Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, defendió este jueves en el Congreso la necesidad de abordar la situación de un «modelo de residencias precarizado y privatizado».

Durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, la diputada del PP Alicia García y la de Vox Reyes Romero han arremetido con dureza contra Iglesias por la situación de las residencias de mayores durante la pandemia del coronavirus y le han acusado de eludir su «responsabilidad» sobre estos centros que, a su juicio, se han convertido «en una cárcel y en una tumba colectiva».

Antes estas acusaciones, Iglesias se ha remitido a las declaraciones del consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, en las que calificaba «de inmoral y puede que hasta ilegal la orden del Gobierno de Ayuso de no trasladar ancianos de residencias a hospitales» y ha añadido que el consejero «lamentó que las órdenes se distribuyeran en contra del criterio de su consejería».

“Lo que hizo este Gobierno fue aumentar las competencias de los gobiernos autonómicos y lo que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid fue prohibir, prohibir, en el marco de sus competencias reforzadas, pudiendo intervenir las residencias privadas, prohibir el traslado de ancianos. Y ustedes tienen la poca vergüenza a venir aquí y decir que eso no es competencia de la señora Ayuso cuando su consejero de Políticas Sociales está calificando la actuación de su propio Gobierno como posiblemente ilegal. Creo que en este asunto podrían ustedes ayudar, porque se ha hecho mucho daño”, señaló el vicepresidente.

El documento, publicado por infolibre, es claro con sus criterios:

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Documento del Gobierno de la Comunidad de Madrid donde se indican los criterios para no hospitalizar a ancianos que tuvieran algunas patologías o situaciones de dependencia.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid no es la única que dio indicaciones a las residencias para marcar criterios de exclusión de mayores para que no fuesen derivados al hospital.

Tal y como desvela Julián Macías Tovar, el Gobierno de Feijoó (PP) excluyó la hospitalización de ancianos dependientes con coronavirus. «Me parece muy grave, sobre todo cuando culpan de estas decisiones letales a sus rivales políticos. Deberían hacerse cargo de sus acciones», señala el activista digital.

Macías Tovar señala, además, que en Castilla y León, también gobernada por el PP, las instrucciones de no hospitalizar a los ancianos que viven en residencias, se enviaron desde la consejería de sanidad del Gobierno regional.

«Estos criterios para dejar morir a personas en residencias de ancianos pueden tener un debate desde el punto de vista clínico o ético, pero es totalmente miserable ser el responsable de una situación y culpar a terceros, usando la muerte para sacar rédito político», sentencia el activista.