La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, no solo colocó a su hermana, promocionó a su tío, y fichó al polémico Luis Vázquez exgerente del Instituto Municipal del Suelo que dejó un agujero de casi 700.000 euros en la fundación; ahora también ha contratado a una de sus mejores amigas.

Se trata de Alicia Domínguez Villarino, quien ya ha renunciado al cargo después de que se conociera que es amiga personal de la alcaldesa. Esta mujer, íntima amiga de Posse según reconoce ella misma en sus redes sociales, se ha sumado al listado de fichajes de la alcaldesa de Móstoles. La alcaldesa ha contratado a Alicia Domínguez Villarino como Coordinadora del Gabinete (cargo de confianza) con un salario de 52.000 euros al año.

Esta mujer trabajó como profesora en la Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos especialista en auxiliar de odontología hasta que fue despedida el 9 de junio de 2017.

Extrañas coincidencias

La amiga de Posse coincidió con el exgerente del Instituto Municipal del Suelo (IMS) Luis Vázquez en la Fundación Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), quien recientemente también ha dimitido.

Vázquez presentó su renuncia después ser cuestionado por sus competencias profesionales y por su gestión al frente de la Fundación Clínica Universitaria de la URJC por las enormes pérdidas que estaba acarreando esa fundación, con un agujero de casi 700.000 euros. En este sentido, fuentes de la Universidad confirmaron que se prescindió de Vázquez debido a las pérdidas que acumulaba la entidad sin ánimo de lucro y al «desorbitado» sueldo que percibía que, sumado a los complementos salariales, alcanzaba los 300.000 euros. Además del importe mencionado, el contrato incluía una cláusula de indemnización «elevada», firmada por el anterior rector, Fernando Suárez, aunque se llegó «a un acuerdo» económico extrajudicial de menos dinero. Villarino fue despedida poco después de la salida de Vázquez

Fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER, aseguran que este pacto fue irregular a todas luces. Según estas fuentes el blindaje de un alto cargo de una Fundación contraviene los fines de interés general de la misma, a los que se refiere la ley estatal. Según la normativa, ningún beneficio puede obtener de un pacto complementario que prevé incluso indemnizar en el caso de renuncia voluntaria, sin que a esa obligación de pagar se vincule una mejora de la gestión o una administración más eficiente. El blindaje, por tanto, «carece de causa, más aun cuando en la Fundación la vinculación al interés general obliga a justificar esa nueva obligación».

Con esta ya son cuatro las dimisiones de cargos de confianza en la localidad madrileña en escasas dos semanas.

DEJA UNA RESPUESTA