Mujeres por la abolición

Los vientres de alquiler son un negocio internacional que genera unos “beneficios anuales” de unos 6000 millones de euros.  En el reparto de estos jugosos dividendos participan agencias intermediarias, abogados, clínicas de fertilidad… Se calcula que sólo un 1% de estas ingentes cantidades de dinero llegan a las madres biológicas. No resulta extraño, conociendo estas cifras, el interés de las empresas comercializadoras de mujeres y bebés, porque esta práctica, contraria a los DDHH, sea legalizada en más países, y así poder extender los tentáculos de la industria de la explotación reproductiva, más mujeres explotadas (sobre todo en países pobres) para lograr precios más competitivos, una mayor oferta y, por supuesto, aumentar los beneficios.

 

Tampoco sorprende el interés de los defensores de su legalización por convertirnos a las mujeres en meras incubadoras. Las palabras importan y denotan el interés por deshumanizar a las mujeres, el embarazo, el parto y a los propios bebés. Nos hablan de gestación subrogada, de maternidad por sustitución, de cesión de útero, de técnica de reproducción asistida… La capacidad de dar vida, es exclusiva de las mujeres fértiles.

 

Una capacidad biológica no se puede ceder, porque forma parte de nosotras, no existe sin la mujer en su totalidad. Al igual que no podemos ceder nuestra capacidad visual o auditiva, la reproductiva tampoco. El embarazo y el parto suponen un cambio físico y psicológico que no afecta en exclusiva a nuestro útero, sino a la totalidad de nuestro ser como mujeres.

 

No es una técnica, porque las mujeres no somos un instrumento para que otros consigan su deseo de descendencia que comparta su carga genética. Convierten nuestro cuerpo en un porteador y desarrollador de bebés, para cumplir deseos de terceros. Nos exponen en catálogos, donde indican nuestras cualidades físicas e intelectivas. En definitiva, nos convierten en una mercancía, con excelentes controles de calidad.

 

En su realidad paralela con el afán de expandir su negocio, nos quieren hacer creer que existen millones de mujeres a lo largo del Planeta, que por puro “altruismo” se someterán de forma voluntaria a pasar 9 meses por un embarazo y posterior parto (con una escandalosa tasa de cesáreas por conveniencia de la fecha de nacimiento para los compradores) y experimentar un terremoto de cambios físicos y emocionales.

 

Las agencias de alquiler de úteros hablan de buscar candidatas especialmente preparadas física y psicológicamente. Pero, ¿cómo es posible desprogramar un vínculo natural entre la madre y su bebé, sentirlo dentro de ti, pero saber que no puedes tener sentimientos hacia esa vida que se desarrolla en tu cuerpo?

 

El único interés de los que defienden la regulación “altruista” es facilitar la inscripción de niñas y niños que nazcan en países con modalidad comercial. Reino Unido y Canadá, por poner un ejemplo, son países que han legalizado el alquiler de vientres en su modalidad altruista, lo que no ha impedido, sino más bien lo contrario, que se acuda a terceros países con modalidad comercial, para cubrir “la demanda”. De hecho, tanto en Canadá como en Reino Unido se están planteando un cambio de regulación, para abrir la puerta dentro de sus fronteras a la modalidad comercial.

 

Nos hablan de libre elección. Qué curioso que siempre que quieren justificar la cosificación, la mercantilización y la explotación de la mujer, lo hagan bajo el paraguas de las manidas frases de: ¿y si lo hacen porque quieren?, ¿no son acaso sus cuerpos?

 

Señores y señoras, adalides de la libre elección, ésta no existe cuando hay una desigualdad estructural entre hombres y mujeres, cuando por nacer niña determina tu opresión durante toda tu vida. No hay libertad, cuando las decisiones sobre tu libre albedrío se regulan por un contrato restrictivo de tus derechos.

 

La maternidad es un hecho biológico, cuyas implicaciones físicas y emocionales no pueden estar sujetas a un marco contractual. No utilicéis en vano la proclama feminista: mi cuerpo, mi decisión. Es mi cuerpo y vuestra decisión (previo pago y contrato al efecto).

 

El feminismo lleva siglos luchando porque las mujeres seamos dueñas de nuestro cuerpo. Desde que el mundo es mundo, el Patriarcado quiere poner cortapisas a nuestra libertad sexual y reproductiva. En su versión new age neoliberal, nos quieren contar las bondades de ser libremente explotada (para ser prostituidas u hornos gestantes).

 

Las mujeres víctimas de esta práctica, que son utilizadas como máquinas expendedoras de bebés, tienen su libertad restringida por contrato. Éste establece su sometimiento a dosis inhumanas de hormonas, cuándo pueden o no tener relaciones sexuales, qué han de comer, dónde han de vivir, deben de estar localizadas en todo momento, en caso de existir un embarazo múltiple son los contratadores los que deciden, también son ellos los que deciden si ha de abortar o no, así como si el parto será por cesárea.

 

Pensemos en la realidad de la maternidad en España. Tenemos uno de los índices de maternidad más bajos de Europa (7.9 nacimientos por cada 1000 habitantes). La edad media de las mujeres que fueron madres durante el 2018 fue de 32.2 años.

 

Teniendo en cuenta la propuesta de ley de Ciudadanos, que establece que las voluntarias tienen que ser mayores de 25 años, ya haber sido madres con anterioridad, ser españolas o residentes legales en España y disponer de estabilidad económica, ¿Dónde está la ingente masa enfervorecida de mujeres deseosas de parir para terceros? Señores y señoras defensores de la “voluntariedad”, no existen mujeres suficientes para cubrir sus demandas. Con lo que, inevitablemente, se acabaría recurriendo a terceros países, donde los derechos e igualdad de las mujeres no están precisamente garantizados y donde la supervivencia está por encima de cualquier otra decisión.

 

Para aquellos que defienden que sólo mediante la legalización se acabarían los abusos, cabe destacar los casos de la India, donde finalmente se prohibió para ciudadanos extranjeros, Ucrania, la clínica Biotexcom investigada por la fiscalía del país por presuntos delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas y evasión de impuestos, y más recientemente Grecia, donde se ha desmantelado una red de tráfico de óvulos, adopción ilegal y blanqueo.

 

Ya sea en su modalidad altruista o comercial, la legalización no ha conseguido proteger a las mujeres ni a los bebés, sino favorecer la creación de redes de explotación y trata de seres humanos. La forma de combatir la explotación y la esclavitud no es darles un marco legal, sino la prohibición global de las mismas. A los que hablan de que es una realidad que existe y por tanto hay que regularla, no les falta razón, es una realidad que existe y la regulación adecuada para la misma, es la prohibición en el ámbito internacional.

En definitiva, la legalización de los vientres de alquiler busca crear una subcategoría de mujeres: las reproductoras para terceros. Los deseos de quien pueden pagarlos prevalecen sobre los derechos humanos de estas mujeres. Pierden su humanidad, para convertirse en parte del engranaje de una industria muy próspera: los bebés por encargo. Sólo importa que los clientes queden satisfechos. Las mujeres y las niñas y niños, se convierten en máquina de producción y producto respectivamente. No es una distopía, no es ciencia ficción. Se llama Patriarcado, se llama liberalismo, se llama explotación reproductiva.  Son los vientres de alquiler.

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