedores habituales, pero nos dijeron que no podían suministrárnoslos porque eran para los servicios de salud.»

Tal abandono de las necesidades de los centros de la tercera edad pone en peligro a su población residente y a su personal, muchos de cuyos miembros también sufren las consecuencias, con altos índices de infección y tasas desproporcionadas de mortalidad.

Efectos devastadores del aislamiento prolongado

Aunque los niveles de transmisión de la COVID-19 descendieron de forma acusada durante el verano y se reanudaron las visitas hasta cierto punto, los devastadores efectos del aislamiento en la salud física y mental de las personas mayores que han sobrevivido en residencias de la tercera edad se han hecho más patentes. Las consecuencias son trágicas en algunos casos: reducción de la movilidad y las funciones cognitivas, pérdida del apetito, depresión y pérdida general de la voluntad y el deseo de vivir.

Una persona describió así el deterioro de su madre:

«No he podido visitar a mi pobre madre en seis meses. Está postrada en la cama y su habitación está en la primera planta, así que no es posible verla a través de la ventana. Su habitación está junto a una salida de incendios, por lo que podría acceder a ella sin tener que atravesar la residencia, pero no están permitidas las “visitas a las habitaciones”. [La dirección] me ha informado por correo electrónico de que sólo podré visitarla cuando se esté muriendo.»

Las personas que viven en residencias de la tercera edad no deberían ser sometidas a restricciones generales sobre su vida privada y familiar, excepto si son adecuadas a sus circunstancias concretas y se basan en evaluaciones de riesgos individualizadas que tengan en cuenta las repercusiones para su salud física y mental.

Fuente: Amnistía Internacional