Después de quince años y tres operadores privados, la residencia de mayores de Boganes, en Noruega, vuelva a ser de gestión municipal. Depende, en concreto de la ciudad de Stavanger.
El residente de 92 años, Gosta Arthur Berntson, llegó aquí hace un año después de que la ciudad volviese a tomar las riendas del centro y 14 años después de que la anterior corporación municipal, integrada por representantes conservadores y centristas, convirtiesen la residencia en un “laboratorio” donde demostrar las bondades de la privatización.
Boganes fue pasando a través de las manos de las poderosas compañías nórdicas Norlandia, Aleris y Attendo que, en Stavanger y en otros puntos del país, consiguieron convencer a un ayuntamiento tras otro para que les cediera la gestión de sus centros.
En el año 2015, esas tres empresas y Unicare, controlaban uno de cada tres centros de Oslo y 25 de los aproximadamente 900 del país. Aunque se suponía que eso era solo el comienzo, el resultado de las elecciones municipales de ese mismo año puso fin a sus sueños. Las coaliciones rojiverdes: socialdemócratas, socialistas, verdes, se impusieron en muchas ciudades del país, incluyendo las que habían firmado contratos con las poderosas compañías, y la promesa de “remunicipalizar” las residencias para mayores de su programa político tuvo lugar en los seis años siguientes.
En julio de 2021 ya solo quedaban cinco residencias de gestión privada en todo el país y la privatización de dos de ellas también pasará a la historia en 2023. Una de las residencias pasará a manos de una asociación sin ánimo de lucro y la otra será controlada por la ciudad.
En Noruega, el país que gasta más del doble de la media europea en la atención de personas mayores, la población de más de 80 años se está disparando y se prevé que se triplicará en 2060, pero las empresas privadas del sector tiran la toalla.
En primer lugar, la multimillonaria empresa sueca Attendo, que gestiona 700 residencias de mayores y que cuenta con 25.000 empleados en Suecia, Finlandia y Dinamarca, hasta ocupar el octavo lugar en Europa por número de camas, ha abandonado el barco. La empresa, que también se ha visto implicada en un escándalo por su gestión del covid, ha llegado a la conclusión de que «no se daban las condiciones necesarias para desarrollar un negocio a largo plazo en el ámbito de la atención a las personas mayores”, tal y como explica el director de Comunicación Andreas Koch.
Uno de sus antiguos competidores, Norlandia Health & Care Group, también manifiesta su preocupación en su informe anual de 2020 señalando que el clima político sigue siendo difícil para los operadores privados.
Magnus Marsdal, del think thank de izquierdas Manifest, ha resumido la postura de las coaliciones rojiverdes respecto a la industria de la asistencia de personas mayores de la siguiente manera: “Es muy raro que hayamos permitido que este cáncer crezca en el corazón del Estado del bienestar. Nadie lo quiere”.
También está contribuyendo a hacer complicado el clima político para los operadores privados la rica comunidad pesquera de las islas Austevol, que eligió como alcalde al conservador Morten Storebo, quien el año pasado, después de años de gestión privada en la residencia, puso fin a la privatización iniciada por su predecesor, del partido liberal (Progress).
Aunque el alcalde no está en contra de la privatización de las residencias, en su opinión, el ayuntamiento ofrecía mejores servicios para los residentes y mejores condiciones de trabajo para el personal.
De hecho, los empleados de la residencia de Austevoll no se hicieron de rogar a la hora de pasar a depender del ayuntamiento y a la hora de recuperar las condiciones de trabajo que habían cambiado desde que pasó a manos de la empresa privada.
Ann Désiree Brekke, cuidadora y representante sindical en la residencia, es consciente de que todo no va a ser perfecto con la gestión municipal y que el aumento de plantilla, rotación de personal y mejora de los turnos son batallas eternas que tendrá que librar.
El teniente de alcalde de Oslo, el laborista Robert Steen, analizaba recientemente el impacto económico de la privatización de un tercio de las residencias de la capital y su conclusión fue que «no se puede decir que la gestión fuese más eficiente”. En cambio, se aplicaron diferentes “medios creativos para recortar gastos”, en especial se redujeron las cotizaciones de jubilación de los empleados.
“Es fácil recortar por ahí sin que los trabajadores se den cuenta, ya que sólo se ven afectados 10, 20 o 30 años después”. “Para entonces, la empresa puede haber desaparecido, pero los empleados pueden convertirse en una carga para la sociedad. Así que lo que el ayuntamiento se ahorra a corto plazo privatizando vuelve, convertido en bumerán, años después, cuando estos ciudadanos pagan menos impuestos o tienen que recurrir a las ayudas sociales”, explica Steen.
En cambio, Riikka Aubert, directora del área de Cuidados de Norlandia-Noruega, considera que las cosas cambiarán. “Estamos orgullosos de nuestra contribución a la innovación y al desarrollo sistemático de la calidad”, señala. Y añade: “Sabemos que las necesidades aumentarán en las próximas décadas y queremos seguir estando presentes”.
Fuente: infoLibre // Traducción: Mariola Moreno
